“Este año, los mexicanos hemos decidido superar mitos y tabús para dar un gran paso hacia el futuro. A través de sus instituciones democráticas, México se ha pronunciado en favor del cambio y la transformación.” Con estas palabras el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, promulga, el pasado 20 de diciembre, con bombos y platillos la tan anunciada reforma constitucional en materia energética aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales.

Con el decreto, se modifican los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política con lo que se abren a la inversión privada las áreas energéticas,  petroleras y eléctricas.

Sin embargo, los expertos en materia energética advierten que “todavía falta el diseño, la elaboración, la discusión y la aprobación de la ley reglamentaria, la ley secundaria, donde estarán estipuladas una serie de condiciones que darán realmente cuerpo y forma para generar los resultados para lo que es la reforma constitucional en materia energética”.

“Lo que se aprobó en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales, que es la reforma constitucional, es el cascarón, es el primer paso para echar andar, para mover la estructura, pero no es realmente lo que será el contenido sustantivo de los efectos que tendrá la reforma misma; hay que ser cautos y esperar a lo que surja de la legislación secundaria.”

“Sin lugar a dudas las tres grandes fuerzas políticas en México y la sociedad en general, la ciudadanía, los grupos empresariales, la actividad productiva en México, estamos de acuerdo en que se requiere una transformación de la industria petrolera, eso no está sujeto a debate; hay una coincidencia en ese sentido, sea cuál sea el sector de la población o el sector productivo en México. También había una coincidencia en el sentido de que el marco constitucional anterior, el que estaba vigente hasta que se promulgó el decreto de reforma el 20 de diciembre pasado, era inadecuado para desarrollar el sector mismo.”

No obstante, “hay cuestiones en que tendremos que estar nosotros —como medios, como sociedad civil, como ciudadanía organizada y también dentro de los actores del sector mismo—muy atentos”, no hay que perder de vista el objetivo fundamental de la reforma que es “proteger de mejor manera el interés público”;  que los legisladores, ahora iniciado el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, llegado el momento de la discusión secundaria de la reforma constitucional en materia energética, generen un buen marco jurídico de regulación que incluya mecanismos de auditoría, transparencia y rendición de cuentas.

De ahí que, de acuerdo con los especialistas, la regulación ha de concentrarse en la capacidad técnica de los miembros de los órganos reguladores, quienes organizarán la discusión con los inversionistas y las reglas para la apertura del sector.