Entrevista a María Elena Meneses/Profesora-investigadora del Tecnológico de Monterrey-Campus Ciudad de México

Nora Rodríguez Aceves

La ampliación y garantía del derecho de acceso a Internet establecido en el artículo 6 constitucional; la privacidad, en el sentido de que se otorgan facultades para vigilar a los usuarios sin órdenes judiciales, además de almacenar datos personales; la libertad de expresión en Internet, porque podrían, a discreción, bloquear el acceso a contenidos, aplicaciones y servicios; la neutralidad de la red, es decir, la universalidad de la red que implica la no discriminación por tipo de paquetes, contenidos o protocolos técnicos de intercambio de información (comunicado de prensa del 21 de abril de 2014, del Contingente MX ) son, de acuerdo con expertos, académicos, investigadores, ciberactivistas, algunos de los derechos de los ciudadanos a acceder a Internet contra los que atenta la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República para su discusión, dictaminación y aprobación.

Puntos delicados

De ahí que en medio de la discusión que se da en el Senado de la República sobre las leyes secundarias del sector, María Elena Meneses, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México explica a Siempre! que “la iniciativa enviada por el gobierno federal tiene algunos puntos muy muy delicados, como el tan polémico artículo 197 que permitiría bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública. Aquí, sólo hay que imaginar las afectaciones que tendría esto no solamente para los manifestantes y sus derechos, sino también para la labor periodística que finalmente acabaría lastimando el derecho a la información de los mexicanos; éste es un punto muy delicado de la iniciativa presidencial que viola el derecho a la libertad de expresión en sí misma”.

De igual forma, otro punto que también le parece muy delicado a la doctora en ciencia política por la UNAM es el que tiene que ver con lo que se llama “retención de datos, es decir, que las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a mantener un control de datos personales de los usuarios, muchos de ellos datos sensibles que se dan a cambio de tener un servicio de telefonía celular, esto en todo el mundo se considera —la Unión Europea lo ha debatido ya muchísimo— atentatorio contra el derecho a la privacidad, indiscutiblemente, y esto está presente en la iniciativa del gobierno federal”.

En ese mismo tenor, la especialista en medios, Internet y cultura digital comenta el artículo 189 que tiene que ver con el asunto de la geolocalización, el cual viene “de los artículos 189 al 191 más o menos, es la localización geográfica, esto es la geolocalización, es decir, geolocalización geográfica, equipos de comunicación móvil; éste es uno de los puntos más delicados y que merece mucho detenimiento por parte de los senadores porque nadie en su sano juicio puede estar en contra de que se utilice la tecnología para perseguir a un supuesto criminal, como en el caso de un secuestro, por ejemplo, pero esto tiene que quedar muy bien establecido en una ley reglamentaria porque debe de hacerse por supuesto, pero con autorizaciones judiciales, se debe de garantizar que no en aras de la geolocalización se vaya a perseguir a personas con otros fines”.

“Es un punto delicadísimo y por eso a mí me preocupa que la revisión actual, la revisión que se está haciendo en el Senado pareciera que se está haciendo muy al vapor. No me parece adecuado ni me parece estar a la altura de las circunstancias que un solo senador presente lo que parece una iniciativa propia, esto se tiene que discutir y debatir ampliamente, y éste es un punto muy muy relevante, el de la geolocalización, que tiene que quedar garantizado cómo se va a geolocalizar. Aquí tiene que quedar bien establecido que tiene que ser mediante ordenamientos judiciales y además se tiene que especificar qué instancias serán las que van a ordenar una localización geográfica de equipos de comunicación móvil, tiene que quedar garantizado que no se utilizará para otros fines. Aquí el problema es que el debate se pone muy en blancos y negros porque dicen: los activistas de Internet están en contra de que se persiga secuestrados, ¡no, espérate!, ¡no!, hay que analizarlo; por supuesto que la tecnología también debe de estar al servicio de la seguridad de la población, pero con las salvaguardias necesarias.”

