Susana Hernández Espíndola

Precisamente en el momento en que el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda envió al Papa Francisco su carta de renuncia por jubilación, ya que el 30 de enero cumple 75 años de edad, el clero católico michoacano ha redoblado su recurrente protagonismo ante los conflictos que vive la entidad.

En el marco de un reacomodo dentro de la jerarquía eclesiástica michoacana con la solicitud de retiro de Suárez Inda y de algunos otros personajes de la Iglesia católica local, el papel de estos protagonistas ha sido ambiguo, ya que ha oscilado entre la emisión de mensajes conciliadores y por la pacificación, y las advertencias incendiarias en las que se acusa a miembros del Ejército mexicano y de la Policía Federal de estar en la nómina de los grupos criminales.

Desde esa posición variante entre ángeles y demonios, el clero michoacano ha confundido a la población propagando pedidos de auxilio al gobierno federal para que devuelva la paz a la entidad; justificaciones al surgimiento de fuerzas paramilitares; acusaciones de que las acciones de las autoridades federales y estatales son “un teatro”, y rumores de un inminente levantamiento de la población civil.

 

  Los reacomodos

En tal contexto, tras 18 años al frente de la Arquidiócesis de Morelia y medio siglo de dedicación al sacerdocio desde su ordenación, el 8 de agosto de 1964, Suárez Inda envió, el 19 de enero, su carta de renuncia por jubilación al jefe de la Iglesia católica.

De paso, llamó al presidente Enrique Peña Nieto a no doblar las manos ahora que ha emprendido una estrategia decidida contra la violencia, “pues no nos gustaría vernos esclavos a una cultura de la maldad y de la muerte”.

Nacido en Celaya, Guanajuato, en 1939, Suárez Inda fue nombrado por el Papa Juan Pablo II como octavo arzobispo de Morelia el 20 de enero de 1995 y tomó posesión de ese cargo el 23 de febrero siguiente, pero fue hasta el 29 de junio cuando recibió el palio arzobispal de manos de Karol Wojtyla.

Suárez Inda pidió en su renuncia al nuevo Papa, Francisco, que pronto nombre a su sucesor “para que venga con nuevo vigor y creatividad a impulsar esta noble Iglesia local”.

Apenas el pasado 30 de noviembre, el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, envió al pontífice su propia misiva de renuncia, exactamente por los mismos motivos que el arzobispo de Morelia, ya que el Código de Derecho Canónico, promulgado el 27 de mayo de 1917 y reformado el 25 de enero de 1983, establece que los obispos católicos deben dimitir a los 75 años, y será en unos días más cuando Francisco designe a los sucesores.

Entre los nuevos funcionarios eclesiásticos se halla Armando Antonio Ortiz Aguirre, ex párroco de San Maximiliano María Kolbe, en la Arquidiócesis de León, el cual fue nombrado, el 20 de noviembre pasado, por Francisco, como nuevo obispo de Lázaro Cárdenas, en sustitución de Fabio Martínez Castilla, quien fue designado, en febrero de ese año, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Ortiz Aguirre, ordenado sacerdote el 17 de junio de 1977 y quien asumirá su cargo el próximo 5 de febrero, manifestó al conocer su designación que asumirá la diócesis “con mucha alegría, pero también con mucho miedo”, debido a la situación que prevalece en Michoacán.

Llamados de auxilio

Encabezado por Suárez Inda, el clero michoacano publicó, en el último año, dos documentos en los que denunció la grave situación del estado, la cual, tras la reciente entrada de fuerzas federales, se ha ido suavizando, aunque a paso lento.

En el primero, del 18 de mayo de 2013, con el título de: “Mensaje de los Obispos de Michoacán al Pueblo de Dios en Nuestras Diócesis”, el prelado y los obispos de Tacámbaro, José Luis Castro Medellín; de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez; de Zamora, Javier Navarro Rodríguez, y los obispos auxiliares de Morelia, Octavio Villegas Aguilar, Juan Espinoza Jiménez y Carlos Suárez Cázares, y de Zamora, Jaime Calderón Calderón, así como el administrador diocesano de Lázaro Cárdenas, David Guerrero Bazán, justificaron la aparición de grupos paramilitares, que irrumpieron en la escena michoacana en febrero.

