Ayer presentó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante la PGR una denuncia en contra del complejo minero Buenavista del Cobre, del Grupo México, debido a “su presunta responsabilidad en el derrame de casi 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado, en el río Bacanuchi”. Este juicio por Responsabilidad Ambienta advirtió Profepa en un comunicad, podría derivar en una multa por 40 millones de pesos, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Entretanto, los alcaldes de siete municipios afectados por el derrame pidieron ayuda al gobierno del estado para solicitar a la empresa una indemnización para los habitantes de sus poblados. La procuraduría, cuyo titular es Guillermo Haro Belches, informó asimismo que este año realizará una revisión de las condiciones en que se encuentran las mil 252 minas que existen en el país.
La denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente (Ueidaple), de la PGR, y en la misma se imputa a las compañías mencionadas la probable comisión de delitos contra el ambiente. El sulfato de cobre acidulado —precisó la Profepa— fue vertido en principio sobre un arroyo denominado “Las Tinajas” o “Rastritas”, localizado aguas abajo del represo Tinaja 1, y siguió una trayectoria de 89 kilómetros, en el municipio de Cananea.
La dependencia hizo notar en su comunicado que la sanción para los delitos que se presumen en este caso está contenida en el artículo 414 del Código Penal Federal, el cual señala penas de hasta nueve años de prisión y multa de 300 a tres mil días de salario mínimo.
Indico además que ordenó ya una visita de inspección en materia de impacto ambiental a todas las instalaciones de la empresa Buena Vista del Cobre, S.A. de C.V., con la finalidad de verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes de su autorización en materia de impacto ambiental. Lo anterior –abundó— “sin perjuicio del procedimiento administrativo ya iniciado por violaciones a la Ley General de Gestión de Residuos y a la NOM-159-SEMARNAT-2011 que regula las condiciones de construcción y operación necesarias para patios de lixiviados, que se resolvería en un plazo no mayor a 60 días hábiles, y cuya multa pudiera llegar a los 50 mil salarios mínimos (aproximadamente tres millones de pesos). Los municipios afectados por la contaminación son: Baviácora, Aconchi, Ures, Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús y Huépac, cuyos ediles contarán con el respaldo del gobierno del estado en su demanda de indemnización. “Aunque no es facultad del gobierno estatal proceder de manera directa contra la empresa responsable del daño, toda vez que esta es competencia del gobierno federal a través de Conagua, Profepa y Semarnat, se acordó brindar asesoría legal a los productores y habitantes de esta región, para iniciar acciones por la vía civil”, informó el secretario estatal de Economía, Moisés Gómez Reyna. Agregó que lo que están haciendo como gobierno del estado, “es brindar todo el apoyo a estos municipios, para gestionar ante la Federación que se cumpla la ley y que, una vez que se atienda la contingencia, se tomen las medidas necesarias para asegurar que no vuelva a suceder”. VáLVULA, NO LLUVIAS. Por su parte, el secretario de Salud, Bernardo Campillo, informó que trabaja para atender las necesidades de los habitantes afectados por el derrame de ácido sulfúrico y metales pesados. El 7 de agosto pasado, la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora dio a conocer el derrame de ácido sulfúrico, pues en el rio Bacanuchi, primero, y posteriormente en el río Sonora, fueron detectados metales pesados altamente dañinos para la salud humana y animal y el medio ambiente, tales como arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel. La Profepa anteriormente había solicitado a la empresa aplicar medidas de remediación total, luego de que la contaminación de los ríos afectara a aproximadamente 22 mil personas. La empresa señaló en un primer momento que el incidente se produjo debido a las lluvias, lo que ocasionó el derrame de uno de los llamados represos de jales que contenían esta sustancia, sin embargo nuevas versiones a los medios señalan que el derrame se debió a la falla de una válvula que se reventó en un represo de la mina Buenavista del Cobre.