Los programas estadounidenses de vigilancia están haciendo más difícil que funcionarios del Gobierno hablen a la prensa de manera anónima, aseguraron este lunes los grupos activistas Human Rights Watch y American Civil Liberties Union.
En un reporte conjunto para el que entrevistaron a más de 90 periodistas, abogados y actuales y ex funcionarios del Gobierno estadounidense, dijeron que la vigilancia a gran escala, uno de los principales temas del Gobierno de Barack Obama en la estrategia contra filtraciones de seguridad nacional, amenaza la libertad de prensa y el derecho al asesoramiento jurídico.
Los programas de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés), que incluyen la recolección de “metadatos” telefónicos, han preocupado aún más a los funcionarios si se relacionan con los medios, ya que cualquier interacción -por correo electrónico, teléfono- representa un riesgo de rastro digital que podría posteriormente ser usado en su contra, de acuerdo con el reporte.
“Los periodistas nos dijeron que los funcionarios están considerablemente menos dispuestos a estar en contacto con la prensa, incluso sobre temas no clasificados u opiniones personales, de lo que estaban algunos años atrás”, dijeron los activistas en el reporte.
El Gobierno de Obama ha endurecido sus medidas sobre silenciar a quienes filtran información, y acusó a ocho personas bajo la Ley de Espionaje por sospechas de filtrar información, tras las filtraciones del ex contratista de la NSA Edward Snowden, por lo que el Gobierno reforzó la vigilancia para detectar “amenazas internas” de empleados públicos que quieran entregar información a la prensa.
“Muchos programas estadounidenses de vigilancia van mucho más allá de lo necesario para controlar la seguridad nacional, señaló el reporte; “Estados Unidos se dice un modelo de libertad y democracia, pero sus propios programas de vigilancia están amenazando los valores que clama representar”, dijo el autor del informe, Alex Sinha, en un comunicado.
El reporte instó al presidente Obama y al Congreso a reformar las políticas de vigilancia del país, así como reducir la confidencialidad y brindar mayor protección a quienes denuncian prácticas ilegales o corrupción.
En mayo, la Cámara de Representantes aprobó una ley para poner fin a la recolección de datos telefónicos de la NSA, sin embargo, el proyecto de ley está actualmente bajo consideración del Senado.