Luego de que el ex contador Marco Tejeiro confesara por escrito al fiscal Pedro Horrach el funcionamiento del Instituto Nóos, donde ratificó la existencia de falsas facturas, contratos laborales irreales para generar beneficios fiscales, así como el reparto de fondos entre socios, de lo que responsabiliza a Iñaki Urdangarin y a Diego Torres, sin citar a la hermana del rey, Cristina de Borbón, el juez José Castro, instructor del caso Nóos, lo llamó a declarar el próximo sábado 12 de julio.
La cita tiene la finalidad de que Tejeiro ratifique en el escrito presentado a través del fiscal -y que “aparenta ser de don Marco Antonio Tejeiro”, dijo el juez-, y que se someta a las preguntas de las partes, si fuera pertinente, ya que en su última confesión “viene a contradecir” la anteriormente ofrecida por el imputado, Diego Torres.
El abogado de Torres, Manuel González Peeters, presentó un escrito en el juzgado anunciando una querella contra Marco Antonio Tejeiro, cuñado del propio Torres, por las manifestaciones en el escrito presentado por el fiscal. Peeters insistió en que Tejeiro “miente, y lo sabe”, e insistió en que “lo que dice con relación a mi defendido es, en el mejor de los casos, falso, absolutamente falso, y ese imputado lo sabe”.
El abogado de Torres agregó que, en relación a las contrataciones simuladas a las que hace referencia Tejeiro en el escrito que presentó a la Fiscalía Anticorrupción, “es algo que alcanza única y exclusivamente a Urdangarín y a su esposa, vocal del Instituto Nóos, por cierto”.
Ambos son aludidos por las explicaciones del también imputado Tejeiro en relación con las ramificaciones en Belice y el Reino Unido. Indica que Diego Torres sí pudo usar esta red de evasión exterior, pero no ha podido concretar si lo hizo Urdangarín.
El abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, por su parte, también habló al respecto de la confesión del contable de Nóos, “estamos rodeados, como en la película Solo ante el peligro y le ha restado importancia a la posibilidad de que el escrito de Tejeiro pueda exculpar a la infanta Cristina, “yo creo que viene exculpada de por sí. No necesita ninguna exculpación adicional”.
¿Negociaciones limpias?
Mientras que Urdangarín aseguró que solo percibió 795 mil 732 euros procedentes de las contrataciones de Nóos, pero el juez le mantiene una fianza de responsabilidad civil de seis millones de euros, lo que su defensa lamenta; señaló también que si logró hacer negocios a través del Instituto Nóos y otras empresas fue por su preparación y por haber sido “deportista de alto nivel” y “no sólo” por su condición familiar en la Casa Real.
Pascual Vives, comentó -que el marido de la Infanta Cristina- “fue deportista olímpico, vicepresidente del Comité Olímpico Español, deportista de alto nivel, y amplió sus conocimientos profesionales en la entonces prestigiosa escuela de negocios Esade, teniendo como profesores a diversos testigos que han depuesto en la causa y que estuvieron contratados por el Instituto Nóos”.
En concreto, precisó que en 2005 y 2006 cobró por su actividad personal y profesional, entonces a través de Aizoon, 366 mil 719 euros por la primera edición del denominado Valencia Summit, mientras que en 2005 obtuvo 556 mil 330 euros por la segunda edición del anterior evento y la primera del Illes Balears Forum.
A partir de 2006, señala, no percibe “ni personalmente ni a través de Aizoon cantidad alguna derivada del tercer congreso de Valencia ni del segundo de Palma” e insistió en que “sólo percibe ingresos, a partir de 2006, de sociedades mercantiles privadas”.
En relación a los dos presuntos delitos fiscales que refiere, el abogado Pascal indicó que su cliente no cometió ilícito alguno en 2007 y 2008, fechas en las que la Agencia Tributaria le imputa una defraudación de hasta 337 mil 138 euros en las cuotas del IRPF. En cualquier caso, reconoce que el imputado podría haber cometido irregularidades administrativas que no rebasaron, en ninguno de los ejercicios, los 120 mil euros, monto a partir del cual se considera delito.
¿Y Cristina?
Un tribunal de tres magistrados, ya no el juez José Castro, se harán cargo de la situación legal de Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, también imputada en el caso Nóos de supuesta corrupción; los integrantes de la sala segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Diego Gómez-Reino, Juan Jiménez Vidal y Mónica de la Serna) serán quienes resuelvan si Cristina de Borbón acompaña en el banquillo de los acusados a su esposo Iñaki Urdangarín y a otros 13 encausados, entre ellos el ex presidente balear Jaume Matas (PP).
La Audiencia palmesana, instaurada en casos de corrupción, forma un tribunal plural y no previsible que actúa con rapidez ante los recursos y al dictar sentencias. Se incorporará, para turnos de apoyo, la conservadora Ana Cameselle; los tres primeros conocen casi todos los detalles del caso Nóos -más de 130 mil folios- y en casi todas las ocasiones, la Audiencia ha respaldado la actuación del instructor.
Aunque es probable que la gran decisión no se conocerá probablemente hasta finales de septiembre, debido a que durante el mes de julio no habrá días suficientes para resolver todos los recursos y apelaciones y encauzar y comunicar los posicionamientos de los implicados. Agosto es inhábil en la judicatura.
El fiscal, en sus alegaciones contra el auto en el que Castro pide que se procese a la hermana del Rey, pidió al instructor que suspendiera los 20 días de plazo para presentar las calificaciones iniciales, peticiones penales ante la futura apertura del juicio, a lo que no se sabe qué responderá Castro. Horrach desea que nadie presente su escrito final hasta que la Audiencia no se pronuncie sobre el escrito con el que busca anular el auto del juez, pero si la Audiencia lo aprueba, el asunto de la infanta quedaría cerrado ya.
La imputación de Cristina de Borbón ha tenido ya dos pronunciamientos de la sala. En julio de 2012, la Audiencia rechazó la pretensión de imputación que formuló el seudosindicato Manos Limpias, entonces el juez Castro y el fiscal Horrach coincidieron en rechazar la incriminación.
Las discrepancias juez-fiscal ocurrieron en la segunda ocasión, cuando en abril de 2013, el instructor tramitó la imputación de la hermana del rey contra el criterio del fiscal, por lo que los tres jueces de la Audiencia palmesana, en mayo de 2013, dos votos a uno, dejaron sin efecto la imputación que dictó el juez Castro aunque marcaron al instructor que la investigara por un posible delito de blanqueo de capitales. Ahora éste reiteró la imputación y el fiscal expresó, de nuevo, su rechazo con los ataques a la labor del instructor y sus conclusiones.