Entrevista a Eduardo Huchim/Exconsejero electoral del IEDF

Nora Rodríguez Aceves

En el marco de la negociación, discusión, dictaminación y aprobación de las leyes secundarias de la reforma político electoral promulgada en febrero pasado, la cual debe quedar aprobada antes del 30 de abril por el Congreso de la Unión, Eduardo Huchim, exconsejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), realmente espera “que se pueda aprobar y promulgar leyes sensatas, leyes que representen avances y no retrocesos democráticos, pero eso habrá que verlo, pero si las leyes secundarias de la reforma político electoral se aprobaran en los términos en que están ahora sería por supuesto un retroceso importante y un freno al avance democrático del país”.

Por eso, “yo espero que esta aprobación no ocurra respecto del llamado documento base en los términos en que está ahora, sino que todos los partidos trabajen para mejorar y evitar esos engendros antidemocráticos que hoy por hoy están ahí presentes en el documento base que está defendiendo el PRI”.

Luego de que el pasado 26 de abril los legisladores del PRI se levantaran de la mesa de negociación en la que discutían las leyes secundarias de la reforma político Electoral, junto a senadores del PAN y del PRD, hoy —lunes 28 de abril—, en conferencia de prensa los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Emilio Gamboa Patrón y Miguel Barbosa Huerta, respectivamente, anunciaron que se reinstaló la mesa de diálogo en materia político electoral con todas las fuerzas políticas y los representantes del Ejecutivo federal.

El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, aseguró que “no habrá fast track ni presión de ningún coordinador, sino que vamos a dejar que el equipo trabaje con plena libertad y con el tiempo que así lo requiera”.

“Estamos en la mejor disposición de escuchar, analizar y debatir todos los puntos en los que no estén de acuerdo tanto el PAN como el PRD, en una reforma política tan importante para el país, y todavía estamos en tiempo para ver si lo sacamos el próximo miércoles 30”, afirmó el priista.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, puntualizó que el PAN tiene 12 temas entre corchetes y el PRD 38, “que se deben ir abordando uno a uno, por lo que espero que cumplamos con los lineamientos que planteamos, pero lo importante es que ya se inició el diálogo, ahora vamos a ver cómo comienzan a darse los tiempos”.

Son varios los temas polémicos

Entre los temas polémicos que habrán de discutir las bancadas parlamentarias están: la fiscalización a partidos políticos y candidatos, el sistema de nulidad de las elecciones federales o locales, prorrateo en campañas, así como el tema de las candidaturas independientes, entre otros más.

A unas horas de que concluya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, Eduardo Huchim explica a Siempre!que los procesos electorales de 2015 no están en riesgo, como se ha dicho, porque no se apruebe a tiempo la ley reglamentaria de la reforma político electoral, “aunque algunos consejeros del ex Instituto Federal Electoral (IFE) son dados a exagerar la situación, de que si no se aprueba antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión estarán en riesgo las elecciones intermedias. Lo que sí ocurre es que lo ideal hubiera sido que se aprobará ya en abril, pero como evidentemente no será así, lo ideal es que se apruebe lo antes posible, pero este apremio, esta urgencia de aprobación, no debe ir en detrimento de la calidad de la legislación que aprueben”.

“El tiempo ciertamente corre en contra, ya que el tiempo en que debe aprobarse esta legislación es de 90 días antes del proceso electoral, esto es, si el proceso electoral comienza en octubre, es 90 días antes, pero hay una circunstancia peculiar, la elección de una manera muy extraña, casi irracional, se adelantó para junio, en consecuencia, si se quiere conservar el mismo tiempo para el proceso electoral tendría que comenzar en septiembre, por lo tanto estamos pensando en que tendría que aprobarse en mayo, tendríamos de aquí a mayo para aprobar la ley reglamentaria.”

El experto en materia electoral, comentaeste ambiente de jaloneo que se vive en el Senado de la República a unas horas de que concluya el periodo ordinario de sesiones. “Evidentemente ahí hay un desacuerdo entre las principales fuerzas políticas, las más votadas del país, el PRI, el PAN y el PRD, pero sobre todo entre el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, este hecho de que el PRI se haya levantado de la mesa de negociación es una forma de presionar a sus contrapartes mostrando que tiene una disposición a defender lo que se ha planteado en un documento base, que así le llama el PRI, sobre lo que contendrían las leyes electorales, particularmente las leyes generales, las más importantes o las que más han estado en el ánimo público, que son la ley general de instituciones y procedimientos electorales y la ley general de partidos políticos”.