“Nos duele profundamente —observaron los sacerdotes— la sangre que se ha derramado, la angustia de las víctimas de los secuestros, los asaltos y las extorsiones; las pérdidas de quienes han caído en las confrontaciones entre las bandas, que han muerto por el poder criminal de la delincuencia organizada o han sido ejecutados con crueldad y frialdad inhumana.

“Nos interpela el dolor, la incertidumbre y el miedo de tantas personas, y lamentamos los excesos que se dan en algunos casos al tratar de dar con los delincuentes”.

Tras puntualizar que “es generalizada la percepción de que falta eficacia en las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad, el orden, el derecho al libre tránsito”, lo que afecta “la actividad social y económica ordinaria de la población”, el clero michoacano señaló que, en este contexto, “no nos extraña el surgimiento de las llamadas ‘policías comunitarias’, signo y consecuencia del hartazgo de la población ante el crecimiento de los problemas arriba señalados, con lo cual se ha aumentado la confusión para los habitantes de las comunidades, que se ven rodeados de grupos armados de distinta procedencia, muchos de los cuales se autonombran defensores de los intereses de la gente y hasta pretenden actuar en nombre de Dios”.

Indicaron los prelados que la situación era más grave en la región de Tierra Caliente y, tras solicitar la intervención de autoridades de todos los niveles para instrumentar soluciones efectivas a favor de las víctimas, pidieron a los párrocos michoacanos que “haciéndose solidarios con los fieles, hagan cuanto esté a su alcance, privilegiando como es natural la asistencia espiritual, el acompañamiento a las familias y esforzándose por realizar acciones concretas a favor de la paz y de la reconciliación”.

En un segundo documento, emitido el 1 de diciembre, con el título de “Mensaje de Adviento de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Morelia al Pueblo Amado de Dios en Nuestras Diócesis”, los jerarcas religiosos michoacanos advirtieron que, “en alguna forma, todos hemos contribuido a crear esta situación cerrando los ojos, permitiendo lo incorrecto, callando ante la injusticia, dejándonos arrastrar por nuestros instintos y pasiones”.

A la par de admitir que “la sociedad está a tal grado contaminada por la corrupción”, que considera que “cualquier esfuerzo de querer mejorar las cosas está condenado al fracaso”, el clero llamó a “dejar a un lado la agresividad y aceptar que el principio de la paz es la reconciliación y el perdón”.

En ese sentido, exhortó a los jóvenes “a que no se resignen a vivir en un clima de confrontación y violencia” y a ser “mensajeros y constructores de la paz y la justicia”.

Luego de clamar porque la sociedad deje “la apatía y el individualismo” y porque la clase gobernante, “con toda determinación y todos los medios posibles”, instaure “un orden de justicia y equidad”, el arzobispo, los obispos y los obispos auxiliares pidieron a todos los ciudadanos que “despertemos de nuestro letargo y empuñemos las armas de la verdad y la justicia”.

La falla de la Iglesia

En una entrevista concedida en septiembre de 2013 al equipo de comunicación de las Obras Misionales Pontificio Episcopales de México (OMPE), Suárez Inda definió en dos grandes ejes su trabajo en la diócesis más antigua de México, que abarca 55 municipios de Morelia y del resto del estado: una evangelización “que forme discípulos misioneros de Cristo” y la atención pastoral a la familia.

En la conversación, el arzobispo definió las causas que, a su juicio, devinieron en la crisis que ha vivido esa entidad en los últimos años, admitiendo la propia gran falla de la Iglesia en ese proceso: “la pobreza, la mala educación y luego quizá en algún momento la falta de atención de las autoridades. Pero, la causa fundamental, la raíz, está en el corazón de las personas y está en la falta de una educación y de una evangelización más eficaz”.

Suárez Inda explicó que “el crecimiento de grupos delictivos, empezando con el narcotráfico, pero después con otro tipo de intereses, han hecho casi en algunos lugares gobiernos alternos, cobrando cuotas, extorsionando gente y amenazándola”.

Al referirse a la capital, Morelia, dijo que “la gente vive atemorizada por amenaza de secuestro y de extorsión” y que los grupos de criminales locales “incursionan a Guanajuato, a Jalisco y a otros estados vecinos para secuestrar o hacer de las suyas”.

Indicó que estos grupos, que conforman toda una red organizada, adoctrinan a los jóvenes con la mística falsa de “hacer justicia, cuando están cometiendo gravísimas injusticias”, y el atractivo “para un chico o una chica de pagarles altos sueldos por ser colaboradores o cómplices del crimen, es una grande tentación ante la falta de empleo y ante la falta de formación moral, humana y cristiana”.

