¡VIVA LA DISCREPANCIA!

 

Patología crónica en derechos humanos

Raúl Jiménez Vázquez

México acaba de ser designado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cargo cuya duración será de 2014 a 2016, más una posible reelección por un periodo análogo. Tal distinción, sin embargo, contrasta significativamente con las 176 observaciones en materia de derechos humanos que recientemente le fueron fincadas en el seno del mecanismo supranacional de la Evaluación Periódica Universal, referidas a irregularidades cuyo número, diversidad y extensión a lo largo y ancho del aparato gubernamental hacen pensar que nos hallamos en presencia de una patología de carácter crónico o sistemático.

Uno de esos puntos críticos es el relativo a las desapariciones forzadas, rubro al que la importante organización no gubernamental Human Rights Watch le ha puesto el ojo, tal como puede apreciarse en el reciente informe titulado Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada, donde queda perfectamente claro que durante la guerra antinarco de Felipe Calderón este crimen de lesa humanidad fue perpetrado en forma generalizada por miembros de las Fuerza Armadas, por lo que igualmente se está exigiendo al Estado mexicano que indague con todo rigor y seriedad el destino de los desaparecidos.

Las torturas, ejecuciones extrajudiciales, allanamientos de morada, incomunicaciones y detenciones arbitrarias son otra fuente de ataques a granel de los derechos fundamentales que causó una fuerte preocupación entre los personeros de los países que intervinieron en la evaluación de hace unas semanas, a quienes también conmovió la prevalencia en el ámbito penal de la inefable práctica de la fabricación de culpables.

 

Desplegada en su tiempo como infame arma política en contra de Raúl Álvarez Garín, Félix Hernández Gamundi y otros líderes históricos del movimiento estudiantil de 1968, quienes fueron sometidos a un proceso criminal definitivamente apócrifo, en tiempos recientes la fabricación de culpables ha sido maximizada en aras de agredir brutalmente el proyecto de vida de personas primigeniamente inocentes. De ello hablan con suma elocuencia los emblemáticos casos de Héctor Galindo Gochicoa y otros activistas de Atenco, y de José Antonio Zúñiga, Toño, del documental Presunto culpable.

Puede decirse lo mismo en relación con las extremadamente burdas acusaciones fraguadas en contra del prestigiado y digno general de tres estrellas Tomás Ángeles Dauahare y de Alberto Patishtán, profesor de la etnia tzotzil a quien le imputaron los crímenes cometidos por paramilitares en la refriega sucedida en el municipio de El Bosque, Chiapas.

Todo ello pinta de cuerpo entero un sistema de justicia genuinamente podrido y solapador de las prácticas más viles de depredación de la dignidad humana, razón por la que es válido concluir que nuestras autoridades, sin pudor alguno, son candil de la calle y obscuridad de la casa.