Magros avances en seguridad
Félix Fuentes Medina
De entre las calamidades que azotan la nación, persisten inseguridad, corrupción, pobreza y desempleo. Día a día se agravan y la gente no advierte soluciones, lo cual desespera y se pierde confianza en el régimen.
Los principales focos delictivos se agrandan en Tierra Caliente, de Michoacán y Guerrero, así como en Tamaulipas, Coahuila y Jalisco.
La legalización de autodefensas en Michoacán incrementó temor e incertidumbre, visto lo sucedido en naciones como Colombia, donde supuestos defensores de la población civil cometen graves ilícitos, apropiándose de tierras y otros bienes sin que su gobierno pueda someterlos.
Si el envío de tropas y agentes federales a Michoacán a mediados de enero pasado fue para desarmar a las autodefensas y perseguir a Los Caballeros Templarios, es incomprensible el viraje atribuido al comisionado de seguridad en ese estado, Alfredo Castillo, de recurrir a grupos civiles.
A causa de tan controvertida decisión, el gobierno del presidente Peña Nieto sufre permanente deterioro en imagen y sobre su capacidad para enfrentar y eliminar la delincuencia.
El otorgamiento de poder a las autodefensas revela que el gobierno federal reconoce ineficiencia para desbaratar los cárteles.
Si las autodefensas derrotan a Los Caballeros Templarios, lo cual no sucederá en poco tiempo, ahora con la posesión legal de armas y protegidos por el Ejército exigirán dividendos inmediatos y se apoderarán de propiedades, como ya lo hacen en Apatzingán, que fue principal reducto del cártel templario.
¿Por qué se llegó a esto si el comisionado Castillo afirmó que ya no eran necesarias las autodefensas en cuanto llegaron los refuerzos militares a Michoacán para “someter a los delincuentes y devolver la paz”?
Debido al fracaso oficial en la localización de los capos templarios, hay opiniones encontradas de si las autodefensas serán la solución para restablecer la seguridad en ese estado.
El gobierno federal ya integró 221 expedientes de individuos y está en vías de armar 30 más. Los michoacanos temen pasar de un infierno a otro peor, si las decapitaciones continúan y los restos humanos son abandonados cerca de donde pernoctan los militares.
En este escenario, la pobreza abarca a casi 60 millones de mexicanos y la cruzada contra el hambre se convierte en fracaso rotundo. Por ello circula la versión de que la experredista Rosario Robles va a ser removida de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, el presidente Peña Nieto no ha decidido ajustes en su equipo.
La corrupción llega a niveles nunca vistos. Según Transparencia Internacional, nuestro país se ubicó el año pasado en el lugar 106 de entre 177 naciones, al lado de Argentina, Gabón y Níger. Ocupa el último lugar en el grupo de la OCDE, a 87 lugares de Uruguay y a 84 de Chile.
Lo peor sucede en el sector oficial a causa de la obesa burocracia y un gasto público brutal que impide la realización de obras públicas y la generación de empleos.
Las rebatiñas en los ámbitos de compras y servicios suceden en todos los niveles. Es el caso de las licitaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde los funcionarios exigen a los concursantes ganadores hasta 50 por ciento de las ganancias que puedan obtener en casa empresa.
En el IMSS dictaminan las licitaciones Aurora Coutiño, titular de los Servicios Administrativos en la Delegación Norte; José Luis Quintana Corona, coordinador de abastecimiento y equipamiento de la misma delegación y Patricia Siles Araujo, jefa del Departamento de Bienes y Contratación de Servicios de la misma área.
Diego Zamora es coordinador técnico de Resguardo de Inmuebles. Son quienes integran la burocracia comandada por Edgard Huerta, quien fija los montos de cada extorsión y se ostenta como amigo del director general de la institución, José Antonio González Anaya.