El arzobispo pidió en ese sentido a sus fieles que “no se dejen arrastrar por estos señuelos, por esta seducción de las ganancias”, ya que “el principal policía tiene que ser la conciencia de cada quien”.

El 18 de noviembre, en el arranque de la IX Asamblea de la Diócesis de Morelia, la cual duró tres días, Suárez Inda calificó como una perversidad el hecho de que los grupos criminales usen los sentimientos o creencias religiosas de los fieles para legitimarse y matar y robar.

También llamó a los políticos, alcaldes y a todos los cristianos a no involucrarse en actividades delictivas, asegurando, a la vez,  que la situación no debe recomponerse a la fuerza ni con violencia, sino a través de la reconciliación y el respeto a la dignidad de las personas”.

En su más reciente mensaje, del 15 de enero, el arzobispo de Morelia llamó a la sociedad a no permanecer indiferente y a ser sensible ante los terribles conflictos de Michoacán; pidió a las  autoridades que impongan el orden, la ley y la justicia, y clamó por el restablecimiento del tejido social y la superación del “clima de terror” que vive la entidad.

Miguel Patiño Velázquez

Nombrado también por el papa Juan Pablo II como obispo de Apatzingán, el 14 de abril de 1981, Miguel Patiño Velázquez causó conmoción nacional, el 15 de octubre de 2013, al publicar un polémico texto titulado: “Hagamos de Michoacán un Estado de Derecho”, en el que aseguró que esa entidad tenía todas las características de un estado fallido”, entendido éste como un territorio en el que hay ausencia de la ley y la justicia”, lo que provoca “inseguridad, miedo, tristeza, ira, desconfianza, rivalidades, indiferencia, muerte y opresión”.

El sacerdote describió con detalle cómo la delincuencia organizada había dividido a la entidad.

“El Estado de Michoacán —dijo— tiene todas las características de un Estado Fallido. Los grupos criminales: Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si fuera un botín. La Costa: para la entrada de la droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas; la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera: para el cultivo de mariguana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales. Las ciudades más importantes y todo el Estado: para el trasiego y comercio de la droga, ‘venta de seguridad’ (cuotas), secuestros, robos y toda clase de extorsión”.

Patiño denunció que a la par del aumento de delitos como los secuestros, asesinatos y los cobros de cuotas, se estaba “obligando a líderes sociales y a las personas en general para que firmen y pidan que el ejército y los federales se vayan de Michoacán y a los comisariados ejidales se les ha amenazado para que vayan ante el Congreso de la Unión a hacer la misma petición”.

“Los gobiernos municipales y la policía —continuó— están sometidos o coludidos con los criminales”, e hizo eco al rumor de que “el gobierno estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad”.

Luego de anotar que los gobiernos de seis municipios se habían “vendido a la delincuencia”, Patiño destacó que la población se organizó para “autodefenderse”, lo que ocasionó la respuesta de los llamados Caballeros Templarios “que intentan recuperar las plazas perdidas y ahogarlos, dificultándoles la comercialización de sus productos o impidiendo que las pipas de gasolina surtan las gasolineras que se encuentran en esos municipios”.

El obispo destacó que desde mayo se tenía la presencia de las fuerzas federales (Policía Federal, Ejército y Marina) “con una estrategia para devolver la paz a Michoacán”, pero argumentó que esas fuerzas no habían sido efectivas, ya que no habían “capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado, aun sabiendo dónde se encuentran”.

Aunque no señaló en qué basaba esa presunción, el sacerdote indicó: “No obstante les damos el voto de confianza y esperamos tengan el firme propósito de solucionar el problema”.

En los días subsiguientes a su documento Patiño, dijo, en una entrevista televisiva, que entre 1985 y 2012, en la diócesis de Apatzingán, que se compone de 27 parroquias, el crimen organizado había asesinado a cinco sacerdotes.

El 20 de octubre, Patiño emitió un nuevo comunicado titulado “Llamado Urgente a la Conversión”, en el que, tras plantear a los fieles la crisis que se vivía en Apatzingán y los municipios aledaños, sostuvo que “Toda la sociedad se está yendo a la ruina, y así no hay economía que aguante”.

