Javier Corral, senador panista, presentó una iniciativa de reformas que se prevé evitar el enriquecimiento de senadores y diputados por su labor legislativa, sobre todo en el ámbito del cabildeo que hacen diversas empresas y consorcios ante el Congreso de la Unión.
“Los diputados y senadores deberán tener una actuación desinteresada y transparente, para evitar influencias indebidas que afecten el cumplimiento de sus deberes en contravención a lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, se indica en propuesta.
La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara alta obligaría a que “cada senador hará público e monto de las asignaciones económicas recibidas, distintas a su dieta y justificará su buen uso y destino, rendición de cuentas que formará parte del informe del grupo parlamentario señalado en el numeral anterior y por tanto será accesible a todo el público”.
La reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos propone, además, establecer lo que se entiende por conflicto de intereses y económico respectivamente, así como lo que no estaría considerado como conflicto de intereses.
El legislador plantea que “conflicto de interés incluye la posibilidad de obtener un beneficio directo cuando se obtiene en la persona del legislador o bien un interés indirecto, como sería el caso de beneficiar su cónyuge, concubina o concubinario, familiares en línea recta o colaterales hasta el tercer grado”.
Se debe reconocer que “en el ejercicio de nuestra función de representar políticamente a los ciudadanos o los intereses colectivos de nuestras entidades federativas, no podría considerarse como un conflicto las gestiones que se realizan para beneficio de intereses públicos, sociales o gremiales”.
“Asimismo aquellos legisladores que se encuentren o crean encontrase en un conflicto de interés tendrán la obligación de excusarse, absteniéndose de votar, y notificarlo a la Junta de Coordinación Política para que se realicen, en su caso, las modificaciones en la integración de la Comisión”, se añade.
La iniciativa propone que los legisladores no obtengan beneficios económicos indebidos en la realización de sus funciones de representación política o bien, lleven a cabo actos contra los intereses de la Cámara a la que pertenezcan o del Congreso de la Unión, salvo que se trate de la defensa de intereses personales.
Asimismo se establece la obligación para que los grupos legislativos de la Cámara baja y a los diputados que la conforman, informen mensualmente sobre el uso y destino de los recursos con los que cuentan.
También han de informar semestralmente a la Contraloría Interna de la Cámara, para que efectué las auditorías correspondientes.
Corral Jurado añade que los diputados independientes o que no forman parte de un grupo legislativo, también tengan la obligación de informar mensualmente y a la Contraloría Interna sobre el uso y destino de los recursos públicos; que no se entienda que la previsión será exclusiva de los diputados incorporados a un grupo legislativo.
La finalidad es “garantizar el máximo principio de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos que obtiene los grupos parlamentarios.
“No hay argumento que valga para ocultar información de los montos transferidos a los grupos parlamentarios, ni mucho menos sobre la forma en que fueron usados los recursos de la hacienda pública”, detalla la iniciativa.
“A fin de evitar que los grupos parlamentarios pretendan ocultar el ejercicio de los recursos públicos en la dispersión de los mismos entre los senadores de su grupo parlamentario, es importante establecer que estos deberán informar a detalle en qué y cómo fueron utilizados los recursos recibidos, distintos a los de su dieta”, añade.