Entrevistas Alfonso Suárez del Real/Subdirector de Administración y Finanzas del STC

Antonio Cerda Ardura

Con el aumento a la tarifa del Metro lo que se busca es la recuperación de la gobernabilidad de ese espacio público y la óptima operación del sistema, asegura a Siempre! José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, subdirector general de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El funcionario señala que es preocupante la manipulación política de quienes protestan por ese aumento y se niegan al diálogo, y admite que, según se ha informado en las redes sociales, hay extranjeros promoviendo las manifestaciones en el Metro.

El exdiputado federal y exdelegado en Cuauhtémoc relata, en entrevista, que durante las incursiones de los manifestantes se ha agredido a los usuarios de ese sistema de transporte y adelanta que se están buscando alternativas para que los vendedores ambulantes salgan, en definitiva, de los vagones y pasillos.

 

Más a favor que en contra

Algunas personas ven una contradicción entre los resultados oficiales de la encuesta sobre el aumento al Metro y las reacciones de protesta.

El número de personas que se han manifestado en contra del aumento desde el mismo inicio de las encuestas, que fueron tres, ha oscilado entre 20 y 30, y quizás en algún momento entre 500 y mil. Desde otra óptica, hay dos grupos mayores de personas que no están reflejando esa supuesta repulsa o rechazo: quienes adquirieron su boletos a partir del viernes 13, con la nueva tarifa de tres pesos más dos, que se va a destinar a un programa de recuperación de la calidad del servicio del Metro, y quienes se han acercado a los 128 módulos que se instalaron en las principales correspondencias para solicitar una tarjeta, que sostiene la tarifa de 3 pesos, para mujeres jefas de familia; estudiantes con problemas económicos, desde los seis hasta los 23 años de edad, y personas que estén buscando empleo.

Entre el 11 y el 17 de diciembre entregamos 16 mil 747 tarjetas. De éstas, 704 corresponden al Estado de México, ya que esa entidad se integró a este proceso, de manera operativa, hace sólo dos días.

Seguirán, entonces, entregando este tipo de tarjetas.

Así es. Calculamos que el número de tarjetas que nos estarán solicitando quienes acrediten la necesidad de que sostengamos la tarifa de tres pesos oscilará entre 100 mil y 150 mil en la zona metropolitana del Valle de México.

Es, estrictamente, para las personas de más bajos recursos.

Efectivamente. Estamos partiendo del principio de la buena fe, que fue el que nos dictó, desde el inicio de este proceso, el jefe del Gobierno de la capital. La gente viene, nos entrega sus documentos básicos y nosotros le damos una tarjeta que puede ser cargada con esa tarifa de tres pesos.

Se ha dicho que quienes asesoran o dirigen a los que impugnan el aumento en el Metro son brasileños. Suponemos que son quienes participaron, en junio, en las protestas de Sao Paulo. En México, han surgido organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Socialistas que encabezan algunas de estas protestas. ¿Qué tanto daño ha causado este literal asalto al Metro?

Las áreas responsables del gobierno del Distrito Federal de hacer el análisis y las proyecciones sobre ese tipo de comportamientos han manifestado, efectivamente, la presencia de personas pertenecientes a un movimiento particular  de Brasil, que, en su momento, realizó una serie de acciones, incluso violentas, en relación con el aumento a la tarifa del Metro y del resto del transporte público en su país. Pero hay que partir del hecho de que en Brasil este sistema de transporte público cuesta alrededor de 30 pesos, a diferencia de los tres pesos que se cobraban aquí. Allá, el aumento se dio simple y llanamente en función de las necesidades de la operación. Pero aquí esos dos pesos adicionales tendrán un destino muy puntual: un fideicomiso para atender once programas específicos para la recuperación de la calidad del servicio del Metro. ¡Ésa es una enorme diferencia!