El ministro católico cuestionó el papel de las autoridades ante la ola de violencia en la diócesis e hizo un exhorto urgente a la conversión, es decir, a que cada persona, incluso quienes “se dedican a hacer el mal”, analice la situación y trate de cambiar “para mejorar el municipio y la región”.

El 31 de octubre, Patiño encabezó una marcha por la paz, y, el 3 de noviembre, durante una misa, indicó que entre enero y principios de noviembre habían ocurrido en esa jurisdicción 920 asesinatos y 42 secuestros, tres mil familias habían sido desplazadas por la violencia, mientras que la delincuencia se había apropiado, por la fuerza, de los terrenos de 2 mil personas.

Al salir de la misa, y luego de admitir que había sido amenazado de muerte por los Caballeros Templarios, el cura fue sometido al resguardo de la Policía Federal y, desde el 6 de noviembre, en espera de su relevo al frente de la diócesis de Apatzingán, permanece en un “retiro espiritual” en Guadalajara, Jalisco.

En nombre de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), integrada por los más de cien obispos de todo el país, su presidente, el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, y el secretario general, Eugenio Lira Rugarcía, obispo auxiliar de Puebla, dieron a conocer, el 23 de octubre, un comunicado titulado “Por la Paz en Michoacán en México”, en el que manifestaron el apoyo unánime a la denuncia del padre Miguel Patiño Velázquez.

“Solicitamos a las autoridades federales, estatales y municipales una acción pronta y eficaz ante la injusticia de los levantones, secuestros, asesinatos y cobro de cuotas que afectan al bien y la prosperidad de tantas personas y comunidades, y les pedimos estrategias para favorecer la calidad de vida de los ciudadanos y su desarrollo integral”, demandaron los obispos.

La CEM planteó la situación de Michoacán y de Guerrero ante los enviados del Papa Francisco, Marc Oullet, prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina (quien lideró la primera ronda de votaciones para sustituir al papa Benedicto XVI), y Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, durante la XCVI Asamblea Plenaria de ese organismo, celebrada  del 11 al 15 de noviembre en su sede de Lago de Guadalupe, Estado de México.

Se espera que al dar a conocer la designación del relevo de Patiño en Apatzingán, el Papa Francisco se pronuncie al respecto.

Javier Navarro Rodríguez

Tras la voz de Miguel Patiño Velázquez, se alzó la de monseñor Javier Navarro Rodríguez, designado por el Papa Benedicto XVI, el 3 de mayo de 2007, como obispo de Zamora, quien no obstante y descartó, durante una conferencia de prensa realizada el 11 de noviembre de 2013, que los obispos y sacerdotes de Michoacán estuvieran siendo perseguidos por algún grupo delictivo, sí se quejó de las difíciles condiciones en las que ejercen su ministerio.

“Sí corremos el riesgo que corre cualquier ciudadano al transitar de un lugar a otro, porque nuestra labor es viajar por comunidades alertando a la gente y también consolado a nuestros pueblos”, comentó Navarro.

Avalando la visión del obispo de Apatzingán, indicó Navarro: “los obispos de Michoacán y Guerrero estamos realizando el trabajo evangelizador en un contexto quizás de más violencia que otros estados y monseñor Miguel Patiño tal vez está en la zona más conflictiva y candente (Tierra Caliente), donde el pueblo se siente indefenso, porque hay autoridades de distintos niveles que, por presión o por complicidad, están involucradas con algún grupo de delincuencia organizada”.

Dijo que la declaración de Patiño “parte de un corazón de pastor que ha vivido más de treinta años en aquella zona, la conoce perfectamente y sabe que su voz es una amplificación de las voces de mucha gente que se siente indefensa, desprotegida y que ha tenido que lamentar muchos atropellos sin que se vea que priven la ley y el respeto a la vida humana”.

Navarro refirió que el comunicado difundido el 18 de mayo por los obispos michoacanos fue entregado a Jesús Reyna, quien era el gobernador interino de Michoacán, pero hasta que Miguel Patiño denunció la situación de violencia, fue cuando las autoridades reforzaron la seguridad con elementos del Ejército y policías federales.

Sin presentar datos específicos, el obispo de Zamora sostuvo que la inclusión de funcionarios federales y estatales en la nómina de Los Caballeros Templarios era una “práctica añeja”, y anunció que en mayo de éste 2014, los obispos de Michoacán y Guerrero sostendrán una reunión con el Papa Francisco, a quien le expondrán la situación de violencia de ambas entidades.

