“Lo que no se puede admitir es que un grupo de ciudadanos al margen de la ley asuman funciones de la autoridad.”

Entrevista a Iliana Rodríguez/Profesora-investigadora del ITESM, ciudad de México

Nora Rodríguez Aceves

Con la legalización de las autodefensas, “se está violentando el Estado de derecho, sin duda alguna, se quiere corregir tratando de legitimar, pero, ¡ojo!, desde el punto de vista político puede darse la terminología de legitimación, pero no estrictamente desde el punto de vista del derecho en que el impacto es de legalidad y no de legitimación, en lugar de preguntar ¿cuál es la legitimidad del nacimiento de los grupos de autodefensa y su reconocimiento?, tendríamos que cuestionar ¿cuál es la legalidad de los grupos de autodefensa en el Estado de derecho?”, afirma Iliana Rodríguez Santibáñez, profesora-investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ciudad de México.

“En un Estado de derecho deben imperar y prevalecer las fuerzas encargadas de la seguridad y el orden, que en este caso es la policía, aunque sabemos que desde 2006 ha coadyuvado en la lucha contra el crimen organizado el Ejército Nacional, que ha estado fuera, en las calles, y que pareciera transgredir y transcender la Constitución respecto a las tareas que éste debe mantener, pero se ha convalidado su legalidad en el momento en que se asevera que la criminalidad ya es un factor de seguridad nacional, en ese sentido encuentro esta posición respecto a las fuerzas armadas.”

“Lo que no se puede admitir es que un grupo de ciudadanos al margen de la ley asuman funciones de la autoridad, pero lo que mucho menos puede ocurrir en el Estado de derecho es que sea la propia autoridad y el propio gobierno quienes les confiera este rango de legalidad, porque desde el punto de vista del derecho internacional existe el concepto de la responsabilidad internacional que se compone básicamente de dos elementos: la conducta atribuible al Estado y la violación que se pueda ejercer por parte del Estado por acción u omisión. En el caso de los actos atribuibles al Estado, observando que éste puede provenir de un grupo de individuos que operan al margen del Estado, pero que son tolerados por éste, por eso a todas luces, al interior y al exterior, el tema es delicado”.

Tan delicado es que Rodríguez Santibáñez advierte sobre el impacto y el riesgo que conlleva esta acción de institucionalizar las autodefensas michoacanas por parte de las autoridades federales. “El impacto es el riesgo de fragmentar la sociedad y seguir viendo la proliferación de grupos que consideran que ante la incapacidad del Estado de mantener el orden y la seguridad pueden asumir en sus manos la impartición no solamente de la preservación del orden sino en su fase, incluso, de impartir justicia, porque finalmente son grupos que no han sido entrenados para prevenir el delito sino son grupos que están formulados para combatir un escenario de conflicto instantáneo o inmediato, es decir, de preservar la vida de los demás, pero cuando se encuentran frente a un enfrentamiento no tienen e ignoran toda la capacidad de trabajo o profesionalización que han tenido los cuadros o grupos encargados de la seguridad llamados policías, entonces no podemos equiparar las atribuciones y facultades que tiene uno respecto de los otros y el riesgo está en fragmentar la sociedad donde puedan proliferar más estos grupos que enarbolen sus propias causas y que surjan al margen de la legalidad.”

La Fuerza Rural Estatal rindió protesta

Para proteger a los michoacanos y para consolidar un estado tranquilo, rindieron protesta, el pasado sábado 10 de mayo en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, según un boletín de la Secretaría de Gobernación, los primeros 450 elementos (150 de acuerdo con la prensa nacional) de la Fuerza Rural Estatal ante la presencia del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes.

El comisionado Castillo destacó “que esta fuerza —formada por miembros de las autodefensas y expolicías municipales- surge para usarla en los límites de la ley, por una necesidad de justicia. Es la sociedad unida para cuidarse los unos a los otros dentro de la legalidad…”.

Sin embargo, a pesar de esta legalización, para Iliana Rodríguez, “los grupos de autodefensa están al margen de la ley, en particular, de la propia Constitución porque la propia Carta Magna establece quiénes son los servidores públicos y en esto encuadra, precisamente, a las policías, y con esto delimita las funciones de éstas, pero nosotros sabemos que existen ordenamientos donde se preserva quiénes son funcionarios públicos y cómo han de ejercer sus propias atribuciones”.

