Sobrevivientes de la delincuencia
Manuel Nava
Chilpancingo, Gro.- En tanto las autoridades gubernamentales se empeñan en la búsqueda de un mecanismo para legalizar las llamadas autodefensas, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) continua ampliando su presencia y haciéndose sentir indispensable para enfrentar el problema de la inseguridad pública.
Hoy la UOPEG tiene presencia en por lo menos 25 municipios de los 46 en donde existen civiles armados para enfrentar la delincuencia en la entidad guerrerense que comprende 81 demarcaciones municipales. En los otros 19 predomina la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), esto independientemente de la denominación circunstancial que presentan.
La CRAC fue tajante en el rechazo de la cobertura legal ofrecida por el gobierno mientras que en el caso de la UOPEG la insistencia semeja un cortejo.
El jueves 6 de febrero, los integrantes del sistema de la UPOEG, encabezados por Bruno Plácido Valerio, se reunieron con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y decidieron entrar a un procedimiento de regularización o legalización de la Policía Ciudadana.
Dicho encuentro fue en privado en Casa Guerrero, y se habló además de retomar la Comisión de Armonía para los pueblos indígenas de La Montaña, Costa Chica y Centro que en marzo de 2013 plantearon. La fecha para que quede instalada esta vez sería el próximo 25 febrero.
No obstante, Plácido Valerio aseguró que serán los pueblos los que decidan cómo formalizarán la policía e inició el lunes 10 de febrero un mecanismo de consenso entre los pueblo donde tiene presencia para conocer su opinión de la regularización de la Policía Ciudadana
Debe recordarse que el 7 de septiembre de 2013, en una Asamblea en Playa Ventura, municipio de Marquelia, la UPOEG rechazó que la Policía Ciudadana se convierta en Policía Rural, sin embargo acordaron la regulación, pero antes lo someterán a foros de consulta. El mismo acuerdo se tomó en las asambleas de San Marcos en agosto y en Tierra Colorada en noviembre.
En distintas ocasiones, Plácido Valerio, dirigente de esa organización, sostuvo que la figura jurídica de Policía Rural no es la alternativa. Incluso dio a conocer que el rechazo a la figura de la Policía Rural motivó que la UPOEG tramitara un amparo para declarar inconstitucional la reforma a la Ley 285, que dio paso a la creación de este tipo de policía, y para permitir que haya una contra reforma en la que se quite el concepto jurídico legalizar y se cambie por regularizar.
La UOPEG insistió ante el Congreso local en la revisión del sistema legal de seguridad e impartición de justicia, y en la regulación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano, en el marco del artículo 39 de la Constitución federal.
La diputada perredista Abelina López Rodríguez coincidió en que se requiere coordinación y no subordinación de los ciudadanos con las autoridades, y destacó que el movimiento de la UPOEG no se opone a la reglamentación, pero exige ser tomado en cuenta. Señaló que el papel de los diputados es incluir en el proyecto de la Constitución Política un capítulo donde se reflejen los derechos indígenas y la regulación de la Policía Comunitaria, como se establece en el artículo segundo de la Constitución federal, que establece la autodeterminación de los pueblos.
Placido Valerio dijo que se ha reunido con empresarios, transportistas, universitarios y la Iglesia, “porque el movimiento no puede rechazar a nadie, y ahora todos son sobrevivientes de la delincuencia que no perdonó sectores. Estamos buscando diálogo porque todos los sectores son importantes”.
El 13 de febrero elementos de la UOPEG se enfrentaron a balazos con presuntos delincuentes dedicados a la extorsión, en la comunidad de Ahuizotla, municipio de Chilpancingo, al cual pretenden resguardar.
Santos Moreno Agustiniano, coordinador de la UPOEG, aseguró que al sistema de la UPOEG llegaron denuncias de que en Acahuizotla, de Palo Blanco, y en El Ocotito hay extorsionadores que cobran cuotas incluso en el mercado y las purificadoras. Moreno Agustiniano dijo que son 12 los señalados y ubicados como extorsionadores.
Además de la balacera, se registró el cateo de dos casas, supuestamente de gente que alimentaba a los delincuentes. El coordinador informó que investigarán a los habitantes de esas casas, aunque no precisó cuántos o si se los llevarán detenidos.
Lo evidente es que tanto CRAC como UOPEG continúan haciéndose sentir y han ido desarrollando un poder paralelo en el territorio de Guerrero.
A finales de febrero, siempre en un escenario derivado de las acciones del crimen organizado, decenas de comunidades situadas en la región de Filo Mayor constituyeron el Consejo de Pueblos de la Parte Alta de la Sierra de Guerrero, para enfrentar con todo a una fuerza de más de 400 hombres armados, lo que calificaron como un acoso criminal que se viene sufriendo desde hace un año.
Si bien se trata de un hecho que desde 2012 se viene repitiendo en diferentes regiones socioeconómicas de Guerrero, resalta particularmente el lenguaje utilizado para hacer el anuncio del nuevo grupo.
“Este Consejo de Pueblos determinó defendernos hasta la muerte contra los grupos del crimen organizado.”
Luego hablaron de que el 21 de febrero la comunidad de Lindavista, municipio de San Miguel Totolapan estuvo bajo fuego y sitiada durante la mayor parte del día, por lo que desmintieron tajantemente al procurador Iñaky Blanco Cabrera, quien en conferencia de prensa salió a decir que durante la refriega de ese día se enfrentaron dos bandas criminales con saldo de dos muertos.
Lo que realmente pasó es que la comunidad de Lindavista fue atacada por unos 200 hombres con armas de guerra —fusiles AK-47, lanzagranadas y granadas de fragmentación—, como represalia porque ahí se realizaría la integración formal del Consejo de Pueblos de la Parte Alta de la Sierra de Guerrero, “precisamente para buscar la forma de defendernos del acoso criminal que ejerce contra la población civil ese brazo armado de La Familia Michoacana”, según su versión.
Los acuerdos a que se llegó en esa reunión de comisarios, dirigentes y habitantes de la zona alta de la sierra fueron:
1. Integrar una mesa directiva por cada una de las comunidades con el único fin de conseguir armas cortas y largas para poder confrontar a los criminales “a sangre y fuego”.
2. Organizar una red de comunicación con radios de onda corta para apoyarse en caso de un ataque
3. Gestionar ante el gobierno federal apoyo para proyectos productivos, atención a la salud, vías de comunicación y escuelas, dado que la región “se encuentra en un total abandono por parte de las autoridades”.
El 22 y 23 de febrero, cientos de personas encapuchadas y armadas encabezadas entre otras personas por Pedro Pablo Urióstegui Salgado —a quien le secuestraron desde hace meses a su hijo Tomás Urióstegui, quien sigue desaparecido hasta la fecha— efectuaron un bloqueo total de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura del crucero que conduce hacia Apaxtla, en demanda de ser escuchados directamente por el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Al bloqueo carretero se sumaron miembros del Movimiento Apaxtlense de Autodefensa (MAAC), quienes colaboraron cerrando la carretera de acceso a su cabecera municipal.
Uriostegui Salgado abandonó el bloqueo el tercer día, dejando a la deriva el movimiento y argumentando haber recibido amenazas.
Pedro Pablo Urióstegui, a quien atribuyen vínculos directos con el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, fue alcalde de Teloloapan por el PRD en el periodo constitucional 1990-1993, y después pasó a las filas del PRI.
Acusado por presuntos delitos del orden federal, en 1994, durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, estuvo preso en el penal federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.