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Lo que erosiona la actividad política
Alejandro Zapata Perogordo
Uno de los deportes más populares en nuestro país, que comúnmente se practica con mucha destreza en la clase política, es el arte de la difamación, la cual se utiliza certeramente en todo momento y sin recato alguno.
Esta práctica tan arraigada ha incursionado profundamente en el cotidiano quehacer público. La consecuencia consiste en que ha erosionado la actividad política, que no sólo a los políticos.
Cuando ello ocurre, es motivo de preocupación, pues el objetivo de la política se encamina al estudio y la práctica del bien común; es la columna vertebral que sostiene la estabilidad, armonía y desarrollo de las naciones. A quienes ejercen esta actividad se les considera personas privilegiadas, sin embargo, cuando abren la puerta a la difamación, a golpear por golpear, a descalificar con acusaciones sin fundamento, a destruir al enemigo con infamias y a fincarle responsabilidades por acciones, a sabiendas que no las hizo, total: en política todo se vale, se denigra y pierde toda seriedad.
El ilustre tribuno don Ponciano Arriaga acuñó una frase que dice: “Los derechos del hombre deben ser escuchados y reconocidos en el templo de las leyes y formar parte de la Constitución del pueblo”. Con gran sabiduría remite precisamente a donde se tiene la encomienda de hacer la verdadera política: al Congreso. Le atañe a los legisladores no únicamente realizar leyes justas, sino además, acatarlas, sin prejuicios y con el ejemplo. Hizo esos señalamientos porque también le correspondió tomar la defensa de funcionarios públicos a quienes injustamente se les fincó procedimientos para destituirlos de su cargo, por razones eminentemente políticas.
El país requiere en estos momentos de políticos serios, con visión de Estado, de demócratas que estén dispuestos a consolidar las instituciones, también a denunciar con elementos objetivos y valor a aquellas cuestiones ilegales, sin caer en maniobras pérfidas estimuladas por notas periodísticas anónimas que acorrientan la actividad política, y sirven como meros distractores, para gozo de quienes disfrutan lo superfluo, lo banal, lo anecdótico y el escándalo.
Si queremos cambiar México, debemos comenzar por transformarnos nosotros mismos, para no sucumbir en las prácticas de la autodestrucción de la política. Quienes estamos inmersos en actividad política tenemos la responsabilidad de crear condiciones de libertades en un régimen de leyes, donde impere el Estado de derecho y se respeten las normas de conducta que nos hayamos impuesto, y eso aplica particular y principalmente a quienes ocupan posiciones públicas, quienes con frecuencia caen en los protagonismos devaluando y degradando la política, alejando cada vez más a la sociedad de la función pública, sumiéndola en el hartazgo.
Viene a colación un párrafo escrito por Mario Vargas Llosa, donde hace reflexión al respecto, en el libro La civilización del espectáculo (Alfaguara, p. 141), que afirma: “Es esta actitud pesimista y cínica, no la extendida corrupción, la que puede efectivamente acabar con las democracias liberales, convirtiéndolas en un cascarón vacío de sustancia y verdad… Cuando secciones considerables de una sociedad devastada por la inconsecuencia, sucumben al catastrofismo y la anomia cívica, el campo queda libre para los lobos y las hienas”.
El servir al Estado mexicano debe convertirse en un espacio codiciado, no por lo que pueda obtener en el aspecto material, pues debe ubicarse en la honrosa medianía, sino porque el destino a construir es merecer el respeto y contribuir conscientemente al progreso de la nación.
Cambiar la forma de hacer política es también cambiar el país, desterrar la acusación sin fundamento, evitar la difamación y dar paso a la crítica argumentativa seria, con ética y valores; son elementos indispensables para fincar un horizonte con aliento de largo alcance.