En el marco de las policías comunitarias —Fuerza Rural Estatal— “no hay ningún sustento legal para poder asumirlas como servidores públicos, como lo es el caso de los policías, por lo cual tendría que transitarse hacia una figura que, más que llamarles policías comunitarias, les legalice como policías de acuerdo con nuestro marco legal. Esto es, tendrían que perder el nombre de policía comunitaria desde el punto de vista de su nacimiento, como lo estamos viendo concebirse, sino básicamente tendríamos que homologar el criterio para considerarlas simplemente policías para poder incluirlas en el vocabulario de la legalidad”.

Compasión por el comisionado

Además de que el escenario, grosso modo, es incierto, pues “una cosa que hay que señalar es que, la legitimación de estas fuerzas no necesariamente disminuirá la criminalidad en el estado porque mientras existan funcionarios que tengan o estén coludidos con estas mafias o con el crimen organizado, que las toleren y las permitan, nunca será suficiente ninguna policía para poder erradicarla o se necesitarían operaciones o cirugías de inteligencia mucho más minuciosas, acompañadas del restablecimiento efectivo del Estado de derecho a través de sus propias instituciones donde haya una depuración de funcionarios públicos que realmente estén dispuestos a servir al Estado y no a servirse del Estado”.

Mientras, “no permanezca un combate frontal al crimen organizado y su desintegración así como también la depuración de los servidores públicos en la entidad a nivel local y a nivel federal, donde se puedan impedir actos de corrupción que permitan la colusión entre autoridades y estos grupos, será difícil combatir de manera frontal el crimen organizado en Michoacán”.

En este sentido,Iliana Rodríguez expresa a Siempre!su opinión sobre el papel que ha desempeñado, precisamente, el comisionado Alfredo Castillo en estas acciones de desarme e institucionalización de las autodefensas michoacanas. “Desde el punto de vista emocional, lo compadezco porque el papel que ha asumido, que tiene, básicamente es el de un negociador por parte del Estado respecto de estas fuerzas. Estamos observando cómo otros estados donde ha existido la incapacidad y, porqué no decirlo, la incompetencia de los gobernadores para preservar la seguridad en sus entidades han sido convocados, otros comisionados, para poder gestionar esta participación estatal con la federal”.

No hubo desarme sino registro de armas

Por lo tanto, “es importante la labor del comisionado, que llegue a hacer un actor negociador importante entre las fuerzas del Estado y las fuerzas al margen de éste, como son las policías comunitarias, pero el mecanismo de la legalización es pervertir la situación, simplemente. También creo que ha habido una falta de claridad en los mensajes que emite el propio Estado, como decir que se procede al desarme de estos grupos cuando lo que estamos observando es que se está levantando un padrón de armas de las que portan estos policías comunitarios o estos grupos de autodefensa, pero que finalmente no conllevan al desarme sino solamente al registro de armas, que sí es importante este levantamiento, desde el punto de vista de la huella del arma, que puede efectivamente aclarar la criminalidad en el caso de que estas armas sean utilizadas de manera negligente, pero me parece que un prerregistro no conlleva a la pacificación de estas zonas porque finalmente siguen existiendo las armas que están circulando libremente en el estado”.

En ese mismo tenor, la académica del ITESM explica las divisiones que existen entre los grupos de autodefensa y responde a los señalamientos que el doctor José Manuel Mireles, presidente del Consejo de las Autodefensas en Tepalcatepec, “uno de los primeros pueblos que se levantaron en armas, el 24 de febrero del año pasado”, hace al periódico La Jornada sobre el comisionado Castillo en el sentido de que éste se alió con los criminales… y de que es un templario…” Éste es el riesgo de “su reconocimiento, que en tanto tú tienes cuadros formales de policías a la luz de ordenamientos legales y de la propia profesionalización que han tenido esto para aspirar a sus posiciones. En el caso de las autodefensas y su regularización existe la pugna y lucha de poder sin conocer los antecedentes de los líderes que encabezan estos movimientos que pueden o no estar involucrados con el crimen organizado; en ese sentido existe el riesgo latente de fragmentar más estos movimientos y también reproducir un modelo contrario que implique: uno, la posibilidad de un interés genuino de protección a la comunidad y permanencia en el grupo de autodefensa, o dos, la deserción hacia bandas criminales, entonces aquí el interés de estos grupos no podría autentificarse por parte del Estado hasta que no se vieran acciones que reprodujeran un orden legal por parte de estas organizaciones”.

