POLÍTICA Y GOBIERNO

 

¿Todos son criminales?

Jorge Carrillo Olea

 

Grave error el condenar sin juicio. Las más elementales reglas de la razón implican prudencia antes de dictaminar. Ese error que es propio del hombre es inadmisible en las instituciones. Lleva implícita una alta posibilidad de injusticia y, como todo error, un costo político trascendente.

Pareciera que el yerro de Calderón de golpear el avispero sin un diagnóstico y menos con pronóstico, pudiera ya haberse cometido en esta administración. Se trata de actos que son punibles ante el derecho formal y que sí, fueron cometidos por ciudadanos que han acudido a las armas al “ejercer violencia para reclamar sus derechos”, violando el artículo 17 constitucional y que inmediatamente fue calificado como criminal.  

Desde el momento de su aparición y sin tratar de entender sus motivaciones, el gobierno criminalizó a las entonces llamadas policías ciudadanas o guardias comunales. No hubo la reflexión para buscar la razón, los porqués, a lo que está obligado doctrinalmente un gobierno.

Las guardias son terriblemente complejas en su composición y en su propósito. Las hay que son verdaderamente bandas criminales, hasta las de nobles ciudadanos en busca de seguridad para sus familias. Pero no, el gobierno opinó sin reflexión y catalogó a todas como “violadoras de la ley, como anticonstitucionales” y por ello sujetos de persecución.

 Empieza a ser tarde para considerar que estas organizaciones sociales, que lo son irremediablemente, demandan especificidad y una atención prioritaria a sus dolores, siempre olvidados, siempre postergados.

Hasta filosófico resulta el tema de los guardias comunitarios. ¿A quién corresponde el monopolio de la fuerza? ¿Y si lo ejercen otros? Habría dos respuestas: 1. Ajustar la filosofía, la doctrina y el derecho a las realidades. 2. Someter esas realidades a la ley.

La respuesta parece tan simple que provocará en algún lector hasta rechazo por esta lectura. Sí —dirán y con razón—, siempre debe privar el derecho. La situación, siendo así, no resulta nada sencilla.

La necesidad de llegar a una decisión es grave. Guerrero, Michoacán y muchas regiones están en plena ingobernabilidad. Su situación ha dejado de ser un problema de seguridad pública para pasar, en la escala de la gravedad política, a ser un tema de seguridad interior.

Ese problema —que sin que lo digan las leyes con la claridad que hoy es necesaria (artículo 119 constitucinal)— ya no es del orden estatal sino que ha pasado de facto a ser un problema federal. Además de la violación constitucional, se enarbola la de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos exclusivas del ejército. Ley que nunca sirvió para lo que se promulgó (evitar el tráfico de armas) y sí es de frecuente uso, con rigor jurídico o sin él, para cargarle la tinta a todo desafecto al poder.

El peligro para el gobierno es complicado y apremiante. ¿Cómo normalizar las conductas levantiscas de los guardias comunitarios? Un camino sería convencerlos de una deposición de voluntades; otro es sumarlos a las fuerzas del orden, y otro sería aplicarles la ley reprimiendo el delito. No hay garantía de que, como dice el procurador, aplicando la fuerza de la ley se resolverá el embrollo. Ninguno parece viable sin que implique costos tan grandes como los que se quiere subsanar.

Los guardias comunitarios, o como se les quiera llamar, no son homogéneos, primer problema. Pueden ser: 1. Auténticos robinhoodes, defensores de la comunidad y honestos integrantes de ella. 2. Pueden ser participantes de las llamadas “rondas de vigilancia” y hasta de cacicazgos que se han legitimado al abrigo de usos y costumbres. 3. Otros pueden ser abigeos, ladrones de cosechas, o asaltacaminos, fórmulas delictivas que son distantes al conocimiento urbano pero que existen. 4. También llegan a ser miembros de la delincuencia sistematizada, hasta vinculados con el narco.

¿Cómo enfrentar con reglas que suponen unanimidad de criterios a grupos tan heterogéneos? ¡Ése es el embrollo! Eso no es posible para ninguna mente razonablemente formada o experimentada en política y en derecho.

Con precipitar cualquier decisión el Estado mismo se expondría a provocar una exaltación de situaciones que estaría ya tocando las puertas del reto y la amenaza de rebelión. ¿Cómo lo van a hacer? Si las fuerzas policíacas federales son ineptas, si el ejército es un alto riesgo porque confirma la situación de ingobernabilidad y a la larga nada resuelve porque no está en sus alcances. ¿Cómo entonces?

¡Sencillamente quién sabe! El caso es de seguridad interior no de PGR. De no saberse resolver se convertirá en la mancha indeleble del gobierno.

 hienca@prodigy.net.mx