Cambiar la estrategia ciudadana
(Séptima de ocho partes)
Debido a la fuerte actuación del Estado padrastro durante varias décadas en el terreno comunicativo de la sociedad mexicana, especialmente de manera más intensiva desde los años ochentas hasta mediados del año 2007, su irresponsable actuación generó la acumulación de demasiadas contradicciones estructurales en la relación comunicativa existente entre el Estado, los medios y la sociedad que ocasionó una fuerte crisis política, particularmente por los abusos sin límites que produjo el poder mediático en nuestro país.
El conflicto histórico que provocó el comportamiento desproporcionado del poder mediático durante más de tres décadas en México arrastró la realidad comunicativa de la república a un extremo de tal presión y subordinación de la autonomía y soberanía del Estado a la fuerza de los poderes fácticos comunicativos, que obligó a que la institucionalidad tradicional del Estado-nación reaccionara rescatando su ímpetu rector y fijara límites al abuso del poder mediático para volver a ubicarlo en el lugar subordinado que le corresponde ocupar frente a los poderes públicos constitucionales.
De esta forma, fue hasta el año 2007 que el Estado-nación mexicano volvió a reaccionar para rescatar su naturaleza y su fuerza rectora como poder central sobre la colectividad en el ámbito comunicativo, mediante la ejecución de dos acciones históricas centrales que le fijaron límites constitucionales a los poderes comunicativos salvajes y crearon un nuevo horizonte para la formulación de un moderno sistema de comunicación colectiva: la intervención de la Corte para detener constitucionalmente el avance de la Ley Televisa y la aprobación de la reforma electoral del 2007.
De aquí la importancia central de realizar en la actualidad una profunda transformación estructural del Estado padrastro heredado del siglo XX, para rescatar en el nuevo milenio el rumbo histórico de equilibrio y justicia comunicativa que ha demandado la sociedad mexicana durante varias décadas; y retomar el proyecto histórico de fortalecimiento de la rectoría del Estado-nación que fue la respuesta centenaria que ha pedido conquistar la sociedad mexicana, especialmente en el ámbito comunicativo, desde que se liberó de las potencias imperiales españolas, francesas y norteamericanas hace más de doscientos años.
Para cambiar la situación comunicativa en la que se encuentra paralizada la sociedad mexicana a principios de la segunda década del siglo XXI, hoy se cuenta con una enorme cantidad de diagnósticos y propuestas elaboradas durante muchas décadas por el sector académico, político e intelectual del país.
En este sentido, la transformación del viejo modelo de comunicación nacional heredado del siglo XX, para crear otro modelo de comunicación abierto, plural, justo e interactivo, no es un problema de ignorancia, extravío u obscuridad conceptual de los ciudadanos, pues se cuenta con la acumulación de un arsenal de conocimientos en todos los niveles que componen el proceso comunicativo para modificarlo sustancialmente con el fin de ofrecer mejores condiciones comunicativas para que los ciudadanos alcancen una vida más digna en la nación.
Debido a ello, podemos afirmar que en un porcentaje significativo las universidades, especialmente las públicas, y los organismos ciudadanos, han cumplido con su responsabilidad de construir nuevos escenarios para la transformación comunicativa de la sociedad mexicana.
Ahora, le corresponde al Estado, a los órganos del gobierno, a los partidos políticos y a las industrias mediáticas públicas y privadas retomar y discutir tal masa de diagnósticos estratégicos sobre la situación de la comunicación en el país, para incorporarlos a sus proyectos de desarrollo y de gobernabilidad en esta delicada fase de transición nacional.
Sin embargo, paradójicamente, ni al Estado, ni a los órganos del gobierno, ni a los partidos políticos, ni a las industrias mediáticas les ha interesado durante cinco décadas retomar tales propuestas ciudadanas para modificar el viejo modelo de comunicación monopólico, unilateral, concentrador, autoritario, hermético, discrecional, anticiudadano, que desde hace muchos años se ha practicado en la Republica por las instancias de control político y empresarial.
Así, la clase política nacional ha demostrado, una y otra vez, a lo largo del tiempo que desprecia el conocimiento especializado que elaboran las universidades, los centros de investigación y los movimientos civiles para planificar la nación con mayor equilibrio y justicia comunicativa; sino que sólo les ha motivado seguir gobernando con los vicios despóticos del pasado que han propiciado el avance del Estado fallido en México, que les otorgan muchos beneficios particulares para continuar aprovechándose de dicho status político.
Por ello, para transformar comunicativamente el país, hoy, los ciudadanos debemos cambiar la estrategia ingenua adoptada durante muchos años donde se creía que con la simple elaboración y difusión masiva de los conocimientos y alternativas especializadas sobre las problemáticas de la comunicación y la cultura, era suficiente ingrediente para que tales instituciones retomaran responsablemente dichos insumos intelectuales y generaran los cambios socio-políticos pertinentes que les correspondían efectuar para corregir el rumbo extraviado de la comunicación nacional.
Ahora, después de muchas décadas de ensayos democráticos para el cambio comunicativo en México, tenemos que reconocer que un poder sólo cambia cuando se le enfrenta otro poder de igual o mayor magnitud, y no sólo con el ofrecimiento de “buenas intensiones” intelectuales o políticas. En este caso, el poder despótico de los aparatos ideológicos del gobierno y de las empresas de comunicación privadas, sólo se transformarán cuando el poder ciudadano los encare con fuerza y rigor y no sólo con “sanas propuestas” académicas.
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