La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso su fallo para que el proyecto de resolución sea modificado y en él se incluyan las excepciones en las que esa facultad podrá utilizarse, a pesar de que la mayoría de los ministros se ha declarado a favor de que autoridades federales localicen teléfonos celulares relacionados con crímenes sin orden judicial.
La propuesta de modificación será presentada, discutida y votada este jueves, informó la ministra Margarita Luna Ramos durante la sesión de este martes.
Luna Ramos es la autora del proyecto que plantea declarar constitucional la llamada ley de geolocalización, una medida que genera polémica porque permite a la Procuraduría General de la República (PGR) solicitar a las compañías telefónicas que rastreen aparatos telefónicos vinculados con delitos graves, sin tener que contar con la autorización de un juez.
Ocho de los 11 ministros están a favor del proyecto. Sin embargo, cuatro de ellos consideran que es necesario que la Suprema Corte fije los criterios que deberá seguir la PGR, a fin de evitar abusos contra los ciudadanos.
Arturo Zaldívar, uno de esos cuatro ministros, consideró que no basta con que la ley señale que la medida únicamente podrá emplearse cuando se trate de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, amenazas y extorsión, sino que debe restringirse a “casos de urgencia”, es decir, cuando peligre la vida o la integridad de una persona o el objeto del delito pueda desaparecer.
“Sólo mencionar los tipos de delito no es suficiente”, dijo Zaldívar.
Los otros tres ministros que apoyan la ley pero que piden ponerle límites son Juan Silva Meza —presidente de la SCJN—, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Fernando Franco, quien el lunes propuso establecer que toda solicitud que la PGR haga a una compañía telefónica justifique por qué debe rastrearse un aparato.
Luna Ramos dijo que reunirá esos planteamientos y presentará una sola propuesta de redacción.
Hasta ahora, los cuatro ministros que respaldan en proyecto en sus términos son Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y la propia Luna Ramos.
Los cuatro consideran que la ley es una herramienta necesaria para combatir delitos graves como el secuestro y la extorsión, que aumentaron en el último año, y que no representa una violación a la intimidad porque localizar un teléfono celular no conlleva la intervención de llamadas o de sus mensajes.
En contraste, los tres ministros que están en contra son Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y José Ramón Cossío, para quienes esta medida es inconstitucional porque viola el derecho humano a la privacidad.
“La norma es eminente y frontalmente inconstitucional por no contener los elementos para salvaguardar el derecho a la privacidad. (…) El punto de partida debe ser el derecho humano que protege la Constitución y no la facultad de investigación (de la PGR)”, dijo Cossío.
La ley de geolocalización data de 2012, cuando el Congreso mexicano reformó el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Esas reformas fueron impugnadas ante la SCJN por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), órgano que considera que esta regulación derivará en abusos contra ciudadanos. Sin embargo, de mantenerse las posturas en el máximo tribunal, el recurso de la CNDH no prosperará pues se necesitan los votos de al menos ocho ministros para que una norma sea declarada inconstitucional.