Ayer martes, el ministro de Economía, Axel Kicillof, — quien por la mañana se encontraba en Venezuela junto a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la cumbre del MERCOSUR, que se celebró en Caracas— viajó inesperadamente a Nueva York para reunirse con la delegación de tres miembros de su equipo que ya habían tenido un encuentro con el abogado Daniel Pollack, el mediador asignado por el juez Thomas Griesa para interceder entre el Ejecutivo argentino y los fondos de inversión.
En el encuentro estuvieron los representantes de los fondos litigantes, también llamados holdouts y fondos buitre. Kicillof pudo dialogar en persona por primera vez con ellos y luego de más de cuatro horas anunció que las negociaciones se prolongarían hasta el día siguiente, “seguimos trabajando, con toda la seriedad que tiene la cuestión. Como ustedes entenderán no puedo dar informaciones”; por su parte, el mediador Daniel Pollack —a través de un comunicado— dijo que “los temas que dividen a las partes permanecen sin resolverse”.
Ante la suspensión de pagos, el juez ya advirtió a los abogados del Gobierno argentino que los principales perjudicados serían la gente real y no los buitres. Tampoco para el Gobierno argentino es la opción, porque corre el riego de entrar en crisis y no saber cómo salir, como ocurrió en la crisis de 2001; hoy en el mejor de los casos, agravaría los problemas de una economía en recesión y con serias dificultades para conseguir inversión extranjera.
Para los medios argentinos, el viaje del ministro de Economía a Nueva York significó que se lleva una propuesta bajo el brazo: la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba) ofrecía a los fondos litigantes 250 millones de dólares en garantía. Así, los “fondos buitre” podrían pedir una moratoria al juez para que postergue su sentencia hasta enero de 2015.
Es una posibilidad con la que todos ganarían. Los fondos buitres obtendrían dinero —250 millones de los mil 500 que reclaman— y el Gobierno ganaría tiempo, cuando expira la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), firmada por los acreedores que aceptaron reducciones en el cobro de sus deudas durante las reestructuraciones de 2005 y 2010, lo que ha permitido a esos inversores exigir las mismas condiciones de cobro que los buitres —el pago íntegro de las deudas que contrajo el Gobierno con ellos— si el Gobierno les pagase antes de enero de 2015, fecha en la que expira esa cláusula. Kicillof no desmintió ni confirmó nada.
El viaje de Kicillof a Nueva York prometía llegar a un acuerdo, aunque también podría pasar lo contrario. Mientras que Kicillof se dirigía a Nueva York, Cristina Fernández criticaba al juez desde Caracas, “¿Qué idea tenemos todos acerca de un juez? De alguien que es imparcial entre dos partes y es neutral frente a las partes y decide de acuerdo a Derecho. Esto no es lo que está sucediendo”. Cristina Fernández aumentó su imagen positiva en el país conforme fue tensando sus declaraciones contra “los buitres”, entonces la mayor parte del país la apoyó.
Origen de conflicto económico
La deuda de Argentina creció sobre todo en los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), motivos por los que Argentina cayó en 2001 en la mayor suspensión de pagos de la historia de un país.
En 2005 y 2010, los Gobiernos de los Kirchner ofrecieron a los acreedores una fuerte quita, lo que en términos reales significó la reducción del 66% desde hace nueve años al 25% actual por la subida de la cotización de los nuevos bonos argentinos; así los Kirchner reestructuraron el 93% de la deuda impaga, pero quedó otro 7% en manos de inversores de EU y Europa que siguen litigando.
De manera que, un fallo de un juez de Nueva York –que se basó en una norma que establece igual tratamiento a los acreedores- estableció que Argentina no podrá seguir pagando la deuda reestructurada hasta que abone primero unos mil 100 millones de euros a un grupo de fondos buitres y otros acreedores que tienen el 1% de la deuda impaga desde 2001. Este miércoles vence uno de los títulos del pasivo refinanciado, el llamado Discount (descuento).
Por su parte, el Gobierno de Cristina Fernández sostiene que si paga el dinero reclamado en este juicio, los acreedores de la deuda reestructurada -que asciende en la actualidad a 30 mil millones- pueden llegar a demandar el mismo tratamiento, es decir, exigir pagos por 90 mil millones y condenar a Argentina a la suspensión de pagos de todas sus obligaciones.
El argumento del Ejecutivo, que es respaldado por algunos juristas y opositores, se basa en una cláusula de la deuda reestructurada que establece que los que la aceptaron pueden exigir mejoras si a los que la rechazaron se les paga más. Esta cláusula vence a finales de 2014 y por eso el Gobierno pide que se congele el fallo hasta 2015. Otros opositores, economistas y los fondos buitres sostienen que esta norma solo se aplica en caso de ofertas voluntarias y no de cumplimiento de un fallo.
Si Argentina no paga a los fondos buitres, el dinero que ya depositó en los agentes fiduciarios para abonar el título reestructurado Discount no llegará a manos de los acreedores en EU y Europa. Fernández dice que no sería una suspensión de pagos porque es el juez el que bloquea el giro, pero las calificadoras de riesgo crediticio así lo determinarán. Este impago selectivo (de un solo bono) puede derivar en uno de toda la deuda reestructurada si en los próximos 30 días los acreedores del 25% de alguno de los títulos exige la aceleración del cobro del total adeudado.
La presidenta Fernández asegura que no afectará a la economía, pero analistas consideran que una suspensión de pagos selectiva, que se arregle en 2015, puede agravar la actual recesión de Argentina, aunque descartan un escenario catastrófico. Una suspensión de pagos total, que puede derivarse tanto del cumplimiento como del incumpliendo del fallo, ocasionaría ungran impacto de mayor dimensión.