Niños migrantes no acompañados

Nora Rodríguez Aceves

Quería ir a Estados Unidos para conocer, y ver a mi papá y tres hermanos que viven allá desde hace siete años, mi papá me engañó, me dijo que el viaje no era peligroso, que era corto, que lo más difícil era caminar tres días en el desierto de México para llegar a Estados Unidos. Pero jamás imaginé lo peligroso y cansado que iba a ser. [Julio, 23 de agosto de 2011].

Julio es un adolescente de 16 años, originario de Quito, Ecuador, vivía con su madre y su hermana, y salió de su país con la ilusión de juntarse con su padre y tres hermanos que viven en Estados Unidos desde hace siete años.

Sin imaginar lo que le esperaba en territorio mexicano, cruzó México por la frontera de Gracias a Dios, Huhuetenango, Carmen Xhán, Chiapas, junto con un primo, tres amigas y dos amigos. Sin embargo, no llegó muy lejos, pues las autoridades lo detuvieron durante una semana en una garita migratoria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde —relata— “las condiciones eran pésimas, era muy pequeño, había mucha gente y la comida era muy mala”.

Después de este tiempo en la garita de San Cristóbal, el ecuatoriano fue trasladado a la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, donde permaneció tres semanas más. Durante su estancia en esta estación migratoria, Julio fue instalado en el área de jóvenes y lo único que sabía era que iba a ser deportado, con lo cual estaba siendo violado su derecho a un debido proceso: ser informado de los motivos y razones de su detención, y sobre sus derechos y asistencia consular.

Pasaron tres largos meses, llenos de irregularidades y de pasarla mal, desde que Julio salió de su casa, llegó a México y fue asegurado y repatriado a su país de origen, Ecuador.

El caso de Julio es uno de los pocos que se pueden documentar gracias a la labor que hacen las organizaciones no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, ya que —así como él— miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados todos los años se arriesgan a cruzar territorio mexicano con la esperanza de llegar sanos y salvos a la frontera de Estados Unidos.

Aun cuando, en una gran mayoría de los casos, la ilusión y el deseo de reencontrarse con sus familiares; la búsqueda de oportunidades laborales y educativas para mejorar su nivel de vida; o la urgencia de escapar de situaciones de abuso o abandono familiar, de la violencia social o institucional, mueve a los NNA a correr esta aventura tan peligrosa y llena de sinsabores, estos sentimientos se desvanecen conforme se adentran en territorio mexicano y viven la cruel realidad de sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos.

Los niños y niñas migrantes sin compañía pueden sufrir accidentes como asfixia, deshidratación, heridas; ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o hasta perder la vida en el momento del tránsito y cruce.

Además, para la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estos niños se “encuentran en un estado permanente de violación de derechos ya que, además de los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, los cuales frenan sus posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no disfrutan de los derechos básicos como la alimentación, la salud, vivir en familia, educación, entre otros”.

No obstante, lo que muestran las cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración es que el flujo de menores migrantes no acompañados va en aumento, ya que tan sólo en lo que va de este año, 2013, las autoridades han logrado rescatar a 5 mil 970 NNA de origen centroamericano, mientras que en 2012 la cifra fue de 5 mil 958 niños, niñas y adolescentes extranjeros que viajaban en condiciones de alto riesgo, al ser susceptibles de trata laboral, abuso sexual o para ser entregados a familias diferentes a la suya.

De acuerdo con estudios realizados por la Unicef, “en los últimos años, los controles migratorios en la frontera de Estados Unidos se han recrudecido. El desvío de flujos migratorios a zonas más inseguras para evitar dichos controles y la contratación más frecuente de traficantes de personas, pone en peligro la vida de los migrantes indocumentados, especialmente la de los niños y las niñas”.
Entrevista a Angélica de la Peña/Senadora de la República por el PRD

 

La iniciativa Frontera Norte de México, en voz de Silvia Esmeralda Flores, el pasado 10 de octubre denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “la niñez y adolescencia migrantes se enfrentaban a condiciones climáticas extremas y riesgos inminentes desde su lugar de origen hasta su destino, como es el caso de los menores de circuitos, denominados así por el Sistema DIF”.

“Estos menores son utilizados por la delincuencia organizada para realizar actividades de tráfico de personas o drogas, que al ser detenidos en Estados Unidos en ocasiones son utilizados como testigos protegidos de cargo; y una vez terminadas las investigaciones penales correspondientes y terminada su participación, son simplemente retornados a México, poniendo en riesgo su vida, ya que pueden llegar a tener represalias en las redes de crímenes en las que participaban.”

“De esta manera se viola lo que es el principio a la no devolución de la niñez migrante.”

En este sentido, Angélica de la Peña, senadora del PRD afirma “eso no se debe permitir. El tema que abordó la CIDH en nuestro país en esta sesión, a principios de octubre, es muy importante y trascendental porque está tomando en consideración uno de los asuntos de mayor preocupación en los últimos años, sobre todo por el endurecimiento que hay de la frontera de Estados Unidos con México, por este gran muro que ya están construyendo y por toda la policía y los soldados que seguramente vendrán de Afganistán y que los ocuparán a lo largo de la frontera con México”.