Sobre si está o no está infiltrado el crimen organizado en estos grupos, responde que “es difícil prever el escenario, o por lo menos difícil descifrar estas aseveraciones, no tenemos el dato fidedigno que nos indique qué corporaciones o qué miembros de estas nuevas corporaciones pertenecen o no a los grupos criminales porque, en todo caso, cuando hablamos en términos de corrupción estamos asumiendo que el Estado ha fallado en involucrarse con el crimen organizado, por ejemplo, pero en este sentido no podemos decirlo porque todavía no son calificados como servidores públicos hasta que sean legitimados y regulados por la ley como entidades públicas encargadas del orden público. En ese sentido, la selección de estos miembros es cuestionada porque precisamente desconocemos los vínculos que tengan con las mafias o con los grupos criminales”.

No obstante, “ése es un problema que tiene que asumir el Estado al aceptar esta nueva forma y su enrolamiento porque al final del día tendrían que hacer todas estas pruebas que regularmente se hacen a sus propias policías para poder identificar quiénes tienen la capacidad o no de pertenecer a sus fuerzas. Éste es un problema que tendrá que enfrentar el Estado para determinar quiénes de estos sujetos tienen la capacidad y la probidad para pertenecer a estos cuerpos que puedan ser de autodefensa, es decir, sí hay un gran riesgo, por eso repito en su regularización entre otras cosas respecto al desconocimiento del historial de las personas que componen estos grupos que no sabemos si bien a bien tienen o no vínculos con el crimen organizado”.

Estado de derecho débil, no fallido

La doctora en derecho y maestra en relaciones internacionales por la UNAM señala que a pesar de todo “no hay un Estado de derecho fallido, eso hay que decirlo, pero sí hay un Estado débil respecto a la institucionalidad y estructuras del poder encargas de preservar el orden público. A principios de este sexenio uno de los asesores de Enrique Peña Nieto fue el general colombiano Óscar Naranjo, y él, precisamente, señalaba de manera inteligente y asesorando al presidente que una fragmentación de los grupos de autodefensa y su generación eran peligrosos en la democracia, sin embargo, poco se han escuchado las voces de los expertos en seguridad nacional sobre este tema”.

Aunque cabe recordar que al general Naranjo la izquierda mexicana lo acusó de alentar la creación de las autodefensas, “eso sería totalmente especulativo, los grupos de autodefensa jamás han aceptado que su origen sea a partir de un impulso del propio Estado, sin embargo, se generan en el interior del estado que de alguna manera ha fallado en el cumplimiento de sus tareas y permite, no creo que promueva, sino que permite, tolera, que subsistan estas formas para poder llevar a cabo el orden en ciertas regiones, entonces ¿el Estado es responsable? Sí, el Estado siempre será responsable de lo que ocurra en su territorio”.

Por eso desde el punto de vista de la doctora Rodríguez Ibáñez, para recuperar el Estado de derecho, “en principio se tendría que asumir el concepto del uso de la fuerza, el único marco legal que existe al respecto es un decreto del 23 de abril del 2012 en el periodo calderonista donde se establece qué es el uso de la fuerza, al margen de este decreto lo que encontramos es que solamente dos estados —un estado y una entidad federativa, como son Oaxaca y el Distrito Federal— han establecido una ley sobre el uso de la fuerza, pero esto es importante en el sentido de lo que puedan ejercitar no solamente los servidores públicos sino también para el control de riesgos por el uso de armas por parte de los autodefensas que no tienen ningún control respecto de las armas. Si pensamos, repito, que sólo el puro empadronamiento de armas limitará el uso de la fuerza, es un error; son personas que no han sido entrenadas para portarlas ni utilizarlas bajo situaciones de presión o situaciones de crisis”.

De ahí que, repito, “por la simple organización de los individuos no se pueden disminuir las cifras de delitos en Michoacán, cinco días es muy poco para poder hacer un ejercicio efectivo de indicadores que demuestren lo contrario, hay que esperar más tiempo para ver si esto funciona de acuerdo con el número de denuncias que se presenten en el propio estado”.