Entrevista a Antonio de la Cuesta/Investigador del CIDAC

 

 

Moisés Castillo

La reforma energética y sus leyes secundarias se consumaron. Los dictámenes se aprobaron sin contratiempos en la Cámara de Diputados y la oposición nunca apareció. El PRD careció de un discurso consistente en el Congreso y en las calles. La imaginación para explicar “el gran atraco a la nación” se redujo a una consulta popular que “revertirá” la reforma constitucional. Es la única carta que tiene el perredismo y que puede ser su tumba rumbo a las elecciones intermedias del 2015.

Hay que recordar que la Secretaría de Gobernación publicó en marzo pasado el decreto en el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular. Detalla que serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional, y para ser considerados así deben repercutir en la mayor parte del territorio nacional o impactar en una parte significativa de la población.

La trascendencia nacional de los temas propuestos para consulta popular será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, que lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, el resultado de la consulta es vinculante —obligatoria— para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, a 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

 

Revertir las reformas: Cárdenas

Con una actitud derrotista, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la decisión final de la reforma energética será en un año con la consulta popular.

“Hemos ido ganando la batalla de las ideas. Ustedes deberán registrar que todos tenemos una enorme responsabilidad para seguir convenciendo a más gente porque en junio del 2015 debemos echar atrás este atraco”.

En este sentido, el llamado líder moral del perredismo, Cuauhtémoc Cárdenas, presumió que el partido cuenta con un millón 700 mil firmas a favor de la consulta que superan lo que establece la Constitución.

“Ya tenemos las firmas suficientes, pero queremos que esta demanda, esta solicitud que hacemos ante los poderes federales, vaya respaldada por muchos más mexicanos. Estamos empezando también la campaña para llamar al voto en 2015 para revertir estas reformas constitucionales”.

Ahora le toca a la Corte: Penchyna y Larios

Por su parte, el senador del PRI, David, explicó que le tocará a la Corte pronunciarse cuando haya una controversia.

“Queda muy claramente establecido qué es materia de consulta y qué no es materia de consulta, donde haya excepciones marcadas en la Constitución será la Corte quien tendrá que decirlo. Hoy el artículo 35 constitucional señala qué no es materia de consulta, por ejemplo, los ingresos del Estado mexicano… La reforma constitucional en materia energética no será materia de consulta”.

A su vez, el senador panista Héctor Larios Córdova señaló que los temas de trascendencia nacional incluyen las reformas constitucionales, “las que ya se hicieron y las que están por hacerse”. Por ello, corresponde a la Corte determinar la constitucionalidad de la pregunta en cada consulta específica.

Aquí la pregunta fundamental es si las leyes reglamentarias en materia energética son sujetas a una consulta popular.

El PRD no defendió nada

Para Antonio de la Cuesta, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), es lamentable la actitud del PRD que, conociendo la ley y sus restricciones, esté vendiendo a sus electores y a la sociedad la idea de que una consulta popular puede tirar la reforma energética.

“Puedo asegurar un fracaso a la consulta popular dadas las condiciones y los planteamientos diversos que ha generado el PRD y otras fuerzas de la izquierda (Morena no respalda la consulta del PRD y viceversa). Es difícil que prospere cualquier cosa llámese consulta popular, si las izquierdas no van unidas. En términos jurídicos es bastante inviable. El que el PRD esté diciendo que esto tiene posibilidades de prosperar, de tirar una reforma constitucional, creo que es una gran mentira”.

¿Qué costos políticos tendrá el PRD tras la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética en la Cámara de Diputados. ¿Cómo viste la defensa del petróleo que hizo el PRD?

El PRD no defendió nada. Los dictámenes pasaron casi tal cual como los propuso el Ejecutivo federal el pasado 30 de abril, lo que quería en esencia ha transitado. Hay algunas cosas que se mejoraron. Por ejemplo, lo de las expropiaciones entorno a la tenencia de la tierra y el uso de las mismas en cuestión de explotación. Lo que no queda muy claro son las modalidades que va a representar en cuanto a la negociación entre particulares. Es decir, ya no será el gobierno quien determine el interés público para expropiar una tierra para el uso y explotación de hidrocarburos. Una empresa va a manifestar el interés de tener ese terreno, ya sea propiedad de un ejidatario o terrateniente y habrá una negociación directa, la cual sí tendrá ciertas reglas y estará supervisada por la autoridad. Pero tampoco queda claro cómo serán las reglas de operación, y si esto beneficia más que un régimen de expropiación. Tal vez sí, porque negociar con el gobierno sería más desventajoso que con un particular.