Por eso, “será emblemático todo lo que resuelva la Corte Interamericana porque permitirá tener elementos de tipo jurídico desde el derecho internacional para abordar este problema de manera integral, de manera global, en el continente americano, pero no solamente será importante en el ámbito interamericano, también lo será en el marco de la Organización de Estados Americanos y sobretodo en el ámbito de Naciones Unidas porque el problema seguirá creciendo, el problema de pobreza que tienen los países está expulsando a familias enteras para buscar mejores condiciones de vida; es real, ahí está, y no hay ahora…, por lo menos en los próximos años, no se avizora la posibilidad real desde el punto de vista económico para que esa situación cambie”.

 

Privilegiar los derechos humanos

Por lo tanto, “ese tema es de una gran envergadura en la discusión en nuestro países; en el caso mexicano, para que la revisión de la ley tenga este enfoque de derechos humanos y, por supuesto, en todo caso la protección irrestricta a quienes son menores de edad para que no se les revictimice y mucho menos permitir que haya alguna intención de criminalizarlos”.

“Si va un chico de testigo, tiene que ser un testigo protegido, hasta cambiarle el nombre, la familia, totalmente la vida, para que no pueda ser objeto de que las bandas lo encuentren y lo maten o maten a su familia. Estamos frente a un problema grave y hay que actuar con mucha responsabilidad y, sobre todo, no permitir que quienes están en una situación más endeble por ser personas pequeñas, menores de edad que no están acompañadas por un adulto, sean utilizadas; eso va en contra de la Convención sobre Derechos de la Niñez, no puede utilizarse —desde el punto de vista jurisdiccional— a una persona menor de edad que no va acompañada por sus padres. Pero Estados Unidos —recordemos— no ha firmado, es el único país que no ha aprobado la Convención sobre Derechos de la Niñez; pero el que le digamos esto a ellos ni les viene ni les va, porque no tienen ninguna obligación con la convención, pero nosotros en México sí, entonces lo que tenemos que hacer es cumplir con la Convención sobre Derechos de la Niñez para proteger irrestrictamente de todas las formas de riesgo y vulnerabilidad en las que se encuentren las personas menores de 18 años de edad cuanto más si están en una situación de no acompañamiento”.

La Secretaria de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado explica que “cuando hay niños o niñas migrantes no acompañados, que son personas menores de 18 años de edad, casi siempre o son atendidos en refugios especiales o inmediatamente se ponen a disposición del DIF para que se puedan obtener los datos de en dónde se encuentran sus familiares y hacer los trámites con los respectivos consulados, esto ya está inscrito en los preceptos de ley”.

 

Grupos vulnerables

Sin embargo, “todavía hacen falta muchas acciones y decisiones por parte de los gobiernos para garantizar que estas niñas y estos niños estén debidamente protegidos, porque por desgracia a veces el no dar una respuesta inmediata permite que haya una situación que los pone en riesgo para ser cooptados por la delincuencia organizada. Cuando pasan, por ejemplo, la frontera sur de México hay que tomar en cuenta que está considerada de alto riesgo por muchas situaciones. Primero, porque no está debidamente vigilada; segundo, porque no hay una organicidad que pueda funcionar de manera real y objetiva para saber quiénes son, quiénes entran o quiénes salen del país, situación que por los distintos puntos que se tiene de penetración al país tiene muchas deficiencias y permite que haya muchas situaciones de vulnerabilidad y riesgo, sobre todo para las personas pequeñas”.

Por eso “necesitamos tomar medidas desde el ámbito de las políticas públicas para que inmediatamente que se detecte que pasa una niña o un niño que no está acompañado inmediatamente pueda ser atendido, pero no criminalizado, porque si las autoridades lo que hacen es tomar a estos niños y a estas niñas y, literalmente, encarcelarlos o privarlos de su libertad, amenazarlos —qué sé yo—, obviamente los niños regresará a sus países y volverán a hacer lo mismo, porque el problema de fondo no se resuelve”.

“Lo que hay que hacer son políticas públicas más humanizadas, que tomen en consideración que se está ante personas de carne y hueso, personas que tienen un nombre, que tienen una nacionalidad, que están buscando a su familia, que están huyendo de la violencia o que están en una situación de abandono. Cualquiera que sea la circunstancia tiene que ser atendido como una personas que requiere ayuda y eso quiere decir que tú le estás dando un enfoque totalmente distinto porque hay una preocupación real, pero además una ocupación por parte de la autoridad que —insisto, reitero— se ocupa de atender el problema de esa persona con nombre y apellido; no es un número, no es una cosa, no es un problema, no es una circunstancia que te olvidas de ella y no te importa, sino que te preocupa y te ocupa para que puedas atender su problemática. Y ése es el enfoque que hay que dar a las políticas de migración para poder también dar una respuesta desde este enfoque de derechos humanos, esto es, hay que atender a esas personas en su situación y evitar que sigan esta inercia de caminar por rutas que son de gran riesgo y que van a terminar en no sé dónde”.

Lo único que yo podría decir “es que en lo que revisamos la ley, en lo que perfeccionamos la ley, ya con lo que dice la ley es suficiente para que las autoridades procedan, ya tienen preceptos desde el derecho internacional a partir de la Convención sobre Derechos de la Niñez y sus protocolos para que protejan a las personas menores de edad de manera correcta, porque al estar en una situación de no acompañamiento de una persona que los cuide, que los proteja, por supuesto que están corriendo gravísimos riesgos”.