Entrevista a María Elena Meneses Rocha/Presidenta de la AMIC
Moisés Castillo
Los magnates Carlos Slim y Emilio Azcárraga Jean se encuentran inquietos, hasta el punto de que Grupo Carso, Grupo Inbursa, América Móvil, Telmex, Telcel y Grupo Televisa interpusieron amparos por la resolución de preponderancia que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Es decir, son empresas que al ofrecer servicios de radiodifusión o telecomunicaciones concentran directa o indirectamente una participación mayor al 50 por ciento del mercado nacional, que puede ser por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico en redes.
Según los comisionados del IFT, regular la preponderancia significará mayor oferta de servicios y a mejores precios para los usuarios. De acuerdo con la declaratoria, la participación directa o indirecta entre empresas del mismo grupo compromete la independencia de competidores actuales o potenciales.
En este sentido, los agentes preponderantes deberán, entre otras acciones, compartir infraestructura de redes, ductos, torres, derechos de vías, ofrecer sus espacios sin discriminación, y no podrán tener la exclusividad de ciertos contenidos.
“AMX, Carso e lnbursa al tener como principales accionistas de su capital social a los miembros de la Familia Slim, responden a un comportamiento coordinado, es decir, ninguna de dichas sociedades, por sí o a través de sus filiales, tomará decisiones que afecten negativamente los intereses de su grupo.”
Por otro lado, el IFT señala que Televisa, al controlar 67 por ciento de la audiencia en TV abierta, ser accionista mayoritario de SKY, contar con activos en Cablevisión y Iusacell, podría tener incentivos para impedir una competencia real en el sector.
“Se observa que Grupo Televisa participa también en la prestación de servicios de televisión restringida, telefonía fija y telefonía móvil, de lo que se desprende que podría tener incentivos para impedir el proceso de competencia y libre concurrencia en dichos mercados.”
El trámite de los juicios podría alargarse un año, pues las sentencias serán revisadas por los tribunales colegiados especializados en telecomunicaciones, y posiblemente por la Corte, si es que fuera necesaria una interpretación directa de la Constitución o los ministros resolvieran ejercer su facultad de atracción.
Slim Domit rechaza prestar gratis su infraestructura
Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil y Telmex, rechazó que otros concesionarios usen gratis la infraestructura de sus empresas.
“No entendemos que, por ley, una empresa tenga que dar gratis y sin ningún ingreso sus servicios a su competidores, eso no hemos visto que suceda en otros países, y la otra es la limitación mínima de dos años para poder competir nuevamente en todos los servicios; el que México lleve tantos años rezagados en la convergencia de servicios pues creemos que no es lo ideal para el sector, pero en general estamos analizando la reforma.”
Asimismo, Televisa se queja de las disposiciones que establece la ley secundaria de telecomunicaciones como limitaciones a su infraestructura instalada, venta de publicidad, producción, programación y distribución de contenidos, así como en la adquisición de exclusividades y participación en otros medios de comunicación.
Hay que recordar que en junio del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto destacó la reforma en materia de telecomunicaciones para garantizar no sólo mejores servicios, mayor competencia y precios justos.
“Queda claro que todos los mexicanos ganan con esta reforma constitucional… Gana la población porque además de disfrutar de los beneficios de la era digital tendrá acceso a productos y servicios de mayor calidad y a mejores precios. Los alcances de la reforma deben reflejarse en las leyes reglamentarias.”
Y eso pasó. Las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones que se discuten en el Congreso fomentan la censura y no combaten los monopolios, coinciden algunos académicos, analistas y legisladores de la oposición. Además hay otros temas polémicos como la regulación del espectro radioeléctrico, preponderancia de los operadores, aplicación del must offer y must carry, las facultades del IFT y las concesiones únicas.
Voces diversas
El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, señaló que la iniciativa de ley secundaria del presidente Enrique Peña Nieto distorsiona los avances logrados en la reforma constitucional.
A su vez, Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, adelantó que su bancada aprobará la reforma secundaria para combatir los monopolios.
“El PRI impulsará una regulación que favorezca la competencia, la libre concurrencia y que también combata los monopolios tan nocivos para la economía del país.”
El senador panista Javier Corral llamó a construir un frente amplio para defender la libertad de expresión y el derecho a la información que se limitarían si se aprueba la que llamó Ley Televisa dos.
“Nos hemos reunido (con Cuauhtémoc Cárdenas) para conversar largamente sobre la regresiva iniciativa Peña Nieto-Televisa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y hemos acordado ir juntos a rechazar esa pretensión autoritaria y de evidente protección al actual esquema monopólico de la televisión.”
Para María Elena Meneses Rocha, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), la iniciativa de ley reglamenta de manera insuficiente la reforma constitucional y los perjudicados serían los ciudadanos.
“A mí me parece que quien pudiera ganar con una iniciativa de ley respetuosa del mandato constitucional somos los ciudadanos. Quienes podemos perder con una iniciativa de ley que no respete cabalmente el mandato constitucional también somos los ciudadanos.”
Regulación desequilibrada
¿Cómo califica las leyes secundarias en telecomunicaciones que se discuten en el Congreso? ¿Es una Ley Televisa II como dicen algunos medios y analistas?
No estaría de acuerdo con denominarla como Ley Televisa II porque el contexto es totalmente diferente. Entiendo que algunos grupos de activistas en su legítimo derecho así la hayan bautizado. El año pasado, el 11 de junio de 2013, se aprueba una reforma constitucional a la radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica muy relevante que marca, sin duda, un antes y un después en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones en el país. En la AMIC consideramos esa reforma, aunque perfectible, como un paso histórico y un gran avance. Sin embargo, lo que detectamos es una serie de inconsistencias en la reciente iniciativa de ley secundaria que envió el presidente de la república al Senado.
