De cara a la contienda política

Alfredo Ríos Camarena

A menos de que transcurran 2 años de gobierno, el presidente Peña Nieto logró realizar una serie de reformas, que algunos llaman estructurales, que tienen que ver con las más trascendentes acciones del Estado: las reformas laboral —iniciativa del pasado gobierno—, educativa, hacendaria, fiscal, política, en telecomunicaciones, y la polémica y controvertida reforma energética. Además, se han realizado diversos cambios legislativos de importancia.

El tema que se avizora hacia el futuro inmediato es la aplicación de estas reformas y su funcionalidad, en la inteligencia de que algunas de ellas están seriamente cuestionadas por diversos grupos políticos, sobre todo de aquéllos que pueden —todavía— ejercer presión social para tratar de revertirlas.

Se ha dicho que muchas de las leyes reglamentarias de la reforma energética son inconstitucionales, lo que abre la puerta para ejercer una acción de inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 105 de nuestra Carta Magna; sin embargo, no será fácil, pues el mencionado precepto constitucional establece un mínimo del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso, para darle curso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta acción se ve complicada, pues de acuerdo a las votaciones recientes, la unión de los partidos de izquierda: PRD, PT y Movimiento Ciudadano no alcanza dicho porcentaje, por lo que se ve casi imposible que pudieran utilizar éste camino jurídico; no obstante, hay otras vías como el amparo, y desde luego, la consulta popular a la que han apelado con mayor intensidad; pero al parecer, la opinión de muchos juristas es que ésta consulta no tiene facultades para una reforma constitucional, ya que el artículo 135 establece con claridad lo que el maestro Tena Ramirez denominó el “Constituyente Permanente”, en el que participan todos los legisladores de la república con la mayoría calificada de los individuos presentes de cada Cámara y con la mayoría de las legislaturas locales, a las que por cierto no se establece un mecanismo de mayoría calificada en su aprobación.

El tema seguirá siendo motivo de discusión jurídica, y sobre todo política, pero lo más complicado estará en la ejecución oportuna, eficaz e inteligente de la reforma energética, cuyo destino desconocemos, y sólo será en los próximos años —cuando menos 15— cuando los mexicanos sabremos si fue acertado o no este cambio.

La reforma educativa, aun cuando ha tenido avances importantes, sigue siendo objeto de oposición.

La reforma fiscal ha sido criticada por los grupos empresariales, quienes no acaban de entender que la única salida hacia el futuro del país es a través de un mayor pago de impuestos.

La reforma política le dio nuevas facultades al antiguo IFE, ahora INE.

La reforma en telecomunicaciones también tuvo serias confrontaciones, y finalmente fue aprobada.

Concluyó la etapa reformista y se avecina, a pasos agigantados, la contienda política.