La pederastia eclesiástica a disposición de la justicia ordinaria
Raúl Jiménez Vázquez
Hace poco se llevó a cabo en la Cámara de Diputados un foro de análisis del informe emitido por el Comité de los Derechos del Niño en torno a las violaciones a la Convención sobre los Derechos del Niño atribuidas a la Santa Sede. Se trata, sin duda, de una resolución histórica ya que en ella se estableció una interpretación sin paralelo en el derecho internacional, según la cual los compromisos adquiridos a raíz de la firma de este tratado no se limitan al territorio de la Ciudad del Vaticano, sino que abarcan a todos los particulares e instituciones sujetos a la autoridad del papa, sin importar su ubicación geográfica. Además, se exigió a la jerarquía romana que se ponga a la disposición de la justicia ordinaria a los responsables de los abominables actos de pederastia eclesiástica.
Sin embargo, el mérito mayor de este informe yace en haber desnudado los cimientos de un sistema de banalización del mal que hizo posible la perpetración de atroces agravios a la dignidad humana en derredor del mundo, mediante la imposición de infames códigos de silencio y el despliegue generalizado de una política de encubrimientos institucionales e inacción ante las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos.
Naciones Unidas demostró que los comportamientos pederastas no fueron aislados ni anecdóticos, sino que fueron tolerados, protegidos y encubiertos desde la estructura misma del poder vaticano. A juicio del destacado jurista británico Geoffrey Robertson, consejero de la Reina Isabel II, estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad sancionables en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El informe le atañe al Estado mexicano puesto que una porción de los ilícitos sucedió en el territorio nacional; por tanto, es imperioso que el gobierno federal haga pública su adhesión a los pronunciamientos del Comité y asuma como propios los compromisos aplicables a la realidad nacional; máxime que muchos de estos señalamientos aflorarán en la evaluación a la que será sometido nuestro país el próximo año.
Por lo pronto, es menester implementar algunas acciones concretas, a saber: I) el reconocimiento de la competencia del Comité para conocer de casos concretos, vía la firma del Protocolo Opcional de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al Procedimiento de Comunicaciones; II) la creación de una comisión de la verdad ad hoc; III) la instrumentación de un programa de atención a víctimas y sus familiares; IV) la instrumentación de un programa nacional de combate a la pederastia eclesiástica; V) la tipificación y elevación a rango federal del delito de pederastia organizada; VI) la creación de una fiscalía especializada en la materia; VII) la entrega de los pederastas y los archivos eclesiásticos correspondientes a las autoridades penales.
Todo ello hace patente que el sometimiento de la Santa Sede a las normas seculares es el núcleo de esta memorable acción internacional. Si Juárez viviera, con la ONU estuviera.