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No es asunto de macanas y gases lacrimógenos
Manuel Espino
Así como en los conflictos bélicos se habla de una “neblina de la guerra” que impide ver con claridad el desarrollo de las acciones y dificulta el actuar de los estrategas, actualmente alrededor de las manifestaciones políticas existe una “neblina jurídica” que pone en riesgo tanto a autoridades como ciudadanos.
Esta tara de nuestro marco legal ha sido exacerbada y llevada al límite por las agresivas protestas realizadas en la ciudad de México por maestros disidentes, en una ofensiva que ya va para el medio año.
Del tradicional cierre de calles se llegó a la violencia contra policías y ahora se ha caído en el robo y la extorsión contra comerciantes y transeúntes en los alrededores del plantón que actualmente sostienen los maestros en la plancha del Monumento a la Revolución.
Lo que antes era una zona altamente turística se ha convertido en un albañal y en un punto de alto riesgo delictivo. Se han multiplicado las denuncias por asaltos y robos en los alrededores; maestros han llegado al extremo de consumir alimentos y bebidas alcohólicas en restaurantes del lugar, negándose a pagar con el argumento de que son “donaciones al movimiento”.
Han bloqueado supermercados y anunciaron que golpearán a la iniciativa privada haciendo tomas de bancos y centros comerciales. El Gobierno de la ciudad de México ha optado no por controlar a los disidentes, sino por ofrecer a los negocios afectados apoyos fiscales y préstamos (como si lo que necesitaran fuera endeudarse).
El argumento del Gobierno del Distrito Federal es que se trata de un problema que no se generó en su jurisdicción y que por lo tanto corresponde a otras autoridades solucionarlo.
Esta situación se replica en varias entidades, donde los alcaldes de las capitales estatales enfrentan situaciones que los rebasan y sólo las atienden con débiles paliativos, invocando la intervención de los gobernadores o el gobierno de la república.
En estas circunstancias, y previendo que las manifestaciones serán la constante de este sexenio, es urgente vigorizar el marco jurídico en todas las entidades federativas para indicar con claridad los límites del derecho a la manifestación política, así como las autoridades responsables de hacer respetar dichos límites.
No se trata de “criminalizar la protesta ciudadana”, sino todo lo contrario, pues han sido los mismos manifestantes quienes la han vuelto criminal con sus acciones. Se trata de enmarcarla jurídicamente, para evitar excesos tanto de la autoridad como de quienes expresan legítimamente sus demandas.
Además, contar con claridad evitaría actos de violencia como los que padecieron los maestros a manos de comerciantes de Tepito, quienes al verlos bloquear el acceso a sus comercios los agredieron físicamente.
No se trata de lanzar policías contra los manifestantes. No es asunto de macanas y gases lacrimógenos, sino de aclarar lo que dice la ley y definir la autoridad que la debe respaldar.
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