¿Por qué consideran que la ley secundaria está desequilibrada y Televisa no cuenta con controles suficientes en radiodifusión y TV restringida? Televisa tiene el 70 por ciento de las suscripciones de televisión por cable.
Consideramos que con la propuesta del Ejecutivo se regula de manera desequilibrada, como lo señala el dictamen en al exposición de motivos de la reforma constitucional, a los que se denominan agentes económicos preponderantes, que son América Móvil, Telmex y Televisa. Y que deja a este último sin controles suficientes. En ese sentido, hay una regulación laxa y esto no es acorde con la reforma constitucional que señala que tiene que haber una competencia, reglas iguales y equilibradas para todos los agentes económicos preponderantes, sea el que sea.
Gobernación ejercería censura de contenidos
La reforma fue celebrada el año pasado, pero ahora existen sectores que lamentan que las leyes secundarias se alejan del espíritu constitucional. ¿Qué fue lo que ocurrió en este proceso de la ley de telecomunicaciones?
En el caso de la AMIC, celebramos la reforma constitucional, pero también teníamos claro que se tenía que materializar en una ley secundaria que cumpliera con su mandato. Teníamos conciencia de que el detalle estaba en la ley secundaria, y no nos equivocamos. Un punto que nos preocupa es en materia de derechos: al promover las quejas de las audiencias mediáticas y los usuarios de telecomunicaciones se relega al Instituto Federal de Telecomunicaciones porque sería, según la iniciativa, la Profeco la que tuviese esa obligación. Consideramos que de esta forma se vuelve a dejar a los usuarios y audiencias como antes, no hay ningún cambio. Contamos con un órgano regulador autónomo que debe tener esa competencia: proteger a las audiencias y usuarios de telecomunicaciones. El IFT no puede mediar ni sancionar las prácticas comerciales-tarifarias en deterioro de la calidad que brindan estas empresas.
¿Existe la tentación de censura y control de los medios de comunicación?
Estamos haciendo un llamado para que se respeta la reforma constitucional que habla de una democratización de medios, una ley convergente, plural e incluyente. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Esta iniciativa coloca la supervisión de los contenidos a la Secretaría de Gobernación; esto es muy grave, sería una regresión a los años setenta. Se creó a raíz de la reforma un organismo regulador autónomo, se le están quitando facultades al IFT. El instituto debería de regular en materia de tiempos de transmisión publicitaria y de programación destinada al público infantil, por ejemplo. En esta iniciativa no se habla de reglas de propiedad cruzada como lo marca la Constitución. Es decir, no define límites específicos a la concentración de la propiedad de medios. Por ejemplo, de un concesionario grande de televisión en TV restringida, en estaciones de radio, es lo que se denomina propiedad cruzada de medios. Elude totalmente el tema. ¿A quién beneficia?, pues a los llamados preponderantes.
Si bien el debate se orienta en los medios privados, ¿qué pasa con los medios públicos donde las audiencias están jugando un papel destacado?
Sí se propone una ley que crea un sistema público de radiodifusión, pero está subordinado a la Secretaría de Gobernación. Si tú lees la iniciativa enviada por el Ejecutivo, alude en diversas ocasiones a que está respetando los estándares internacionales y las mejores prácticas, pero en el caso de medios públicos, no. ¿Te imaginas a la BBC de Londres subordinada al Ministerio del Interior británico? Por supuesto que no. El sistema público de radiodifusión estaría subordinado a la Secretaría de Gobernación. Ésos no son medios públicos, son medios gubernamentales. Esto es un contrasentido grave en materia de medios públicos. También otro aspecto es que no pueden comercializar sus señales. Esto los condena a no competir con las grandes cadenas comerciales y los condena a vivir en la marginación, a estar a merced del presupuesto público.
Puntos positivos
Carlos Slim Domit se manifestó en contra que otras empresas usen gratis la infraestructura de sus compañías, ¿es adecuada esa mediada para fomentar la competencia?
Es de esperar que los Slim protejan sus propios intereses. La iniciativa tiene puntos positivos como el que mencionas y se tendría que acoger al mandato del IFT. Las empresas de Slim han gozado de un gran monopolio, se han beneficiado por una falta de regulación en el terreno de las telecomunicaciones y tendrían que acatar el mandato. Sin embargo, ojalá también hubiera una regulación así de fuerte con otros preponderantes como Televisa.
¿Verdaderamente esta iniciativa combate los monopolios?
Hay mucha mayor laxitud hacia Televisa. No devela que los cabilderos de los concesionarios han estado muy activos. Por eso es muy importante que los legisladores escuchen otras voces, no sólo a los cabilderos y representantes de los concesionarios. Éste ha sido un problema recurrente en México, no sólo con esta normativa. Hay sectores que no están incluidos en el debate.
¿Cuáles son los escenarios que se perfilan?
Uno de los escenarios es que el PRI no escuche estas voces críticas y decida aprobar sin mayor diálogo o discusión esta iniciativa de ley secundaria después de Semana Santa, lo cual significaría una regresión. Y el otro escenario sería que en este mes de abril los señores legisladores en plenas funciones como representantes de los ciudadanos se abran a otras voces y estudien la reforma a fondo, y se atrevan a realizar los cambios necesarios para cumplir con la Carta Magna.