Caso Hank Rhon

Desde hace mucho tiempo, un grupo de académicos y legisladores hemos impulsado la necesidad de que el procurador general de la República y la institución del Ministerio Público federal sean autónomos.

Al respecto, me pronuncié en ese sentido en varias ocasiones en el pleno de la Cámara de Diputados, y subrayo la intervención del 20 de septiembre del 2007 en la que afirmé: “El poder autoritario ha utilizado la acción penal para combatir a los políticos. Entre más autoritario es un gobierno, más se utiliza ese elemento subjetivo para consignar a políticos que defienden sus derechos o defienden sus ideales… Tenemos necesariamente que, junto a este planteamiento, ir a la reforma que dé autonomía al Ministerio Público Federal… Recogimos en la Comisión de Puntos Constitucionales todas las iniciativas de todos los grupos parlamentarios y encontramos la tolerancia, la inclusión y el denominador común de avanzar en esta legislatura hacia un mejor derecho para la Nación.”

En la academia, en la cátedra cotidiana, he insistido sobre este tema, pues en alguna ocasión de mi vida sufrí una persecución injusta; esa persecución que suelen realizar los jefes del Ejecutivo federal emanados de distintos partidos, la tentación de ejercerla y castigar a sus enemigos, es muy grande.

En un sistema democrático, esa dependencia del monopolio del ejercicio de la acción penal debe desaparecer; incluso se mandaron iniciativas por parte del propio presidente Vicente Fox que han sido inexplicablemente rechazadas; la democracia consagra derechos y libertades que no pueden ni deben ser vulnerados, en un ejercicio perverso de la acción penal; eso no quiere decir que no se persigan a quienes tienen conductas típicas, punibles y delictivas. Sería absurdo que estuvieran los políticos al margen del derecho, por el solo hecho de serlo; por el contrario, deben ser los más obligados, por consecuencia, su persecución —cuando existan los elementos sustantivos— debe realizarse a plenitud.

Estas reflexiones las expreso, una vez más, con motivo de la aprehensión, por parte del ejército, del señor Jorge Hank Rhon, personaje excéntrico y cuestionado, autodeclarado multimillonario en más de mil millones de dólares, y además, hijo de uno de los políticos paradigmáticos del PRI, el señor profesor Carlos Hank González.

Estas características personales lo hacen un blanco atractivo, y no pretendo con estas líneas defender un asunto que desconozco; lo que sí es público es que estamos en plenos procesos electorales, y que lamentablemente, todos los multimillonarios manejan ejércitos privados armados hasta los dientes; es decir, existen violaciones permanentes y públicas, debido al clima de inseguridad y de violencia por el que atraviesa el país.

Será sano para el destino de la república que se aclare este asunto, para que no queden dudas, en una sociedad que desconfía de la administración y procuración de justicia, y que recuerda que en tiempos electorales se han hecho denuncias que después han fracasado, como en el caso de la elección de Jalisco y de Guerrero, en donde los candidatos priístas fueron exhibidos como probables cómplices del crimen organizado, días antes de la elección.

Este camino es indebido, y finalmente, quienes pretendan utilizarlo serán, aún más, golpeados por la crítica social; usar el derecho penal para hacer política es una práctica que denigra a esta actividad, que debería ser noble y esperanzadora.

La Constitución debe respetarse, es la única garantía que tenemos los mexicanos y la única brújula que nos da posibilidades de un destino mejor.

Mas allá de lo casuístico, se debe retomar el propósito de reforma que implique que el ministerio de la república, no sea un empleado del Ejecutivo en turno, sino el encargado de una institución imparcial, apartidista y de buena fe; es necesario concluir las reformas que requiere la nación.

Sólo con la autonomía del Ministerio Público se garantiza la democracia y la imparcialidad.