D.F. por Siempre!
Un 10 de octubre de 1913
La traición supone una cobardía
y una depravación detestable.
Paul Henri Dietrich
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
La abyección inherente a la personalidad carroñera de Victoriano Huerta encuentra su más acabada pieza argumentativa en el decreto de disolución del Poder Legislativo del 10 de octubre de 1913. Tras la sanguinolenta cauda de asesinatos iniciados con el sacrificio del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, en febrero de ese año —a los que siguieron distinguidos legisladores y abiertos opositores a la usurpación huertista—, el golpista acorralado por un Legislativo exacerbado ante la desaparición del senador Belisario Domínguez, determina concluir su felonía ordenando la desaparición de la representación popular y federal.
Para sustentar ese cometido, Huerta no dudó en acusar a la Cámara de haberse convertido en “el peor enemigo del Ejecutivo”, así como de arrogarse “atribuciones de juez de instrucción para investigar supuestos delitos del fuero común”, refiriéndose con ello a la moción aprobada en la Cámara de Diputados por el grupo Renovador en la sesión del 9 de octubre, por la que se constituyó una Comisión Legislativa conformada por los diputados Ostos, Martínez Rojas y Aquiles Elorduy, a quienes se comisionó para que “practiquen todas las investigaciones que sean necesarias a fin de averiguar el paradero del senador Domínguez”.
Tal desacato del Legislativo detona la ira del vengativo Huerta, hasta el paroxismo de afirmar que la “Cámara es decididamente disolvente y revolucionaria”, y que ante la “obra antipatriótica de los señores miembros del Poder Legislativo”, decreta “disueltas desde este momento e inhabilitadas para ejercer sus funciones las cámaras de Diputados y Senadores de la Legislatura del Congreso de la Unión. En consecuencia cualquiera acto y disposición de dicho Cuerpo Legislativo serán nulos y no podrán recibir la sanción del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos”.
Tocó el turno al espurio titular de Gobernación, Manuel Garza Aldape, de ejecutar la perfidia y, para tal efecto, se hace acompañar de los integrantes del 29 Batallón de Infantería, al mando del sanguinario general Aureliano Blanquet, quien sin recato alguno viola el recinto legislativo, tomando “la plaza”, facilitándole así al “heraldo” del disoluto dictador la entrega al diputado José María de la Garza, presidente de la Cámara, del soez decreto de disolución.
Al término de la lectura del libelo, la presidencia da por terminada la Legislatura, y el esbirro Blanquet aprehende a 84 de los 110 diputados presentes, los cuales son llevados a la prisión de Lecumberri. En tanto, los afines al dictador declaran en la Cámara de Senadores la disolución de la XXVI Legislatura Federal.
Parafraseando a Dietrich, con tan detestables depravación, traición y cobardía, El Chacal Victoriano Huerta pretendió consumar su felonía, argumentando que la disolución del Congreso “salvó a la Patria”, ensangrentada y denigrada por su usurpación y no por el Poder Legislativo al que liquidó.