Además, agrega que “desde luego que en Internet se deben de garantizar los derechos que se garantizan en el mundo físico, sin embargo, hay una serie de derechos propios del entorno a Internet y uno de ellos, por ejemplo, es el de la neutralidad, del que no hemos hablado, el de la neutralidad de la red. Éste es un derecho propio de la era digital y ¿de qué se trata?, el principio de neutralidad en la red supone que todos los contenidos son libres ante la red y que no deben ser objeto, uno, ni de censura, y dos, que no deben ser objeto de lo que se denomina peaje diferenciado, es decir, tú como consumes videos, como ves películas, pagarás un paquete Premium; en cambio tú, pobre, que no tienes para pagar, ahí confórmate con el Canal de las Estrellas. No, Internet se construye con un tráfico que debe ser libre, y en esta iniciativa del gobierno federal se le da paso a que las empresas proveedoras del servicio de Internet cobran paquetes diferenciados, no garantizan la neutralidad de la red, éste es un derecho propio de la sociedad digital porque se corre el riesgo, y esto es muy importante, el texto constitucional dice que es un derecho constitucional el acceso a Internet, pero ahora resulta que si no hay neutralidad en la red garantizada tendremos internautas de primera, de segunda y de tercera categoría, los que pueden consumir altas velocidades y aquéllos que no y que se tienen que conformar con una programación o contenidos no sé de qué tipo porque Internet cada vez es más veloz, y eso es muy preocupante; también es un tema muy especializado del que poco se habla, pero en esta iniciativa no se garantiza el principio de neutralidad de la red”.

“De manera que éstos son puntos muy preocupantes que han causado un malestar, que se ha traducido ya en un grupo importante de rechazo como hemos podido ver en los últimos días en las redes y también fuera de éstas. Estos puntos el senador Javier Lozano trató de aligerarlos un poco en su iniciativa presentada ayer —22 de abril—, pero desde mi punto de vista fueron arreglos un tanto superficiales los que hizo el senador al articulo 197, este artículo tan polémico prácticamente lo borró, pero esto no garantiza que podemos verlo en otros artículos como en el 145, todavía no se garantiza que los mexicanos puedan contar con una red libre de censura, o sea, la posibilidad de censura todavía queda abierta, de manera que hay que esperar para saber qué pasa en los próximos días porque, hasta donde entiendo, la iniciativa del senador Lozano también está siendo objeto de discusión y ha habido mucho disenso dentro de los senadores.”

El papel de los legisladores

Frente a este contexto, la doctora Meneses coincide con quienes aseguran que se pone en riesgo el espíritu de la reforma constitucional en telecomunicaciones, lo que resulta muy delicado “porque de acuerdo con la reforma se garantiza el acceso a Internet prácticamente como un derecho fundamental, es una reforma al artículo 6º, entonces es un tanto contradictorio que se deje abierta la puerta a la censura, y viola la libertad de expresión, lo cual es contrario al texto constitucional, indudablemente, por eso se tiene que corregir”.

La investigadora comenta que existe disposición de algunos senadores en este sentido, ya que, “por lo que se ha visto en las últimas horas en la Cámara alta, hay senadores que sí están tomando en cuenta la preocupación de otros sectores, no solamente la de los activistas de Internet que son los que están haciendo estas campañas en la red sino también de otras voces de académicos, de expertos en telecomunicaciones, que han manifestado su preocupación. Me parece que hay senadores que sí están tomando en cuenta estas voces disidentes, entonces yo me pronuncio por dar el beneficio de la duda para esperar a ver cómo culmina este proceso legislativo en las próximas horas, que serán definitorias para ver qué reforma reglamentaria tendremos. Lo que sí sigue preocupando es que se den algún tipo de dictámenes construidos al vapor, esto será inadmisible, y lo único que provocará es una mayor movilización y un retraso en una ley reglamentaria que ya de por sí está retrasada, puesto que se debió aprobar desde diciembre del año pasado, pero los intereses en juego en el ámbito de las telecomunicaciones, senadores —que son contados, no estoy generalizando— que, muchas veces, ven únicamente por el interés privado y no por el interés general; lo que están aprobando es un retraso, cuando en realidad México ya requiere la reglamentaria de una reforma constitucional trascendental, pero una reglamentaria que respete, que se apegue al mandato de la Constitución”.

De igual forma acepta que, de aprobarse la iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto en materia de telecomunicaciones, significaría “una regresión de décadas. Esto tiene que ser analizado y tomado en cuenta por los señores senadores que hoy tienen esa enorme responsabilidad, porque si no, se corre el riesgo de no apegarse al texto constitucional y nadie sale beneficiado, todo se resolvería con ética parlamentaria y también mirando por el interés público, pero eso parece que no se está dando”.

En opinión de Meneses, “los senadores tendrían que convocar a un extraordinario para agotar todos los mecanismos legislativos porque si no, lo que se provocaría es la búsqueda, la acción de inconstitucionalidad, y esto es muy prolongado y no beneficia al país. México no está bien en términos de telecomunicaciones y radiodifusión a nivel internacional, estamos mal ranqueados, tenemos un problema de falta de acceso a Internet, carencia de proyectos de inclusión digital, entonces a nadie favorece. Doy el beneficio de la duda todavía, aunque cada vez tengo menos argumentos, a que se agote todo el proceso legislativo y tengamos pronto una secundaria apegada al texto constitucional”.