Entrevista a José Barragán Barragán/Investigador del IIJ-UNAM

 Antonio Cerda Ardura

La reforma político electoral aprobada el 5 de diciembre por la Cámara de Diputados, que actualmente está de vuelta en el Senado de la República para la discusión de las modificaciones realizadas en el recinto de San Lázaro, pone en riesgo las próximas elecciones en México, asegura a Siempre! José Barragán Barragán, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

El también exconsejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE) indica que la reforma fue hecha sobre las rodillas, ya que el cuerpo legislativo, soslayando los principios del artículo 39 constitucional, que establece el derecho del pueblo de modificar su forma de gobierno, llevó a cabo cambios sin un diagnóstico previo y serio, como la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral (INE), y la Procuraduría General de la Republica en Fiscalía General de la República.

Respecto al riesgo electoral, subraya que los partidos políticos han vuelto a imponer sus intereses por encima del interés nacional, porque pretenden controlar el nuevo IFE nombrando a modo, y con la camiseta de cada partido puesta, a los nuevos consejeros.

Por otro camino

¿Qué avances y retrocesos tuvo la reforma política? ¿Fue lo que se esperaba?

Desde meses atrás se esperaba una reforma política, pero muchos, como su servidor, entendíamos que había que centrarse en lo que ya se estaba trabajando. ¿Qué cosas se podían esperar? Por ejemplo, que el IFE y los órganos electorales de cada una de las entidades se concentraran realmente en los detalles de los propios procesos electorales, en su preparación, su administración y, desde luego, en la determinación de los resultados de las votaciones, sin distraerse en una serie de materias que corresponden a otras autoridades.

Existe, por ejemplo, un libro, así se le llama, o apartado dentro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que tiene que ver con las infracciones. Ahí se le encomiendan al IFE competencias para que conozca de distintas infracciones, pero debe haber una depuración total y dejar nada más como competencia de ese órgano las infracciones que cometan los candidatos y los partidos políticos en su actividad de preparación y desarrollo del proceso electoral, y, desde luego, en el marco de sus relaciones con el IFE. ¡Nada más! El IFE no tiene porqué castigar a terceras personas que participan, bien o mal, en la preparación de un proceso electoral o en su desarrollo. Para eso hay otras autoridades.

Lo explico con un ejemplo sencillo: si consideramos la actividad electoral como una competencia parecida al futbol, entonces el IFE va a actuar como árbitro dentro de un campo. ¿Y a quiénes va a castigar este árbitro? Pues sólo a los que están jugando, o a los que están afuera de la cancha pero que tienen que ver con el partido, que son los entrenadores y el equipo técnico. Esto, trasladado a la arena electoral, sería comparar a los partidos políticos con los técnicos, que están afuera de la cancha, pero participando, finalmente, en el juego. Pero el árbitro no puede castigar a quienes, desde las graderías, nos inconformamos con los candidatos, opinamos sobre los candidatos y, como a los jugadores, les gritamos un montón de cosas. El IFE, o el árbitro no nos van a castigar. ¿Por qué? Para eso hay una policía, que es a la que nosotros respondemos de nuestras acciones, pero no el árbitro. ¡El árbitro no puede castigar!

Y aquí le ofrezco un ejemplo más concreto: el artículo 41 del Cofipe prohíbe denigrar a un candidato o a un partido político. ¿Cómo que me prohíbe a mí, ciudadano, denigrar? Para eso yo, que estoy en las graderías, tengo el derecho de la libertad de expresión y de manifestación. Y si en algunos códigos ya desapareció la injuria y la calumnia, ¿dígame usted si los partidos políticos se van a enojar y me van a castigar a mí porque los denigro?

Pues se pueden molestar, pero no pueden sancionarlo.

Todo eso es desproporcionado. Eso debe desaparecer. Y por ahí, por ejemplo, esperábamos la reforma. ¿Para qué? Para que el IFE se concentre nada más en los jugadores y haga el papel de árbitro, como le corresponde en el marco de sus competencias.

