Patricia Gutiérrez-Otero

Recientemente, el Papa Francisco proporcionó cifras a la ONU sobre la pederastia en la Iglesia. Algunas de ellas son que en 1950 se documentó en el Vaticano el primer caso de abuso infantil por parte de un sacerdote; que 3,420 sacerdotes han sido sancionados desde 2004 por abusar sexualmente de menores de edad; que 884 sacerdotes han sido destituidos en la última década por pederastia; que entre 6 mil y 20 mil miembros del clero pueden estar involucrados en este tipo de delitos… Esto forma parte de la historia, sin embargo hoy en San Luis Potosí, México, continúan los abusos. Y callar ante ellos es ser su cómplice.
El sacerdote Eduardo Córdova Bautista es el actual representante legal de la Arquidiócesis de San Luis Potosí (Sanjuana Martínez, La Jornada, 18 de mayo de 2014). La Arquiodiócesis supo recientemente que abusó de un menor de 15 años, pero lo protegió: hizo que los padres denunciantes firmaran un documento para mantener en secreto y en “estricta reserva” los delitos sexuales. La violación tuvo lugar durante un viaje al Distrito Federal en agosto del 2011.
Durante 30 años Cordóva Bautista ha abusado de menores, actos que se han facilitado por los puestos que ha ocupado como capellán, confesor y asesor de movimientos juveniles como Acción Social del Instituto Potosino, el Colegio Motolinía, Renovación Marista, Ciudad Nueva Marista, Encuentros Juveniles de Espiritualidad y Familia Educadora de la Fe.
Alberto Athié, quien estuvo fuertemente involucrado en la acusación contra Marcial Maciel, afirma que el propio arzobispo de SLP, Carlos Cabrero, dijo que el caso de Córdova Bautista se llevó a Roma hace diez años, pero éste no ha sido retirado de su cargo, aunque aparentemente la Santa Sede sí le dio la pena máxima para un sacerdote, la suspensión a divinis, lo que quiere decir que no puede ejercer cargos eclesiásticos ni el ministerio religioso. Athié afirma, según información que posee, que los abusos se cometen desde hace más de 30 años, incluso antes de que el sospechoso fuera sacerdote, cuando era encargado de la biblioteca del Instituto Potosino, y que han dañado a más de cien jóvenes. Luis Nava Calvillo, articulador de Iniciativa Ciudadana, exige al Arzobispo que envíe al Vaticano toda la información que tiene y que también la entregue al procurador, pues el abuso sexual es considerado como grave en el art. 148, fracc. IV, del Código Penal, “cuando el delito lo cometiere el ministro de algún culto religioso, instructor, mentor o, en general por la persona que tenga el ofendido bajo su custodia, guarda, educación o aproveche para cometer el delito la confianza en él depositada”. El Código señala que “las autoridades están obligadas a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia”.
Alberto Athié, por su parte, opina que la sociedad católica potosina debe ser más crítica con su propio clero y propone llevar el caso ante las Naciones Unidas quienes han abierto la posibilidad de considerar a la pederastia clerical como un acto de tortura, lo que significaría que no prescribiría y podría ser castigado por la justicia. En el caso del sacerdote Eduardo Córdova hay abusos aún recientes, y otros que quizá fueron denunciados civilmente, pero a los que no se les dio continuidad por las dificultades que las víctimas deben enfrentar para hacerlo. “Que las víctimas decidan denunciar conlleva mucha complejidad: necesitan hacer una reconstrucción de la verdad histórica, necesitan apoyo psiquiátrico, necesitan expresarlo. Es un proceso doloroso…” (Athié, SLP expres, 10 de mayo de 2014).
Además, opino que se respeten los Acuerdos de San Andrés, que se detengan las mineras, que se revisen a fondo y dialógicamente todas las reformas impuestas por el gobierno, que no se entreguen los hidrocarburos en manos privadas.

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