Según he podido darme cuenta al revisar este documento base, “hay un fuerte contenido de las posiciones del PRI, esto ha llevado a que por ejemplo uno de los negociadores, el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, dijera que el PRI está tratando de ganar en la ley secundaria lo que ya perdieron en la reforma constitucional; esto obviamente es el punto de vista de uno de los negociadores, pero que en ciertos aspectos tiene fundamento esta declaración porque ciertamente algunas propuestas del tricolor que han trascendido sí se identifican con un espíritu que no está en consonancia con la reforma a la Constitución, a la reforma política plasmada en la Constitución”.

Las bases para elecciones equitativas

En este aspecto “lo que importa es que haya una negociación sensata, pero sobre todo que los partidos no traten de imponer, ninguno de ellos, su punto de vista sino que más bien miren los intereses del electorado y plasmen en las leyes electorales disposiciones que vayan de acuerdo con los principios constitucionales, imparcialidad, equidad, todo este conjunto de principios constitucionales en materia electoral que son las bases para tener elecciones equitativas, sobre todo porque si se rompe la equidad, si se privilegia el interés o la manera de hacer política de uno de los contendientes, se desnaturalizan en ese momento principios democráticos muy importantes”.

En ese mismo tenor, el también periodista y escritor señala otro de los planteamientos de la propuesta priista que tiene que ver con el sistema de fiscalización de los recursos: “yo he dicho que este aspecto ha sido el talón de Aquiles, de lo que anteriormente era el Instituto Federal Electoral (IFE), incluso cuando tuvo su primer Consejo General presidido por José Woldenberg, porque en aquella ocasión se hizo muy bien el trabajo que desentrañó, que reveló, aquel caso del Pemexgate que motivó la sanción más cuantiosa que se ha fijado en materia electoral y que fue al PRI, aunque no se actuó con el mismo rigor en el caso de los Amigos de Fox, que coincidieron estos dos casos en la misma elección, la del año 2000, por eso esto siempre ha sido el talón de Aquiles de ese organismo autónomo”.

Pero “si comparamos lo que se hizo en aquella ocasión con los dos casos —Pemexgate y Amigos de Fox— con lo que se hizo en la revisión de los gastos de campaña de la elección de 2012 tendríamos que concluir que, puestos en sentido comparativo, aquello que hizo el IFE en 2003 a propósito de la campaña presidencial de 2000 fue una proeza porque lo que hizo en cambio el mismo instituto federal en la revisión de los gastos de campaña presidencial de 2000 fue una gran simulación que sólo detectó una mínima parte de los gastos que realmente se hicieron por la sospechosa Unidad de Fiscalización del instituto, y esto es grave no sólo porque se dejó o se propició o se construyó esta gran simulación, sino porque lo hizo una unidad técnica de fiscalización del IFE que tiene herramientas muy valiosas que ya hubiéramos querido quienes hemos trabajado en estos aspectos de fiscalización de recursos de los partidos políticos en años anteriores, ya hubiéramos querido tener esas herramientas, me refiero a que esta Unidad de Fiscalización puede superar el secreto fiduciario bancario y fiscal…”

Quieren legalizar el prorrateo

En ese mismo tenor, el especialista en materia electoral señala que una figura que se quiere legalizar en esta reglamentación es el prorrateo, una “disposición que le permitió a la sospechosa Unidad de Fiscalización llegar a esos resultados inverosímiles, una disposición reglamentaria que para mí es inconstitucional y que no está en ninguna ley, solamente en un reglamento del IFE. El reglamento de fiscalización establece esta figura del prorrateo que, para decirlo sencillamente, permite esta gran simulación de la que hablábamos porque permite que los gastos de la campaña presidencial puedan repartirse, prorratearse entre decenas o más de candidatos a legisladores federales a diputados y senado e incluso entre candidatos en elecciones locales”.

De tal suerte “que el ejemplo más claro para entender lo que produce el prorrateo es que si en un espectacular aparece la figura del candidato presidencial y una frase del candidato presidencial y el nombre en grandes caracteres del candidato presidencial y en algún lugar de ese espectacular aparece una leyenda que diga vota por los candidatos a diputados y senadores del partido tal o de la coalición tal, por ese solo hecho el costo de ese espectacular se divide entre todos los candidatos de esa región; pero todavía más, de acuerdo con ésta, este reglamento de fiscalización en el artículo 177 se plantea que el partido político puede decidir cómo quiere que se le aplique la mitad de los gastos llamados centralizados, es decir, en la hipótesis que planteaba, puede decidir cómo se aplicará la mitad del costo de aquel espectacular, por lo tanto en el caso de Peña Nieto, los gastos de este tipo se aplicaban al candidato presencial un 1% y el 99% del costo del espectacular, en nuestro ejemplo, era para los otros candidatos, por lo tanto, vemos cómo entramos en el terreno de la ficción. Y esta disposición que actualmente está en un reglamento que no tiene fundamento en ninguna ley y mucho menos en la Constitución ahora el PRI y el Partido Verde, los principales beneficiarios de esta peculiar, ilegal e inconstitucional manera de calcular los gastos partidarios, pretenden que esta disposición reglamentaria se incorpore a la ley general de partidos políticos”.

