Durante el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la situación de los derechos humanos en México ha dado “pocas señales de mejorar” pues aunque ha habido algunos avances en términos legales, éstos no han logrado tener ninguna incidencia en la realidad, señaló Amnistía Internacional (AI).
Por medio de un comunicado, la organización lamentó que “los avances positivos como la publicación de la Ley General de Víctimas, la creación de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Procuraduría General de la República y el anuncio de un Programa Nacional de Derechos Humanos no han tenido impacto real en la situación en el país”.
Después de que Human Rights Watch y la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) dieran a conocer en esta semana sus balances críticos del primer año de la administración de Peña Nieto, AI se sumó a ellos al afirmar que en 2013 “abusos graves como desapariciones forzadas, feminicidios, abusos contra personas migrantes y ataques contra personas defensores de derechos humanos y periodistas han continuado, amparados por la impunidad”.
Además, indicó que los casos de brutalidad policiaca contra manifestantes y las detenciones arbitrarias han ido en aumento -pese a que el mexiquense se comprometió a finalizar la epidemia de violencia y abusos de derechos humanos del sexenio de Felipe Calderón- y siguen sin darse pasos ciertos para modificar la estrategia de seguridad de la administración anterior.
“Poner fin a los graves abusos a los derechos humanos y a la escandalosa impunidad para quienes los cometen requiere un liderazgo fuerte, voluntad política, acciones coordinadas, recursos adecuados y un dialogo efectivo con la sociedad civil. Estos elementos han estado evidentemente ausentes de la agenda política”, afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
El colectivo con sede en Londres subrayó que a pesar de los anuncios públicos hechos desde el inicio del actual gobierno, de compromiso con los derechos humanos, la actual administración “ha fallado en demostrar que los derechos humanos son su prioridad, y que por el contrario, parecería que más bien constituyen una cuestión accesoria limitada a compromisos que no se traducen en acciones efectivas”.
En octubre pasado, recordó Amnistía, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo al gobierno mexicano una serie de recomendaciones que contribuirían a mitigar esta grave crisis de derechos humanos, pero las autoridades nacionales anunciaron que será en marzo próximo que se dará a conocer cuáles de estas recomendaciones serán tomadas en cuenta.
Anuncios como ese “ponen de manifiesto el bajo grado de prioridad que para la actual administración tiene el cumplir su compromiso de poner fin a los abusos contra los derechos humanos, prioridad que claramente está desfasada de la actual crisis de derechos humanos a la que se enfrenta el país”, destacó AI.
“La actual administración ha dejado pasar numerosas oportunidades para demostrar su compromiso. La sociedad mexicana, y en especial las víctimas no esperarán por siempre, si la actual administración aspira a restablecer la confianza en que cumplirá sus compromisos, debe tomar medidas inmediatamente”, declaró Quiroz.