Por otra parte, en Brasil no hubo ninguna auscultación. Nosotros sí hicimos encuestas, comprobadas por observadores del Instituto Electoral del Distrito Federal y la certificación del Colegio de Notarios al inicio y al final de las tres jornadas. Si bien, algunos inconformes hicieron la observación de que la encuesta a 7 mil 400 personas no era significativa y argumentaron que debió haber sido hecha a 5.3 millones de usuarios, quienes conocen de demoscopia saben que los porcentajes son fundamentales y que, aunque se incremente el número de encuestas, los resultados no van a variar de manera importante. En ese sentido, nosotros estamos tranquilos y seguros.

Y, retomando su pregunta, estas acciones de inconformidad sí han afectado económicamente. Sí existe una pérdida por brincar el torniquete y retar a la autoridad al tratar de impedir que ese pago se destine a la recuperación de la operación básica del sistema. Pero la lectura del otro lado indica que el Metro ha contado con una mayor solidaridad del usuario cotidiano. Lamentablemente, quienes están en contra de la nueva tarifa han golpeado a gente que ha depositado su boleto o que les pide que la dejen pasar. Y, por supuesto, nos preocupa enormemente que con esas formas de expresión, a las que nosotros hemos respetado por la propia seguridad de los usuarios, se esté poniendo en peligro a personas que nada tienen qué ver con la protesta. Obligar a gente de la tercera edad a pasar agachada por debajo de un torniquete, cuando desde 1998 en esta ciudad las personas mayores de 60 años entramos gratuitamente al Metro, es un abuso a su dignidad.

Lo más grave hasta el momento ha sido que quienes protestan contra el aumento determinaron que una persona en fase terminal fuera montada en una silla de ruedas para saltar el torniquete en la estación Centro Médico. Cuando, igual, todos sabemos que, desde 1999, las personas con discapacidad y en sillas de ruedas tienen una puerta especial de acceso gratuito y seguro. ¿Por qué exponerlas al estrés como lo hicieron estas personas?

Tolerancia y diálogo

¿Qué tan violentos podemos esperar que se vuelvan estos grupos?

De parte de nosotros ha habido tolerancia, respeto y disposición al diálogo. Algunos de ellos han aceptado el diálogo, como lo han confirmado tanto el jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, como el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, pero otros no. Nos preocupa que esta negativa esté íntimamente vinculada a la manipulación política del movimiento que, ha quedado claro, no tiene las mismas motivaciones ni los mismos ingredientes que tuvo el de Valparaíso, Chile, o el de Brasil. Las condiciones, los planteamientos y los compromisos son distintos.

¿Están ustedes ciertos de que hay manipulación e intervención de extranjeros?

No quisiera yo arrogarme funciones o calificaciones que competen a otra autoridad. Lo único que resaltaría es que ha sido público y notorio en las redes sociales que ha habido participación de integrantes del Movimiento Passe Livre de Brasil, que ha venido trabajando, no de ahora o como producto de una situación coyuntural, sino por un cambio más profundo en aquella nación. Pero ellos mismos han reconocido que en los últimos acontecimientos algunos procesos que generaron violencia se les salieron de las manos. Ellos, ante todo, se identifican como un movimiento pacifista y por la defensa del derecho a la movilidad. Ellos hablan del transporte libre y gratuito, al cien por ciento. Sin embargo, uno de los seguidores de este movimiento en México ha expresado su intención y su compromiso de dialogar con el STC para conocer realmente su situación.

En cuanto a nosotros, como lo ha dicho nuestro director general en reiteradas ocasiones, estamos en un proyecto de defensa de esta empresa pública, que es de los capitalinos, y del rescate o recuperación de su calidad. La gente se queja mucho de que el Metro ha perdido esa calidad y de que viaja muy apretada dentro de los vagones.

Hay una gran diferencia con el Tren Suburbano, por ejemplo.

Y también con la Línea 12. El Metro tiene 105 trenes que, por diferentes razones y a lo largo del tiempo, han tenido que quedar parados. Si una tercera parte de nuestra flotilla de transporte está varada en los talleres, es necesario recuperarla.