Otra cosa que no está nada bien que se le encomiende al IFE es la administración de los tiempos de radio y televisión, porque lo distrae muchísimo y porque es una actividad que no tiene nada qué ver con la propia administración del proceso electoral. El IFE tiene que controlar la publicidad de los partidos, sí, pero no administrar esos tiempos y menos con esa ventaja inmensa, que los propios partidos se dieron, de recibir, en términos de aportación económica, los tiempos del Estado. Y luego, aparte, se les da un dineral de prerrogativas en efectivo para el desarrollo de las campañas y todo ese tipo de cosas.

A mí eso me parece verdaderamente abusivo y absurdo. Esas facultades deberían de desaparecer para que los partidos tengan la libertad de contratar sus tiempos cuando quieran y como quieran, y el IFE solamente revise la actividad de publicidad, de uno y otro partido, para que no se falte al principio de equidad, ni a la justicia, ni a la ley.

La reforma transitó, entonces, por un camino distinto.

En lugar de darnos lo que esperábamos, hicieron una reforma verdaderamente absurda. Es un disparate más grande que el Zócalo y sucede porque se están tomando decisiones fundamentales que sólo le compete tomarlas al pueblo como soberano. Es decir: el único que puede modificar estructuras fundamentales del Estado mexicano es el pueblo entero, no unos señores que ni siquiera tienen ya legitimación para representar a la sociedad. Y aun teniendo legitimación, no tienen facultades para hacer ese tipo de reformas. Lo peor del caso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quiere entrarle a esa problemática. Entonces nos dejan a los mexicanos en un verdadero estado de caos, en un rompimiento de las estructuras fundamentales y en una confusión que no puede aclarar ningún tribunal.

¿Va a ser beneficiosa la transformación del IFE en INE?

No. También es un absurdo. Eso estuvo mal porque no hay fundamentos. El poder revisor de la Constitución no tiene facultad para alterar estructuras [el tratadista alemán Carlos Schmitt, al que recurren la mayoría de los estudiosos y ponentes sobre reformas de la Constitución mexicana, refiere, por ejemplo, que para una reforma legal constitucional se requiere, incluso, de un referéndum obligatorio. N. A.]. De manera que, para empezar, eso está mal hecho y es contrario al principio de la soberanía y del artículo 39 de la Constitución, que establece el derecho del pueblo de modificar su forma de gobierno. Independientemente de esto, y suponiendo (cosa que no se puede soslayar, porque está como limitación) que pudieran hacer la reforma, ¡está hecha sobre las rodillas! No hay un diagnóstico previo y serio de qué cosa va a representar esa transformación. No puede ser una verdadera transformación si se confunde, para empezar, la dignidad y el decoro que ya tiene ganado el IFE por tantos años de trabajo. Con problemas y lo que usted quiera, pero el IFE ya se ha ganado ese decoro a nivel nacional e internacional.

Por otro lado, no se garantiza tampoco que el cambio del IFE en INE sea favorable y sea menos costoso que si lo mantenemos tal como está.

 

Partidización del INE

¿Si, como usted dice, estas reformas han sido absurdas, están en riesgo las próximas elecciones?

Sí. Por supuesto que están en peligro las próximas elecciones. ¿Sabe por qué? Porque los partidos políticos han vuelto a imponer sus intereses partidarios por encima del interés nacional y el de la Constitución. Lo que ellos están realmente haciendo es pretender controlar el nuevo IFE, nombrando, a modo, o con la camiseta de cada partido puesta, a los nuevos consejeros. Eso es un fracaso total y hay que decirlo: habrá problemas en serio, porque los nuevos consejeros van a actuar como consiliarios partidarios, tal como hemos tenido algunos ejemplos aislados en el pasado. Y como ahora van a salir todos con una camiseta, entonces, ¿para qué queremos consejeros ciudadanos, como se les llama? ¿Por qué no mejor mandan delegados o por qué no se quedan los consejeros en el INE únicamente como responsable de las resoluciones que tomen, sean buenas o malas, o sean discutidas o no como se discuten en la Cámara de Diputados o en el Senado? A ver si aguanta el país, o a ver si se aguantan ellos mismos sin protestar. Ése es el verdadero daño que se le está causando a la institución y el riesgo que corremos es esa partidización. Si son árbitros, pues son árbitros. Es más: todos los partidos políticos debieran de dejar ya de tener representantes ante ese organismo y dejar al árbitro con las manos libres.

Se supondría que la institución electoral debería quedar fuera del orden partidista.