El pasado 16 de enero, al hablar sobre la incursión de militares en el ejido de Antúnez, en Parácuaro, Michoacán, el día 13, con saldo de dos personas muertas, Navarro destacó las acciones de los grupos paramilitares, aún por encima de la labor del Ejército constitucional.

“Estos civiles, llámense autodefensas o policía comunitaria, entraron el 16 de noviembre a Tancítaro, y, cosa admirable, sacaron a los Templarios, que tenían años como dueños de la plaza, sin hacer un solo disparo ni derramar una gota de sangre. En dos meses no ha habido ni extorsión, ni secuestros ni muertos”, indicó.

Navarro insistió en la “complicidad, forzada o voluntaria, entre algunas autoridades y el crimen” y agregó que “no hay voluntad de terminar con la violencia”.

Navarro Rodríguez se ordenó como sacerdote el 23 de diciembre de 1978 y fue obispo de San Juan de los Lagos, desde el 20 de enero de 1999, hasta su nombramiento al frente de la diócesis de Zamora. También ocupa el cargo de vicepresidente de la CEM.

El “Padre Goyo”

Protegido con un chaleco antibalas desde octubre pasado, debido a las amenazas que ha recibido por parte del crimen organizado, el padre Gregorio López o “Padre Goyo”, vicario de la diócesis de Apatzingán, ha realizado continuos llamados a su feligresía para que participen en “su liberación” y la recuperación de lo que es suyo, “hasta con un garrote”.

Durante su mensaje del sábado 18 de enero en la plaza principal de Apatzingán, en un mitin ante 700 personas, frente al Palacio Municipal, López demandó a su grey dejar “el miedo para el diablo” y ayudar al Gobierno a que expulse de Michoacán a los Caballeros Templarios.

A pesar de que sostiene que la operación lanzada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para recuperar Michoacán de manos de las bandas criminales no va a funcionar si la gente no coopera y la autoridad no empieza a detener a los líderes, el sacerdote ha señalado que “le beso los pies” al Presidente de la República, si “agarran al 1, al 2 y al 3” de los jefes Templarios, Nazario Moreno González, alias “El Chayo”, Enrique Plancarte Solís y Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

El padre intenta crear el Consejo Ciudadano Responsable de Impulsar un Sano Tejido del Orden Social (CCRISTOS), integrado por “cien ciudadanos de altísimo nivel de credibilidad”, para sacar adelante la lucha contra la delincuencia mediante el escrutinio de la honorabilidad y honradez de cada persona que viva en Apatzingán, comenzando por el presidente municipal.

“Si (el ciudadano) es digno de crédito”, indica, “que se quede, y lo defendemos. Pero si no pasa del 51 por ciento (de votos del consejo), tiene que irse”.

No obstante, López un día resalta la labor de los grupos paramilitares y otro los acusa de “secuestrar y extorsionar al pueblo”. Otro día clama por la ayuda federal, y a la mañana siguiente acusa a la Policía Federal y al Ejército de estar en la nómina de los Templarios.

El sacerdote califica al gobernador Fausto Vallejo como un anciano “decrépito” que “armó un teatro” con las autoridades federales para protegerse y que visitó Apatzingán, justo cuando los jefes criminales más nocivos, Nazario Moreno (que, se presume, fue muerto el 9 de diciembre de 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón) y “La Tuta” comían plácidamente en un rancho llamado “La Cucha”, cerca de esa localidad.

Según López, el mismo 18 de enero se libró de un atentado, ya que se enteró que cinco hombres armados ingresaron a la catedral de la Inmaculada Concepción de Apatzingán buscándolo, y luego fueron abatidos a tiros por agentes de la Policía Federal.

El “Padre Goyo” insiste en que “el presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, es sobrino de Nazario Moreno”, en tanto que el regidor Isidro Villanueva Moreno, “es su primo hermano”.

También ha emplazado a la Policía Federal para que muestre pruebas del operativo que ha emprendido en el estado.

El “Padre Pistolas”

Tal vez el caso más sui generis entre los curas de Michoacán es el del padre Alfredo Gallegos Lara, un hombretón de casi dos metros de estatura, con alma de niño, hablar franco y florido, que viste pantalones y botas vaqueras, muy al estilo norteño, y ejerce sus funciones pastorales llevando al cinto una pistola con cacha de oro y resguardando, en un lugar secreto, por lo menos otra decena de armas, para, según él “hacer cumplir la palabra de Dios”.

