CIENCIA
El juez desestima resolución de Conamed
René Anaya
Así como no todos los manifestantes son anarcos ni todos los jóvenes son halcones o narcomenudistas, tampoco todos los médicos son negligentes. Sin embargo, resulta más sencillo culpar a esos grupos de personas de las deficiencias y malas políticas públicas del gobierno, que buscar las verdaderas causas de la pobreza, de la falta de oportunidades de empleo o de la mala atención médica.
Ahora el Poder Judicial, autoerigido en juez y parte, ha culpado a 16 médicos de haber causado la muerte de un adolescente por el manejo intrahospitalario que se le proporcionó. No se tomaron en cuenta las condiciones en que llegó el paciente al hospital, el estado de la infraestructura médica ni los procedimientos diagnósticos y de tratamiento que se le practicaron.
La criminalización a priori
El juez tercero del Distrito de Procesos Penales Federales emitió el 20 de mayo pasado 16 órdenes de aprehensión en contra del equipo de médicos y responsables de la Unidad de Terapia Intensiva del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara, de acuerdo únicamente con la opinión de un médico forense.
Sin demeritar la calidad del médico forense, el juez tercero debió tomar en cuenta a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), la cual es “una Institución pública que ofrece medios alternos para la solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos; promueve la prestación de servicios de calidad y contribuye con la seguridad de los pacientes”, como refiere en su misión.
La Conamed fue enterada del caso, lo analizó y en su artículo resolutorio final determinó: “…que la defunción del paciente no se debió a mala praxis, sino a la respuesta inflamatoria sistémica desencadenada por hipoxia grave, choque y paro cardiorrespiratorio, con repercusiones sistémicas y múltiples procesos infecciosos que, pese al correcto manejo, lo llevaron a la falla orgánica múltiple”, como se transcribe en un comunicado del IMSS.
El planteamiento de la Conamed se deriva de “un análisis cuidadoso, serio e imparcial, basado en gran capacidad técnica y completa autonomía que permite soluciones justas sin la intervención de instancias jurídicas costosas, complejas, prolongadas y no siempre con resultados equitativos, pues prevalecen en ellas los aspectos puramente jurídicos sobre el evento médico y en donde cuenta más la habilidad de los abogados que la actuación de los profesionales de la salud”, como señala la propia Comisión en su documento Modelo mexicano de arbitraje médico.
Como no hay una obligatoriedad de atender las resoluciones de la Conamed ni es reconocida todavía como centro de referencia altamente especializado en el ámbito nacional e internacional, el Poder Judicial puede omitir sus planteamientos, como sucedió en este caso, y criminalizar a los médicos.
No somos dioses ni criminales
Ante esta situación, al parecer insólita de considerar culpables de homicidio culposo, derivado de negligencia médica, a 16 médicos, surgió el movimiento #YoSoy17, integrado por médicos, enfermeras, nutriólogos, odontólogos y terapistas, que bajo la consigna “Somos médicos, no dioses ni criminales” han manifestado su apoyo a sus compañeros de trabajo en varios estados.
En la capital del país, durante una manifestación, el doctor Rafael Cervantes López, de la organización no gubernamental Colegio Médico de México, señaló que “nos mantendremos unidos para no permitir más atropellos a nuestros derechos profesionales”. Asimismo advirtió que el movimiento exigirá que se vigile el abasto, mantenimiento y conservación de las instalaciones, “de la administración de las unidades de servicios médicos y, sobre todo, de la transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios que manejan los fondos de salud”.
Y allí es donde debe comenzar a buscarse la solución de todos los problemas, porque el malestar de los derechohabientes, que se manifiesta directamente contra el personal del Sector Salud, nace de la falta de transparencia en la compra de medicamentos y equipos médicos, de una infraestructura médica incapaz de hacer frente a la demanda de servicios de una población creciente, de la falta de personal médico y de enfermería para atender las necesidades de los pacientes y, concretamente, de las carencias presupuestarias crónicas.
Si a esa situación se agrega que “implicar a los médicos en situaciones de controversia es relativamente fácil, y más fácil que la autoridad, sin corroborar las circunstancias, emita sanciones de manera unidireccional antes de averiguar y constatar que realmente existe la tipificación de un delito”, comorefiere el Colegio de Medicina Interna, entonces se entiende que resulte más cómodo criminalizar a los médicos o a otros sectores de la sociedad, en lugar de enfrentar los verdaderos problemas de las políticas públicas del país.
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