También está sobre la mesa un tema espinoso: los pasivos laborales de Pemex y CFE…

Es otra de las batallas perdidas no sólo del PRD sino también del PAN. Ese dinero de los pasivos laborales —pago de pensiones y jubilaciones que asciende con Pemex y CFE a 1.6 millones de millones de pesos— será una carga muy onerosa para las próximas generaciones como lo fue en su momento el Fopabroa. Hay que entender que era algo que se tenía que pagar. No sé si es la mejor manera de solventar esa deuda, pero sí sienta un precedente importante para otras cuestiones como, por ejemplo, el pasivo laboral del IMSS, se avecina una crisis en 2015. De Pemex salieron muchísimos recursos durante toda su existencia.

En tiempos del panismo, el Complejo Cantarell fue una mina de oro que financió una buena parte del gobierno. El régimen fiscal de Pemex siempre exprimió a la empresa y la riqueza petrolera a lo máximo, pero ahora aparentemente llegó el momento de pagar esa deuda. No sé si sea lo óptimo, pero era urgente saldar esas deudas. Todas estas cuestiones que han sido perniciosas han salido como el PRI ha querido. El PRD no ha metido las manos y el PAN ha tratado de adaptar las reformas a sus intereses y a su circunstancia. El gobierno federal ha obtenido lo que estableció en su plan original.

 

Gastos e ingresos no son materia de encuesta

Pareciera que el PRD le apostó a la consulta popular, ¿es así? ¿Cuáles son los escenarios que se perfilan?

Ni siquiera ha pasado los primeros filtros en la Corte. Además hay cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta, no tanto de lo que dice el 35 constitucional sino lo que dice la misma Ley Federal de Consulta Popular. Es decir, la reglamentaria de ese artículo 35. Lo principal que hay que tomar en cuenta son las restricciones que establece su artículo 11 entre estas, la más importante en términos de la reforma energética, es la que establece la fracción IV: no es materia de una consulta popular cuestiones que tienen que ver con ingresos o gastos del Estado.

Por lo tanto, si se pretende ir en contra de la ley de ingresos de hidrocarburos de entrada quedaría descalificada. Y así muchas cosas que tienen que ver con la renta petrolera. Hay cuestiones que descalificarían de inmediato en caso de trascender a la Corte. Ha habido intentos con firmas recabadas de iniciar este proceso de la consulta popular que han sido infructuosos. La que presentó Andrés Manuel López Obrador hablaba si está de acuerdo o no en que se establezca un régimen de concesiones, queda descalificado por la misma redacción. Constitucional y jurídicamente hablando las concesiones siguen estando prohibidas, no hay materia.

¿Es inviable esta salida jurídica?

Si se pretender ir a las leyes secundarias hay que recordar dos cosas: hay una fecha límite para que esta solicitud pudiera salir en julio del 2015, la fecha límite es el próximo 15 de septiembre. Si no se procesa en esa fecha tendremos que esperar hasta 2018 para que vuelva ocurrir esta oportunidad. Si las leyes secundarias llegan a transitar el Congreso en la primera quincena de agosto hay materia, porque ya están aprobadas, pero para que haya materia es necesario que el Ejecutivo las promulgue, si no esas leyes no existen. No se puede hacer una pregunta sobre algo que no existe en materia. A lo mejor veremos la promulgación de las leyes secundarias en materia energética hasta después del 15 de septiembre o el mismo 15. Tal vez en un plazo donde sea imposible generar una pregunta y recabar las firmas. La restricción principal es lo que menciona el artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular: no se puede ser materia en caso de que tenga que ver con ingresos y gasta del Estado.

 

Es probable que la Corte falle en contra

¿Es una utopía que la consulta popular echará para atrás la reforma energética?

No estoy criticando el mecanismo de consulta popular ni tampoco que haya restricciones, porque creo que es sano para la democracia. Veo difícil el asunto de la consulta popular, porque tiene que ver forzosamente con ingresos y gastos del Estado, y más ahora que nos endosarán a la cuenta pública los pasivos de Pemex y CFE. En la ley de Pemex, artículo segundo, se establece que son empresas del gobierno, no del Estado lo cual sí hace una gran diferencia, ya no es una empresa del todo pública del Estado sino de la autoridad. Vamos a pagar una deuda que pertenece a una empresa de la autoridad, no precisamente del Estado y sí hay muchísimas dificultades para poder vincular una pregunta de consulta popular y tirar la reforma energética. No es el instrumento. En cuanto termine la arena legislativa, no hay nada más que hacer.

¿Cuál es el papel de la Corte en este asunto polémico?

La Corte tiene que determinar la constitucionalidad o no de la consulta popular. Ese es su papel, eso en caso de que procese la solicitud del PRD antes del 15 de septiembre. Ahí entraría el órgano máximo del Poder Judicial. Pero dado el marco jurídico, las posibilidades de que la Corte falle en contra, son bastante altas. El Poder Judicial tiene mucho qué decir, en la cuestión sobre la ocupación superficial (capítulo 4 de la Ley de Hidrocarburos) y las diferentes modalidades que se podrá ocupar en la negociación entre particulares para la tenencia de la tierra.