Siendo así, ahora se busca legalizar el prorrateo en la ley secundaria de la reforma político electoral, “y esto es obvio que no debe hacerse porque, aun cuando lo acordaran los partidos políticos y el Congreso de la Unión, eso no le quitaría su carácter inconstitucional que rompe con varios principios constitucionales, como el de la igualdad ante la ley, el de la equidad y el recibir la aplicación de una ley privativa. Es claro que esta disposición no debe estar en la ley aunque lo acordaran los grupos parlamentarios y aunque lo aprobara el Congreso de la Unión porque, insisto, es claramente inconstitucional; esto es una propuesta del PRI que está ya incorporada en ese documento base que los otros grupos parlamentarios, particularmente el del PAN, no acepta el contenido completo, lo que motivó a que el PRI se levantara de la mesa de negociación”.

De igual forma, cabe mencionar que de acuerdo con los trascendidos en los diarios nacionales, “en la nueva ley en materia electoral que negocian el PRI, el PAN y el PRD en la Cámara alta se establecen una serie de requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a obtener un registro como candidatos independientes. Según el proyecto de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sustituirá al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), los aspirantes presidenciales sin partido deberán demostrar firmas de apoyo equivalentes al 1% de la lista nominal de electores, esto es 783 mil firmas de al menos 17 entidades federales”, lo que, para Eduardo Huchim, la normatividad que se le está pretendiendo aplicar a las candidaturas independientes “las haría prácticamente imposibles de cumplir, ya que los requisitos que se establecen en algunos aspectos son superiores a los que se le exige a una organización que pretenda convertirse en partido político”.

Van contra candidaturas independientes

En materia de financiamiento, “los candidatos independientes no solamente deben recibir recursos modestamente suficientes para hacer una campaña electoral, sino también el financiamiento público debe considerar que los gastos de una candidatura independiente no se constriñen a una campaña sino que, por ejemplo, tiene que tener un mini equipo, que lo deseable sería que no fuera sólo el contador, una sola persona, sino un mini equipo que le permita solventar las exigencias de una fiscalización seria porque los candidatos independientes deben ser fiscalizados, si no igual con semejante rigor que a los partidos políticos, porque las candidaturas independientes por su naturaleza están quizá más expuestas que las candidaturas partidarias a recibir y utilizar financiamiento ilegal, incluso de la delincuencia organizada —desde luego que los candidatos independientes tendrían que rechazar ese tipo financiamiento en cualquier circunstancia—, pero también deben probar que no usaron ese financiamiento porque es más que probable que les llegue financiamiento de ese tipo, financiamiento ilegal, incluso, de la delincuencia organizada”.

Sin embargo, hay que recordar que “el financiamiento ilegal no sólo tiene un origen de delincuentes sino que puede tener un origen, por decir algo, de empresas, o pueden hacer donaciones a los partidos políticos, o del extranjero, y por eso los candidatos independientes deben tener recursos para —quizás hasta deberían estar etiquetados— para destinarlos al aspecto de fiscalización porque sobre todo en este aspecto los candidatos independientes no pueden ser tratados como minusválidos, tienen que responder a las exigencias de una fiscalización rigurosa, tanto como la de los —o casi semejante, no igual, pero sí semejante—partidos políticos, pero para eso tampoco debe ahorcársele por el lado del financiamiento, y lo que están planteando en ese documento base que defiende el PRI es sencillamente hacer abortar las candidaturas independientes”.

Frente a este panorama, “por todas estas razones lo más probable es que otra vez el Congreso falle en los plazos que él mismo se da, porque estamos a dos días de que se cumpla el plazo, el 30 de abril, y evidentemente no podrá cumplir con ese compromiso”.

Ante las posibilidad de que el PRI saque esta reforma mayoritariamente o en fast track, de no llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios del PAN y el PRD, en un periodo extraordinario, Eduardo Huchim asegura que “sería muy difícil que el Revolucionario Institucional quisiera actuar con mayoriteo, incluso así, no es seguro que pueda sacar esta reforma si no tiene el consenso o por lo menos la aquiescencia de una de las otras dos grandes fuerzas políticas, pero lo deseable es que salga por consenso, por una mayoría abrumadora en la que estén de acuerdo, por lo menos, no sólo las tres grandes fuerzas sino la totalidad de los grupos parlamentarios, que si no por unanimidad, por algo cercano, por una mayoría muy amplia, es lo deseable para la legislación pendiente en materia electoral”.