En el interior del recinto de techos altos de la iglesia Bordeland Calvary Chapel, en San Benito en el Valle del Río Grande, Texas, el pastor Greg Rangel está rodeado de cajas de mudanzas.

La iglesia cristiana construida en los años cuarenta, con capacidad para 700 personas se vendió el 11 de junio a la organización no lucrativa International Educational Services (IES) , que la acondicionará como albergue para menores centroamericanos que migraron solos y están en proceso de deportación.

Rangel se guarda el monto de la transacción: “La cantidad no es lo importante, sino para qué va a ser usado”; dice.

Solo revelo que los representante de IES le dijeron que el espacio tendría capacidad para recibir de 300 a 400 menores.

La experta en migración de menores, Michell Brané de Women’s Refugee Comission, con sede en Washington, estima que en el país hay alrededor de 40 refugios privados con financiamiento federal, pero que se ha abierto un número indeterminado más por la oleada de 47 mil menores migrantes no acompañados,40% de niñas aprehendidos de enero a mayo de 2014.

Precisa que este año el gobierno federal les destinó a esos refugios unos “2 billones de dólares” (2 mil millones dólares).

Texas es el estado con más albergues, de acuerdo con el Texas departamento of Family and Protective Services y al Texas Departament of State Health Services, hay 23 resguardos privados, con capacidad para 3 mil 23 camas y licencias de funcionamiento de 1 a 27 años.

Su saturación provocó que a principios de junio se trasladaran mil 200 menores más a la base militar Joint en San Antonio Texas.

En el valle Río Grande, que colinda con la franja fronteriza de Tamaulipas, que va de Reynosa a Matamoros y donde el Pew Research Center registra 75% de flujo de menores migrantes sin acompañamiento, se han instalado el mayor número de estas pensiones en el país en la última década.

 

De 2001 a 2014 se triplicaron de cuatro a 13, con capacidad total para mil 600 camas en la zona. Y dos más que abrirán, el de San Benito y otro en Edinberg.

Rogelio Núñez ,de proyecto Libertad en Harlingen, Texas señala que estos funcionan en secrecía, que son inaccesibles para la mayoría de las organizaciones promigrantes, y hay opacidad en su manejo financiero.

“Valgame dios”, de donde agarran tanto dinero, pregunta “Si pueden comprar edificios de medio millón de dólares o de 250 mil dólares (el equivalente a 7 y 3 millones y medio de pesos), entonces ya es un negocio”.

con información del diario el universal