Después de darse a conocer el memorándum en donde el gobierno federal se compromete a dar una pensión vitalicia a mil 400 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) —de los 16 mil trabajadores que no han sido liquidados de la extinta Luz y Fuerza del Centro—, diputados del PAN y PRD exigen que el Gobierno explique qué fundamento legal tiene para haber tomado la decisión de entregar 15 mil pesos mensuales a un grupo de trabajadores que se negó a recibir sus indemnizaciones.
Fernando Zárate, diputado del PRD, indicó que si bien el acuerdo parece ser el reconocimiento de que hubo una injusticia con quienes se quedaron sin trabajo por la disolución de Luz y Fuerza del Centro, tampoco debería haber becas vitalicias, “se dan becas vitalicias y no se opta por opciones productivas, hacer que esas personas hagan algo, que tengan su trabajo que perdieron“, criticó el perredista.
Por otro lado, el memorándum indica que solo entrarán en este esquema de pensión quienes al 10 de octubre de 2009 — fecha en que fue desaparecida la empresa — hayan tenido la antigüedad necesaria para ser pensionados, explicó Martín Esparza, líder del SME, en conferencia de prensa junto con autoridades de la Secretaría de Gobernación.
Esta propuesta del gobierno será discutida el próximo viernes – fecha en que se cumplen cuatro años de la extinción de la paraestatal – entre los agremiados, y en caso de ser aceptada se le notificará al gobierno federal, así lo aseguró el líder del SME.
El 10 de octubre de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón, decretó extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro a partir del primer minuto del día 11 de octubre, con el argumento de que el gasto en la paraestatal cada vez era mayor para el Estado y que esto no se reflejaba en un buen servicio, a diferencia de los buenos resultados que, dijo, daba la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esparza dijo que en el nuevo esquema de pensiones, los trabajadores recibirán en promedio 500 pesos diarios, 15 mil pesos al mes; en total el gobierno erogará un total de 21 millones de pesos mensuales para el pago de pensiones.
En tanto, La Secretaría de Gobernación no aclaró si las aportaciones mencionadas en el memorándum serán suficientes para cubrir los montos.
El siguiente paso para terminar con el proceso de liquidación de los 14 mil 600 empleados que restan, explicó Esparza, será definir en las mesas de trabajo con el gobierno federal si éstos son contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) – actual encargada del suministro eléctrico del país – o forman una empresa nueva que dote de este servicio a los estados del centro.
Tras la desaparición de la CLyFC, los empleados que decidieron no aceptar su liquidación iniciaron una serie de marchas, un plantón en el Zócalo capitalino, huelgas de hambre y querellas legales que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir al gobierno de Calderón que se desistiera de la extinción.
El próximo viernes 10, fecha en que se cumplen cuatro años de la extinción de Luz y Fuerza, volantearán para informar que las premisas que llevaron a la desaparición de la empresa, como bajar las tarifa de luz y mejorar el servicio, que prometió el gobierno de Felipe Calderón, no se cumplieron.
También realizarán una asamblea en el auditorio del SME para debatir y hacer un balance del movimiento y la discusión del convenio firmado con Gobernación.
