Durante el 2008 y 2011, el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovisste), avaló ilegalmente cuatro mil 846 créditos por medio de acuerdos fraudulentos entre burócratas para que el beneficiario recibiera más recursos que los que les correspondían por sus ingresos.
Así lo evidencia oficios internos del Fovisste obtenidos vía transparencia por el diario el “Universal”, los créditos se autorizaron hasta por el doble de sus ingresos salariales.
El modus operandi se basó en que para obtener un crédito mayor, personal de Fovisste aumentó ilegalmente el ingreso de cada uno de los trabajadores que incurrieron en dicha práctica. Y a cambio éstos pagaron 105 del excedente del crédito.
Dicho fraude le significó cifras extraoficiales, mil 500 millones de pesos.
El fraude entre burócratas fue identificado por la Secretaría de la Función Pública en 2011, según consta en actas oficiales y comunicaciones entre alto directivos del Instituto que fueron obligados a negociar crédito por crédito hasta evitar el daño patrimonial, la renegociación de los miles de contratos se resolvieron, según los oficios, de manera sencilla, y otros con amenaza de denuncia penal por medio.
Dicha propuesta aunque era ilegal era atractiva, el funcionario ofrecía “equivocarse” en la captura del salario del trabajdor para beneficiarlo con un crédito muy por encima de sus expectativas, que no pagaría, pues por ley, sólo se puede descontar hasta 30% del salario del empleado.
La asesoría, incluía contactar al trabajador con una constructora que tuviera proyectos habitacionales avanzados (la norma del Fondo pide un avance mínimo de construcción de 50% de una casa o departamento para tramitar el préstamo y en cuestión de semanas la porpiedad estaba a sus nombre.
Pero no era todo, la inmobiliaria o constructora alteraría también el avaluó para que con el mismo préstamo se pagaran escrituras y trámites y el trabajador no desembolsara más dinero que el que se entregaba en efectivo al empleado del Fovissste
La Secretaría de la Función Pública auditó en 2008 al Fovisste y ahí conocieron los créditos otorgados con base en datos erróneos respecto a la capacidad de pago de los acreditados.
Tal situación provocó que el descuento previsto en la ley al salario de los trabajadores para el pago de su vivienda fuera insuficiente para amortizar el crédito otorgado, el cual lo generó el riesgo de daño patrimonial al ISSSTE.