¿Qué se va a hacer con los llamados “convoyeros” o vendedores ambulantes dentro del Metro?

Se van a buscar alternativas para su actividad. Pero hay que partir de un hecho claro: los andenes, pasillos y, sobre todo, los vagones del SCT no son el espacio público confinado propio para la venta. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de una recomendación que emitió el año pasado, reconoce que es necesario generar un decálogo sobre el uso del espacio público en el Metro. La vocación del espacio público confinado de un vagón es trasladar a sus usuarios, con seguridad y confort, al destino que ellos determinen. ¡De ninguna manera es permisible la actividad comercial!

Además, tanto ruido es crispante.

Nosotros lo entendemos. Por ello se están buscando alternativas que garanticen un ingreso básico o mínimo para las familias de los vendedores. Pero no en estos espacios en los que se ponen en riesgo la vida, los bienes y el entorno de quienes utilizan el Metro para transportarse. Lo decimos abiertamente: se están violando derechos básicos del colectivo, como la garantía de un viaje tranquilo. Un bocinero viola disposiciones no solamente de justicia cívica, sino de la propia legislación ecológica. Los decibelios a los que ponen sus cumbias o su música no solamente son una agresión al colectivo, sino a sí mismos, porque, a la larga, van a tener graves problemas auditivos.

Y es una tras otra.

Efectivamente. Eso es algo que estamos planteando dentro de los once compromisos para recuperar la gobernabilidad de este espacio público confinado, a través de la integración de elementos de la policía. El 13 de diciembre, por ejemplo, ingresaron 560 uniformados para hacerse cargo de la vigilancia en la Línea 1. Por ello solicito la comprensión de nuestros usuarios, toda vez que este proceso se empalma con la presencia de esos pequeños grupos que se manifiestan e incitan a brincar el torniquete. Por seguridad de los usuarios, no podemos generar dos espacios de tensión al mismo tiempo.

 

Participación pública

Sería terrible una batalla campal en el Metro, por ejemplo con los vendedores.

Efectivamente. Pero la Línea 12 es el mejor ejemplo de que es posible contar con la participación decidida de los usuarios. Ellos son los primeros que nos indican o denuncian que alguien pretende vender o instalarse en alguno de los pasillos. Esa participación del público ha sido fundamental, porque nos permite actuar para prevenir y no en forma reactiva. La Línea 12 tiene un año y en ese tiempo no ha habido una queja de que haya sido invadida. Ése es el término que utilizan los usuarios para referirse al comercio ambulante en cualquiera de sus modalidades: pasillero, vagonero o bocinero. La gente nos está ayudando mucho y así esperamos que los usuarios de la Línea 1 tomen también conciencia y participen para que la presencia de los policías sea más de acción preventiva que correctiva.

¿Se ha planteado el Metro tomar medidas más radicales contra estas invasiones?

La estrategia que se ha diseñado es no permitir el ingreso de estas personas. Es muy difícil, por ejemplo, detectar a un vendedor de discos pirata, que, además, comete un delito federal relacionado con delincuencia organizada. Esos discos son muy fáciles de ocultar en una mochila. El problema es cuando se permite la entrada de los bocineros, porque las bocinas no son tan pequeñas. La instrucción que se está dando es que no se permita el ingreso y que se invite, de manera tranquila, a abandonar las instalaciones, porque tenemos que privilegiar la seguridad del usuario. Pero yo estoy seguro de que si logramos que prospere la campaña de no comprar en el interior del Metro, la propia ausencia de ventas va a ayudar a que recuperemos esos espacios confinados.

Entonces, recapitulando, se trata del rescate del Metro.

Es el rescate de la calidad del servicio del Metro, la empresa pública más importante del gobierno de la capital y, por tanto, la empresa pública de transporte más importante de América Latina. No es cualquier cosa. Y este programa de recuperación no solamente nos toca a los servidores públicos, a los trabajadores del STC, o a los policías, sino a la otra parte de esta gran empresa, que son los usuarios.