Entrevista a Javier Oliva/Especialista en defensa y seguridad nacionales
Moisés Castillo
Dice el escritor Javier Marías que la sociedad actual tiende cada vez más a dejar pasar las cosas, a ser tolerantes con la impunidad. “El comportamiento de los políticos se está trasladando a la gente. No entiendo porqué los políticos influyen tanto: no me parecen ni sabios ni respetables”. Y es que los números son contundentes: el 98 por ciento de las denuncias que se interponen ante los ministerios públicos y procuradurías quedan impunes, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, información desclasificada del Departamento de Estado de Estados Unidos, difundida por la organización no gubernamental National Security Archive, revela que las autoridades mexicanas minimizan los crímenes del narco, el cual opera prácticamente en total impunidad. Desde hace tres años, a Washington le preocupa la incapacidad del Estado mexicano para resolver los crímenes y la narcoviolencia, y atribuye este fenómeno a “la corrupción generalizada”. Es decir, autoridades colaboran con los criminales.
Por su parte, el director para las Américas de Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco, lamentó que el actual gobierno federal no ha dado resultados frente a las graves violaciones a Derechos Humanos ocurridas en el pasado.
“Si bien desde el inicio de la administración entendíamos que se trataba de problemas complejos y de difícil solución que no se atribuían a su gobierno, y que llevaría cierto tiempo resolverlos. También advertimos que la amenaza para la seguridad pública que representa la delincuencia organizada es genuina y no ficticia y que al gobierno le incumbe la responsabilidad de proteger a los ciudadanos frente a estos grupos.”
Para Javier Oliva, especialista en Defensa y Seguridad Nacionales, los ojos deben estar puestos más bien en cómo ha respondido el Poder Judicial a la problemática de la impunidad.
“Leo estos posicionamientos del secretario de la Defensa en el sentido de que de cada 100 consignados por temas de delincuencia organizada 98 quedan libres. Creo que ahí hay un problema grave que no sólo es un asunto de cómo se presentan los juicios y pruebas, sino cuál es el proceso que está viviendo el poder judicial para adecuarse a las circunstancias que está viviendo el país.”
¿Cómo hay que leer la solicitud del Ejército de que requiere un nuevo marco jurídico para investigar y denunciar ilícitos?
Hay que destacar que el secretario de la Defensa Nacional no hace más que retomar la discusión a nivel legislativo de 2009 cuando el entonces presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. A la fecha no ha habido un ajuste que pudiera preparar no sólo a las Fuerzas Armadas sino a las fuerzas del orden para poder hacer frente a la ola de criminalidad que sufren varios estados del país. El hecho de que el secretario Salvador Cienfuegos haya hecho este planteamiento de considerar algunas adecuaciones al marco jurídico va en función de los requerimientos del propio servicio. Hay que recordar que los soldados y marinos están afuera a petición de la autoridad civil y de la población.
Disminuyen las quejas
¿No hay ningún peligro de que se “militarice la justicia”?
Por su puesto que no hay ningún peligro. De hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que de acuerdo con sus estadísticas han disminuido a la mitad las quejas contras las Fuerzas Armadas, lo cual denota que el profesionalismo y preparación de los elementos militares va en aumento.
¿Cuáles serían las implicaciones de concretarse estos cambios legislativos ante la violencia que genera el narco contra las instituciones?
En este momento sólo existe la posibilidad de la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de coadyuvancia a la seguridad pública y es importante subrayarlo cuando se trata de asuntos de flagrancia, de otra manera no pueden intervenir. Las limitaciones son serias ante tantos problemas de seguridad pública que sufren varios puntos del país. Estudiando a las Fuerzas Armadas de México, si las comparamos con otras fuerzas de América Latina, veremos que son las únicas que piden cierta cobertura jurídica para mejorar y cumplir sus funciones. Observamos en la historia latinoamericana cómo los militares han hecho a un lado las leyes: golpes de estado en Chile, Brasil, Argentina. Mientras que en México los militares se han mantenido apegados al Estado de derecho.
¿Cuáles son los cambios jurídicos para que los militares hagan funciones de investigación?
Creo que la Ley de Seguridad Nacional como quedó en el dictamen en la Cámara de Diputados tiene ya poca viabilidad de ser aprobada. Me parece que la intensidad y la dinámica de inseguridad que se vive en el país se tendría que atender con perspectivas propias de estos años y hacia el futuro, y no responder de una manera circunstancial a lo que está ocurriendo. No apostarle a la reacción sino a la prospectiva. En ese sentido, habría que revisar qué están haciendo las fuerzas armadas de otros países como Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Alemania, España, y que de alguna forma ayudan a sus países a tareas de resguardo de la seguridad nacional.
¿No debe sorprender este tipo de peticiones del secretario Cienfuegos?
No me parece fuera de lugar. Me parece muy interesante que lo haya hecho en el Congreso a propósito de lo que se requiere. Están ahí justamente los que hacen las leyes, de tal manera que existen los elementos para que los legisladores puedan analizar y discutir lo que requieren las Fuerzas Armadas.
Más en estados como Michoacán donde la violencia se recrudece…
Creo que justamente la petición es en ese sentido, además de la reconstitución de las autoridades locales. Lo que justamente estamos padeciendo es un desapego de la autoridad local para cumplir con sus responsabilidades de darle seguridad a la población. De tal manera que dejárselo todo a las Fuerzas Armadas adquiere un mayor protagonismo y visibilidad. Aquí el enfoque debe de ser la reconstitución de la autoridad local.
¿Cuál tiene que ser el otro paso para tener una nueva policía que sea eficiente?
Hasta que no haya policías locales, las Fuerzas Armadas son la primera línea de contención para el sometimiento de la criminalidad.
¿Cómo evaluaría el primer año de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública? ¿Existe un cambio en la estrategia antinarco?
Sigue marcando una diferencia importante en términos de tareas de prevención e inversión en actividades que tienen que ver con la distensión en las comunidades. Creo que éste es el punto más importante y probablemente el más positivo de la estrategia en cuanto a seguridad pública con un enfoque social. Creo que ahí hay importantes ventajas con respecto a lo que aplicó Calderón en términos de que utilizó la fuerza pública por mucho tiempo. El enfoque que estamos observando es preventivo, el que aplicó Calderón básicamente fue correctivo.