Urge poner fin al uso de chivos expiatorios
Raúl Jiménez Vázquez
Las 176 observaciones fincadas al Estado mexicano dentro de la Evaluación Periódica Universal, a cargo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, son una suerte de biopsia que por ningún motivo es conveniente soslayar, pues el número y la diversidad de estos focos rojos ponen de relieve que estamos viviendo una crisis humanitaria de carácter crónico, sistémico y multidimensional, lo que obliga a preguntarnos si no estaremos en presencia de un gobierno crasamente fallido en la protección de los derechos humanos.
La abominable práctica de la fabricación de culpables es sin lugar a dudas uno de los resultados más perniciosos y malignos de dicho análisis supranacional. Todo cuanto pudiere decirse en torno al portentoso paradigma jurídico emanado de la trascendental reforma a la Carta Magna de junio del 2011, por la que los tratados internacionales de derechos humanos fueron elevados a rango constitucional, suena grotesco e inclusive cínico cuando un inocente es acusado, procesado y condenado sin que jamás hubiese cometido delito alguno.
Human Rights Watch ha puesto mucha atención a este carcinoma jurídico, político y social, advirtiendo que “es necesario poner fin al uso de chivos expiatorios”. Por su parte, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos ha subrayado que “fabricar culpables es un negocio y una forma de control social”.
En base a este modus operandi fueron criminalizados, entre muchos otros más, los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, Héctor Galindo y otros líderes de Atenco, las indígenas ñañús Alberta Alcántara y Teresa González, Alberto Patishtán, el general Tomás Ángeles Dauahare y Omar Ramos, joven empresario injustamente sentenciado a 35 años de prisión por un crimen que no cometió.
El caso de Patishtán permite captar la real dimensión de este hiperproblema. El expediente pasó por las manos de cinco distintas autoridades: el ministerio público, los tribunales de primera y segunda instancia, el tribunal colegiado de circuito y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin que ninguno de estos órganos haya sido capaz de detectar lo que fue revelado con toda crudeza dentro del decreto emitido por el Ejecutivo federal con base en el flamante artículo 97 bis del Código Penal Federal: que en los autos mismos de la causa penal se evidenciaba la existencia de ataques a los derechos humanos del acusado y que por tanto el docente debía ser puesto en libertad.
La fabricación de culpables es un tumor cancerígeno, una amenaza latente para cualquier ciudadano. Extirpar esta delicada anomalía no será tarea sencilla. Por lo pronto, se impone exigir la rendición de cuentas a quienes no vieron aquello que tenían frente a sus narices. Asimismo, es menester que el Jefe del Estado mexicano y su equipo nos digan qué van a hacer para evitar la repetición de estos abominables ultrajes a la dignidad humana.