Aparición FAR-LP
Manuel Nava
Acapulco, Guerrero.- Una semana después de la aparición del grupo denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FAR-LP), su presencia se disipa como arrastrada por el viento que por la tardes baja de la alta montaña hasta el valle de Chilpancingo, entre reacciones contradictorias del gobierno estatal y menosprecio por otros agentes políticos de la localidad.
La escalada mediática tras la aparición de la FAR-LP propició una reacción inmediata del gobierno de Guerrero que ofreció dialogo en tanto que ha ignorado a grupos en armas que datan desde hace aproximadamente 17 años, por lo menos. Pero existen también un sinnúmero de contradicciones.
Las FR-LP surgen en el contexto de una lucha encarnizada entre los carteles de la droga en Guerrero que han rebasado las instancias gubernamentales, una economía devastada por la práctica de la extorsión de estos grupos del crimen organizado, obligando a empresarios a retirar sus inversiones o sacar a sus familias de la entidad, con lo cual sobrevino un desplome en cascada de la actividad económica; aunado a ello las expresiones particularmente violentas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación que impactaron negativamente en el sector turístico; un ejecución mal planeada de obras de infraestructura urbana en Acapulco que también ha orillado al cierre de diferentes negocios.
En septiembre, los fenómenos hidrometeorológicos Manuel, Ingrid y Raymond ocasionaron severa afectación en la infraestructura de telecomunicación y de servicios, y que paralizaron la actividad económica por más de una semana.
El asesinato de diferentes dirigentes sociales y, por si fuera poco, el surgimiento de la policía comunitaria es una expresión de una ruptura con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que surgió en 1995 en ambiente de inseguridad rural y fue impulsada por Bruno Plácido y entonces el gobernador sustituto fue Ángel Aguirre Rivero. Hoy la policía comunitaria es impulsada por el mismo personaje y el gobierno constitucional es Ángel Aguirre Rivero.
En julio del año en curso se supo de una nueva fractura en el autollamado Ejército Popular Revolucionario y se habló de una separación del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente cuya zona de actividad es la región de Costa Chica en Guerrero.
El 24 de octubre de este año las FAR-LP lanzaron su primer comunicado, el cual pasó sin pena ni gloria. Sin embargo desde ahí se planteó que “las banderas de la lucha armada siguen vigentes, nunca han dejado de existir”… y tras señalar que existe una guerra desatada contra la población, de la cual se responsabiliza a las administraciones estatal y federal, se afirma que “ante la violencia ejercida contra el pueblo, el principio de justicia es legítimo, necesario e inaplazable” por tanto “el retorno a las armas es imprescindible”.
El segundo comunicado, a partir del cual se efectuó un despliegue editorial, comienza con la frase “nunca como hoy es el momento de declarar la guerra”. El grupo aseguró que “la guerra contra el pueblo como política de estado ha desatado una ofensiva represiva, fundada en su concepción contrainsurgente, contra luchadores sociales.”
Exhortaron al pueblo para que ejerza su derecho a la justicia, “ningún crimen de lesa humanidad puede quedar impune, hagamos que se cumpla la justicia popular. Con la guerra popular, el pueblo vencerá”. El segundo comunicado se hizo público el 1 de diciembre, fecha en que la administración Enrique Peña Nieto cumple su primer año.
A diferencia de otros grupos armados, las FARP-LP fotografiaron el comunicado; anexaron fotos en las cuales se observan sólo tres elementos que resultan ser los dirigentes; la vegetación en la que se encuentran no corresponde a la parte alta de la sierra; ni las armas ni el contingente son adecuados.
El grupo hace una tácita declaración de guerra pero no hay un acto de hostilidad que acompañe el pronunciamiento. En las fotos sólo tres personas aparecen, no constituyen una manifestación de fuerza de la que se habla en el comunicado.
En las notas periodísticas se afirma que la zona de actuación de las FAR-LP son la Montaña, la Costa Chica y Acapulco, área en donde se explayó la policía comunitaria.
El contexto nacional en que ocurre esta aparición, no es menos imbricado. Si en poco más de 70 años se construyó el Estado chueco, contrapuesto al Estado de derecho, en la actualidad se vive un Estado contrahecho donde existe una excesiva permisibilidad a violentar la ley y la propia autoridad parece promover esos desacatos.
En un comunicado el gobierno de Guerrero manifestó que “ninguna reivindicación de cualquier tipo puede exigirse a través del exhorto al levantamiento armado, sobre todo porque en México y en Guerrero se tienen los cauces legales para la resolución de conflictos”.
En respuesta, el grupo en armas dijo: “desde este momento si hay otro muerto, o encarcelado que sea de nuestro pueblo, vamos a cobrar, no en el mismo lugar, si tiene que haber sangre que sea más la que ellos derramen… Nosotros decimos ojo por ojo, diente por diente”, según consignaron algunos medios locales.
El comunicado del gobierno del estado y Sergio Lara Montellanos, secretario de Seguridad Pública, indicaron que mediante la secretaria general de Gobierno se buscará el diálogo con el grupo FAR-LP y dijo que tiene “indicios” sobre la identidad del grupo.
En contraste, José Villanueva Manzanares, vocero del gobierno del estado indicó que “se está investigando la existencia de este grupo pues no hay confirmación de su procedencia ni de quiénes lo están integrando.”
Más directo, Rubén Figueroa Smutny, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, afirmó que los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y la UPOEG están detrás del citado grupo y que son una reacción a la creación de la Policía Rural que el jueves pasado el Poder Legislativo aprobó a propuesta del gobernador Ángel Aguirre Rivero y tiene el objetivo de “desestabilizar” el estado y evitar que los grupos de autodefensa “se encuadren en un marco jurídico”.
Minervino Morán Hernández, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), consideró como falsas y sin sustento las declaraciones del diputado local priista Rubén Figueroa Smutny acerca de que tanto esta organización magisterial disidente como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) están detrás del autodenominado grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias para la Liberación del Pueblo (FAR-LP).
“Se han olvidado de que el enemigo a vencer es la inseguridad pública, representada entre otras cosas por el flagelo del crimen organizado”, señaló Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Debe recordarse que las movilizaciones tanto de UPOEG como la CETEG se han caracterizado por acciones violentas y un lenguaje insultos y denostación a la autoridad.
Tras los destrozos registrados en las sedes de los cuatro partidos políticos, en abril pasado, Minervino Morán, vocero de la CETEG, dijo que la coordinadora avala dichas acciones, porque es la manera de expresar el coraje e indignación tras lo que calificó como una burla del Congreso local. y amagaron con escalar esta medidas de presión tras la aprobación de modificaciones a la Ley Estatal de Educación en el Congreso local. Lo visto hasta ahora indica que se trata de una acción mediática y desesperada y no de una de un grupo con capacidad combativa. Sus acciones, en caso de realizarlas, podrían inscribirse en el terrorismo pero no en una lucha armada.