Claro. Y vamos a pensar con otro criterio: todas estas medidas se están justificando diciendo que la democracia bien vale un potosí, o sea una millonada de pesos. Está bien, correcto. Eso para el primer año, para el segundo y el tercero, ¡pero no para toda la vida! No tenemos dinero para tanto derroche en cambios y, además, ésa no es la meta de la democracia. La meta de la democracia es muy diferente en los países civilizados. ¿Cuál es? Que el partido que gana y hace gobierno administre las elecciones que vengan. Y que las administre en términos de la mayor economía y que, además, todos los partidos acepten los resultados de esa administración, de buena gana y sin protesta. Ésa es la democracia: que la administración sea limpia y que los contendientes reconozcan sus victorias, lo mismo que sus derrotas. Ésa es democracia, como se hace en España, Italia o Alemania. Pero aquí lo que ocurre es que nadie quiere perder. Y como nadie quiere perder lo que intentan es tener árbitros a su favor, comprados. Y bien comprados, porque el salario de un consejero es muy bueno y la camiseta la llevan muy visible. Ése es el gran fracaso y el gran error al que nos están llevando estos señores.

¿Qué le parece la autonomía que tendrán la PGR y el Consejo para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval?

A mí me parece que la evaluación de la pobreza es un ejercicio muy bueno para nosotros los investigadores académicos y sociales. Ese trabajo, al igual que las estadísticas que levantan las comisiones de Derechos Humanos sobre las violaciones a las garantías individuales es muy bueno, pero no sirve para nada. Igual va a pasar con esto. ¿Por qué? Sencillamente porque ese organismo no tiene la capacidad económica ni financiera como para solucionar esa pobreza, una vez que se conocen las estadísticas. Ése es el verdadero desastre: se crearon instituciones nuevas para gastar el dinero, en vez de ocuparlo en inversiones.

Ineficacia judicial

Es decir, es un “elefante blanco”.

Pero por otro lado, debido al gran reto que ha venido enfrentado el país en los últimos años con el crimen organizado y con la suma inmensa de dinero que se destina a su combate, la PGR y las procuradurías en cada una de las entidades de la república tienen ya una organización verdaderamente enorme. Y fíjese lo que le digo: y bien hecha. ¿Sabe en dónde está la falla? En que están acostumbradas a detener y luego investigar.

Tal vez en la teoría está planteado, pero, en la práctica, no hay en México un sistema capaz de llevar a cabo una verdadera investigación sobre un hecho ilícito, desde el principio, en silencio y tranquilamente, hasta su última etapa, en donde ya se configure una auténtica averiguación que se ponga en manos del juez competente. ¡No existe esa capacidad! Y si no la hay, la PGR, con autonomía o sin autonomía, no podrá hacer absolutamente nada eficaz. Y le doy otro ejemplo: tomando las estadísticas que han emitido últimamente la Secretaría de Gobernación y la propia PGR, nos dicen que en el sexenio pasado se detuvo a poco más de 106 mil individuos que tenían relación con el crimen organizado. De esos más de 106 mil, sólo tres mil fueron procesados o quedaron ya en la cárcel sentenciados. Repito: ¡Sólo tres mil! ¿Qué pasa entonces? Hay una ineficacia del sistema de impartición de justicia. Es decir: hay ineficacia de los jueces federales y de la PGR, de casi el cien por ciento. Ése es un verdadero crimen, un auténtico disparate que no puede ser aceptado en un país civilizado. De manera que si vamos a seguir con las mismas cosas, pero ahora con autonomía, no sirve para nada. Hay que meter otra vez la mano ahí.

En términos comparativos, en Estados Unidos funciona bien la procuración y la impartición de justicia, porque todo el Estado federal y todas las entidades locales trabajan en las etapas de la investigación, de la configuración real y completa de lo que aquí llamamos averiguación previa, y sólo cuando tienen todas las pruebas en la mano es cuando llevan al responsable o el expediente ante el juez para que libere la orden de aprehensión, etcétera. Si un día nosotros somos capaces de eso, enhorabuena. Por lo pronto ya la autonomía es una ventaja porque, recuerde, el modelo de procuración de justicia que tenemos es lo más negro de lo negro del porfiriato.

Entre lo peor, lo mejor.

Sí, pero, bueno, ya veremos qué otras ventajas nos da.