—¿Cuál es el status de los depósitos  de vehículos a nivel federal?

—En las actuales condiciones los vehículos pueden quedarse hasta 20 o 30 años en estos depósitos, en donde el permisionario de la grúa no puede hacer nada, porque no es el dueño de las unidades, lo único que hace es resguardarlas. En los hechos la unidad se deteriora con el tiempo y sujeta a desvalijamiento. Es una fuente de contaminación y muchas veces sitios que se prestan al delito, porque tenemos conocimiento que varios permisionarios han sido amenazados por el crimen organizado. Ahora, los dueños de estos depósitos se preguntan quién me va a pagar por el resguardo.

—¿Ofrece la secretaría alguna solución?

—Mediante un procedimiento legal, queremos transparentar el desalojando estos vehículos en los depósitos. Bajo los nuevos lineamientos, el permisionario recibirá un ingreso y como autoridad resolvemos problemas de contaminación y delincuencia.

—¿Cuál son los nuevos lineamientos para el desalojo de chatarra federal?

—El procedimiento va a estar dividido en dos grupos. Los vehículos de más de cinco años y menos de cinco años. Estos lineamientos se publicarán en el Diario Oficial esta semana. La secretaría ya lo envió para su publicación  y aplica a todos las unidades que están bajo resguardo, exceptuando los que estén  sujetos a averiguaciones previas, procedimientos fiscales o de carácter administrativos, como aduanas, por efecto de decomiso o determinación de un juez. También los vehículos sujetos de aclaración, por ejemplo un cobro excesivo por parte de servicio de grúa.

—¿Cómo se inicia el procedimiento?

—El permisionario debe hacer una relación  de las unidades bajo su resguardo que incluya número de motor, número de serie, fecha de ingreso y sus características, entre otros datos. Debe enviarlos a la  Dirección del Autotransporte Federal, donde se  generará una base de datos. La SCT hará una revisión aleatoria, porque en las actuales condiciones es muy difícil hacerlo al cien por ciento. Lo que nos cercioraremos es que sea información razonable y consistente. El siguiente paso es publicar esa lista en un diario de circulación nacional y en el mismo Diario Oficial de la Federación, dando un plazo de 60 días para que los propietarios rescaten y retiren su vehículo del depósito.

Si eso no sucede al pasar los 60 días se consideran abandonados y aquí se hace la diferencia. Los que tengan más de cinco años  pasan al SAE, quien será la entidad encargada de rematar estos vehículos. De lo que se obtenga  se liquida el pago de la publicación a la SCT y gastos en que incurrió el SAE por gasto de operación, el resto se dividirá en dos partes, el 99 por ciento para el permisionario y el uno por ciento para  la SCT. Estos recursos ya etiquetados se destinarán a fortalecer el  sistema de información del autotransporte federal.

—¿…Y la segunda opción?

—Los que tienen menos de cinco años y que la mayoría puede circular o repararse serán subastados o vendidos por el SAE. Luego de deducir los gastos, el 30 por ciento será para el permisionario del depósito y el 70 por ciento a la SCT, quien destinará esos ingresos al programa de modernización vehicular del gobierno federal, que incluye los subsidios para el “hombre camión”. Este procedimiento se hace de la mano con la Secretaría de Hacienda y seguramente se creará un fideicomiso o lo que se determine, porque son ingreso ya etiquetados.

—¿El procedimiento generará reclamaciones?

—Cuando se publique la lista las aseguradoras encontraran muchas de sus unidades reportadas como robadas y vendrán reclamaciones. Los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México hicieron un programa similar, pero a nivel local. Aquí implica a todo el país.

—¿El programa es de una sola vez?

—Será permanente. Los lineamientos establecen que a partir de ahora se registra la información y cada seis meses habrá desalojos. La idea es impedir que se sigan acumulando los vehículos, a los 6 meses si no recogen los propietarios sus unidades entran a las subastas y ventas del SAE.

—¿Hubo un mandato legislativo?

—Debemos reconocer al Congreso que hizo un trabajo muy eficiente y el tema lo sacaron en menos de cinco meses. Inició en la Cámara de Diputados, como cámara de origen, donde la presentó el Comité del Autotransporte y pasó posteriormente para publicación del Ejecutivo. Los cambios nos obligan a modificar la Ley de Caminos y Puentes Federales, pero en tanto que sale el reglamento, los incorporamos como lineamientos. Si esperamos el reglamento el tiempo se nos viene encima, porque tendría que cumplir con un procedimiento legal que implica a otros niveles de gobierno.

—¿Por qué el uno por ciento para el sistema de información del transporte público federal?

—El sistema que tenemos actualmente es obsoleto, con fallas, muy vulnerables para la autoridad y usuarios. Al momento de pedir la información resulta que  no aparece el vehículo o no coinciden con los datos, porque desafortunadamente el sistema anterior al momento de migrarlo a uno nuevo se generó problemas de compatibilidad. Como vamos al programa de reordenamiento del transporte público federal, vamos a necesitar un software nuevo para desarrollar el sistema que nos de seguridad y certidumbre. Por cierto, no se va a licitar, sino se desarrollará dentro de la SCT, finalizó el director del Autotransporte Federal.