Patricia Gutiérrez-Otero

En México se hacen y deshacen leyes como si fuera algo que pocos pueden decidir, como si fuera una verdadera democracia, como si los diputados y los senadores nos representaran, y no defendieran intereses partidistas o de clase; lo peor es que nosotros nos dejamos y, la mayoría de las veces, no nos enteramos de los cambios.
En México, como en muchos países en los que el catolicismo es la cultura mayoritaria, los acuerdos entre la Iglesia cupular y el Estado son moneda común. Si a veces estos dos poderes se enfrentan, también hacen negociaciones en los que cada uno sale ganando algo según los intereses del momento. Muchas veces el Papa no se entera de la situación social en la que se firman estos acuerdos y puede creer en su bondad dependiendo de la manera en que se le presenten. Es uno de los aspectos políticos de la inmensa institución eclesial que a veces ha tenido consecuencias nefastas.
La difícil relación Iglesia jerárquica con el Estado (en cualquiera de sus versiones, aún imperial) ha durado a lo largo de los siglos, desde que Roma adoptó a la primera como religión oficial del Imperio. Causa primera de que ahora esta religión posea un pequeño territorio en Roma que goza de las características de un Estado autónomo, la ciudad del Vaticano, a pesar del empuje secular que empezó con la Revolución francesa que proclamó la existencia de una República laica.
En México, el presidente Benito Juárez, en el siglo XIX, declaró la división entre la Iglesia y el Estado. Aunque al inicio la Iglesia jerárquica no aceptó esta situación, gradualmente fue asumiendo las bondades de una separación, aunque una parte de ella y de sus seguidores siga lamentando esta orientación magisterial. Desde entonces, en México ha habido roces entre Estado e Iglesia y en los años treinta del siglo pasado una cruenta “guerra” cristera que casi no aparece en los libros de texto, con fanatismos por parte de ambos sectores.
En el México de fines del siglo XX hubo diferentes negociaciones y acuerdos. La situación era la emergencia en el país de los grupos de católicos orientados por la teología de la liberación (presente en el Sur del Continente) que podían desestabilizar el orden social. En Cuernavaca, el obispo Méndez Arceo, de la teología de la liberación y llamado el obispo rojo, abría espacio para una Iglesia diferente y para las comunidades de base, críticas a partir del Evangelio de las situaciones que viven. Cuando a los 75 años tuvo que presentar su renuncia, ésta fue inmediatamente aceptada, y en su lugar se puso a un obispo conservador: el cardenal Posadas quien comenzó a prohibir que sus curas trabajaran en comunidades de base y hablarán de teología de la liberación. Su sucesor, el cardenal Reynoso, siguió esta línea benéfica para el interés del Estado.
En los años noventa, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, orientado también hacia la teología de la liberación y la teología indigenista, quien daba un lugar horizontal a los indígenas, no pudo ser sucedido por su obispo auxiliar, el obispo Raúl Vera, como canónicamente debería ser, quien continuaría con su línea pastoral. Se le impidió acceder a Juan Pablo II casi hasta el final de su obispado, con lo que logró evitar que se pusiera un obispo de ultraderecha que destruyera la Iglesia indígena que se había formado en esa zona de Chiapas. La negociación para detener este movimiento fue la reanudación, con Salinas de Gortari, de las relaciones entre la Iglesia y el Estado que estaban suspendidas.
En México, a partir de entonces sigue el estira y afloje. Nos inquieta el costo que la Iglesia pague porque en las modificaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los diputados (salvo los del PRD y el PT) pretenden excluir de los delitos el que los religiosos “orienten” el sentido del voto de los electores. Aparentemente esta modificación a la Ley aún no es aprobada por los senadores. Esta sanción evitaba una posible manipulación por parte de prelados sobre fieles y respetaba al Estado laico. Dados los partidos que votaron a favor podemos inferir la orientación que esperan obtener de la orientación de los religiosos: la de mantener el status quo. Posiblemente el Estado les pague prohibiendo las uniones legales entre homosexuales y penalizando otra vez el aborto en los lugares donde se había logrado avanzar en una mayor comprensión.

pgutierrez_otero@hotmail.com