Gordas pensiones para “no pensar en corruptelas”

Humberto Musacchio

 Cuando los jueces tienen más amor por el dinero que por la justicia, en forma automática se hacen indignos de su ejercicio. Es el caso de algunos magistrados —¿o son todos?— del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes han desbarrado ante lo que consideran un golpe a su muy gordo bolsillo.

En forma por demás apresurada e irresponsable, el Congreso aprobó una multimillonaria pensión de por vida —haber de retiro le llamaron— en favor de los magistrados electorales, hecho que despertó la justa indignación social y una generalizada crítica en la prensa, lo que, muy a su pesar, llevó a los actuales beneficiarios a renunciar a la vergonzosa canonjía, pero con la advertencia de que la disposición legal debía quedarse ahí para que beneficie a los magistrados del futuro.

De por sí, los jueces, magistrados y ministros que componen el Poder Judicial de la Federación disponen de sueldos nada despreciables. En este país de pobres, un magistrado de circuito percibe 144 mil pesos, más aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad y todas las prestaciones que tiene cualquier empleado público, más bono de riesgo y otros beneficios.

El Tribunal Electoral trabaja con la misma pachorra que el resto del sistema judicial, o incluso menos, pues elecciones federales sólo hay cada tres años. De modo que ningún togado del TEPJF puede alegar exceso de trabajo, aunque ya se dio el caso de que se asignaran un pago extraordinario por trabajar en época electoral.

Pese a lo anterior, resulta escandaloso que el magistrado electoral Salvador Olimpo Nava diga que tiene tanta chamba que apenas si le da tiempo de comerse un sandwichito de atún, cuando el Tribunal al que pertenece cuenta con una cocina atendida por los mejores chefs, con menús variados y una cava que ya la quisiera cualquier sibarita para un domingo.

En la misma línea, el también magistrado Flavio Galván, irritado ante la renuncia obligatoria a sus haberes de retiro, salió a decir que éstos eran “una garantía para la sociedad”, porque “de no existir una pensión (la grandota que no pudieron aceptar) se induce a los funcionarios públicos a la corrupción, a la farsa, al fraude a la ley”, en cambio, “si el magistrado tiene asegurada su vida digna desde el punto de vista económico, no estará pensando en corruptelas”. Y en esa lógica galvanizada, como no tenían ni tendrán los haberes prometidos, el ciudadano puede pensar que estos magistrados sí piensan en corruptelas. ¡Autogol, don Flavio!