El gobierno puede perder la apuesta
Humberto Musacchio
De acuerdo con la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos que regulará los casinos del país, “los jugadores compulsivos serían fichados en esos establecimientos”, de acuerdo con la información de Pedro Diego Tzuc, aparecida en Reforma (3/VI/2014).
Lo anterior parece confirmarlo una declaración que aparece en la misma nota y se atribuye al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien habría dicho que “si alguna persona se declara con esta enfermedad (la ludopatía), se registra en todos los casinos y entonces, si quiere reincidir, el casino no le permite entrar… De este tamaño es la regulación que queremos hacer de los casinos y de todos los juegos, de todos los sorteos que se realizan en territorio nacional”.
Por supuesto, los defensores de la moral aplaudirán lo dicho por tan encumbrado funcionario, pero el asunto tiene sus asegunes. Para empezar, es dudoso que la ludopatía sea en rigor una “enfermedad”, pero todavía más dudoso es que los casinos cierren las puertas a quien está dispuesto a jugar y a dejarles dinero.
Como bien se sabe, los dueños y operadores de casinos no son hermanas de la caridad y no es asunto de ellos ni les debe interesar la elaboración de listas negras de jugadores insaciables que son, muy precisamente, los clientes más deseados por las casas de juego, muchas de las cuales funcionan sin permiso o al margen de la ley, lo que debería ser la primera preocupación de las autoridades, y no la moral de los apostadores.
Aun si los casineros estuvieran dispuestos a elaborar las listas y a impedir el paso a los jugadores compulsivos, nada impediría que éstos se fueran a tirar su dinero al hipódromo, al frontón o al primer garito o brinco que se les presente, y vaya que los apostadores conocen siempre lugares donde pueden darse gusto.
Pero incluso si no hubiera opciones como las mencionadas, a los apostadores les queda arriesgar su dinero en el Melate, los pronósticos deportivos o la Lotería Nacional, que son juegos de azar operados por el Estado. ¿O también ahí habrá listas negras?
En México hay numerosos juegos de apuesta que son legales. Impedir a un ciudadano que arriesgue en ellos su dinero es anticonstitucional, y eso debería saberlo la Secretaría de Gobernación. Un problema más grave es la existencia de casinos ilegales o que operan con permisos falsificados, caducos o alterados. Si el gobierno mexicano quiere combatir el juego que empiece por perseguir a las mafias que están detrás o dentro de esos negocios. Perseguir a los jugadores es apostar con pérdida segura.