La Audiencia Nacional sospecha que Jordi Pujol Ferrusola, contratista de la Generalitat catalana, cobró una comisión encubierta de Isolux Corsán al involucrarse en un macroproyecto turístico mexicano, y por lo que obtuvo un beneficio de 13 millones de dólares en sólo dos años.
El juez Pablo Ruz, que investiga la corrupción de Pujol, pidió a la empresa española toda la documentación sobre la compra del proyecto Azul de Cortez, así como del resto de los del fideicomiso mexicano: el desarrollo turístico de Baja California Sur más importante al tratarse de un complejo sobre una superficie de 800 hectáreas junto al golfo de California —el Mar de Cortés—, en el que se prevé la construcción de un campo de golf diseñado por Greg Norman, una marina, dos hoteles con 280 habitaciones y unas 2 mil residencias de lujo sobretodo para el público estadounidense y canadiense.
En el proyecto, que se trata de un negocio superior a los 3 mil millones de dólares, lo que han certificado consultoras como Lazard o Deloitte, forma parte el hijo del ex presidente autonómico catalán.
De acuerdo con EL MUNDO, fuentes cercanas a la negociación señalaron que Pujol Ferrusola desembolsó a mediados de 2006 “tres millones de dólares” para obtener un 21.5% del desarrollo del negocio. Así, al realizar los pagos a través del BBVA, adquirió en México un fideicomiso, lo que le permitiría además de abarcar la propiedad del terreno, las posibilidades de negocio sobre el mismo.
El suplemento “Crónica” de El MUNDO reveló en mayo de 2013, que Pujol ejecutó la operación como “propietario del inmueble descrito [la finca de 800 hectáreas], del proyecto ejecutivo para la construcción del desarrollo turístico y las viviendas que se construyan sobre el inmueble descrito”.
Jordi Pujol llevó a cabo la operación mediante de su sociedad limitada Iniciatives, Marketing i Inversions, misma que es investigada por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal, y dedicada originariamente al negocio del mármol y del granito bajo la denominación de Natural Stone; la Agencia Tributaria le detectó ya fondos en Luxemburgo.
En diciembre de 2008, Pujol Ferrusola, vendió su paquete del 21.5% a Isolux Corsán, por lo que obtuvo una espectacular plusvalía de 13 millones de dólares. Jordi Pujol fue quien estableció personalmente contacto con la empresa española para proponerle el negocio, en el que entró con una pequeña participación, luego vendió su parte sin haber tenido una participación relevante.
La empresa española, al mismo tiempo que adquirió la parte de Pujol Ferrusola, compró las participaciones en este fideicomiso a otros empresarios tanto españoles como mexicanos, desembolsando un total de “79 millones de dólares”, para ser únicamente quien se dedique al desarrollo del negocio inmobiliario.
Tanto el juez Ruz como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía intentan determinar si la compraventa desemboca el pago de un sobreprecio y si los fondos con los que se involucró Pujol Ferrusola tienen una procedencia ilícita.
Algunas fuentes que compartieron el negocio con Pujol Ferrusola, indicaron que la gran ganancia abonada por Isolux Corsán se justifica “por el valor añadido” que se incorporó al proyecto “en forma de licencias urbanísticas y gastos de gestión, entre otras cuestiones” y resaltaron que las operaciones están auditadas por KPMG, Baker and McKenzie y Price Waterhouse Coopers, y que el precio percibido por el hijo del ex presidente catalán “se encuentra incluso por debajo del de mercado”.
Como se sabe, también el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol deberá comparecer ante el Parlament acerca de las cuentas sin regularizar que su familia tuvo durante más de 30 años en el extranjero, después de que todos los grupos de la oposición firmaron una petición de comparecencia que se votará este jueves en una Junta de Portavoces Extraordinaria.
El diputado de ERC Oriol Amorós adelantó que los republicanos también piden esa petición, por lo que se suman al resto de grupos de la oposición que a lo largo de los últimos días ya habían indicado que pedirían que el ex presidente catalán compareciera ante el Parlament; solo CIU no ha firmado por ahora la petición de una comparecencia que se prevé en agosto con la convocatoria de la Diputación Permanente o cuando en septiembre se inicie el curso parlamentario.
(Con información de EL MUNDO)