El “Padre Pistolas”, como se le conoce desde 1979, decidió armarse no con permiso de la autoridad civil, sino “con la única licencia de Dios”, para “enfrentarse a los caciques”, ya que, dice, “la Policía Judicial les tenía miedo”.

Originario de Tarimoro, Guanajuato, Gallegos se mantuvo durante 24 años como párroco de Jaral del Refugio, en esa misma entidad, donde, recién llegado, se tuvo que enfrentar a un matón que aterrorizaba a la población cada que se emborrachaba.

“Tuve que fajarme la pistola, tomarlo del cuello, mentarle la madre, subirlo a una camioneta y amenazarlo con meterle de plomazos porque no había de otra, era la ley de la pistola y del más valiente”, contó Gallegos en una entrevista.

El sacerdote es también un estupendo cantante de ranchero, que gusta de tocar la guitarra y tomar tequila, y es admirado, querido y protegido por su feligresía, a pesar del recelo de los jerarcas eclesiásticos, a los que les ha producido no pocos dolores de cabeza.

Desde el 5 de mayo de 2004 el “Padre Pistolas” fue trasladado a Chucándiro, Michoacán, a 50 kilómetros al norte de Morelia, para continuar con su actividad pastoral.

A cargo de los templos de San Nicolás Tolentino y del Hospital “La Guananchita”, el “Padre Pistolas” escribe una columna semanal en internet, con ese mismo nombre, mediante la cual comparte sus reflexiones (http://www.changoonga.com/columnas/la-sagrada-familia/).

Cuando el 20 de septiembre de 2011, el entonces candidato del PRI y el PVEM al gobierno del estado, Fausto Vallejo, visitó al padre en el templo de San Nicolás, durante su paso por Chucándiro, en donde prometió la rehabilitación de la presa Urundaneo, Gallegos bromeó, con desparpajo, sobre su estado de salud.

En un gesto de solidaridad, Fausto le ofreció al padre que tendría las puertas abiertas para lo que se le ofreciera, pero el sacerdote indicó, entre la risa de su feligresía: “No te pido nada, pero a ver qué me das. Estás como cuando canto: cobro, pero no me pagan”.

Gallegos le relató al político que al templo, construido en 1524 por Vasco de Quiroga, el “Tata” Lázaro Cárdenas le dio “en la madre”. Luego dijo que el gobernador Leonel Godoy le prometió un presupuesto de 100 mil pesos para el rescate de una torre de la parroquia, pero a sólo unos meses de que terminara su gestión todavía no llegaba.

Cuando el religioso repasó las obras que se llevan a cabo en la parroquia, mencionó: “la Luisa María (Calderón, candidata del PAN) me prometió unos muebles y todavía los estoy esperando…. ¿Qué tiene Morelia que no tenga aquí? Que me regalen los farolitos, lo que sobre”.

Vallejo comentó: “Allá tenemos obispo y aquí no”.

Y el padre puntualizó: “Pues sí, pero aquí tienen al Padre Pistolas”.

Luego se quejó: “Y de veras que esos diputaditos valen madre. No admiten que se les de dinero a los templos”.

Gallegos le dijo a Vallejo: “Ya he hablado mucho. Te agradezco mucho tu presencia. No te corro, pero ya vete”.

Y al final le sugirió. “Te voy a dar la bendición, porque la necesitas. No vaya a ser que te nos petaties de repente”.

Al recordar, éste 22 de enero, que Luis Echeverría fue el impulsor de la ley actual de Armas de Fuego y Explosivos, el “Padre Pistolas” sostuvo en el portal de internet “IM (Ignacio Martínez) Noticias” (http://ignaciomartinez.com.mx/noticias/tratarnos_como_lo_que_somos_hermanos_34026) que “desde que Luis Echeverría nos quitó las armas a los ciudadanos, nos quitaron también el derecho de defendernos. En el cristianismo, la única ocasión en que se nos permite el asesinato es cuando defendemos nuestra vida”.

Indicó que las guardias comunitarias, “a quienes debemos apoyar”, son una respuesta al abuso, ya que están cansados de los Zetas, la Familia Michoacana y los Templarios, “aunque Cristo le dice a San Pedro: ‘Guarda tu espada, porque, al que a hierro mata, a hierro muere’”.