Entrevista a Francisco Paoli Bolio/Investigador del IIJ de la UNAM
Moisés Castillo
Ya se cumplieron dos años de que la consulta popular es un instrumento democrático y ciudadano que tiene rango constitucional. El artículo 35 de la Carta Magna establece que sólo podrá ser solicitada por el presidente de la república, el 33 por ciento de los integrantes de alguna cámara del Poder Legislativo, 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (1.7 millones por consulta).
Es importante destacar que el resultado de la consulta sólo será vinculante cuando la participación total corresponda al 40 por ciento de los ciudadanos integrados en la lista de electores.
Hasta el momento, el PRD busca revertir la reforma energética con la consulta popular, el PAN no quiso quedarse atrás e impulsará una sobre el salario mínimo y el PRI sorprendió con su propuesta de reducir legisladores plurinominales. ¿Cuál de estos temas prosperará? Analistas y especialistas en materia constitucional coinciden en que ninguna será viable por la simple razón de que se estarían promoviendo cambios constitucionales. ¿Estás consultas podrán verdaderamente tener efectos legales?
Puntos de vista
El nuevo presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Silvano Aureoles, aseguró que las consultas promovidas por el PRI-PAN pretenden distraer a los ciudadanos para lo fundamental que es revertir la reforma energética.
“Mi partido (PRD) es el único que tiene una propuesta seria y responsable para someter a consulta popular, como es la reforma energética. La materia electoral, dice la Constitución, no es materia de consulta popular porque cae en el terreno de la violación de los derechos de las personas”.
El perredismo desea que a la ciudadanía se le pregunte: “¿Estás de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?”.
A su vez, el dirigente perredista, Jesús Zambrano, advirtió que el PRI busca consolidarse en el poder legislativo al proponer una reducción de legisladores de representación proporcional.
“El PRI cometió el yerro de plantear que haya una consulta popular sobre un tema que el artículo 35, fracción octava, de la Constitución, prohíbe… Lo que en el fondo quieren, al tratar de dar mayor predominancia a la representación uninominal, no es un mayor equilibrio de fuerzas en el Legislativo, sino tratar de favorecer al partido que está en la Presidencia”.
Sin embargo, el PRI en voz de su líder nacional, César Camacho, destacó la idea de “adelgazar” al Congreso con la eliminación de 100 de 200 diputados plurinominales y 32 senadores del principio de representación proporcional.
“Yo creo que la eficiencia incluso está por encima de lo que se ahorre en el gasto público… El presidente Enrique Peña Nieto, entonces candidato, no ofreció la supresión de los diputados de representación proporcional, sino la reducción en 100. El partido, que lo postuló y lo respalda absolutamente en la gestión presidencial, retoma ese compromiso de campaña, lo lleva a la discusión ciudadana, esperando el respaldo de los que tienen derecho a participar para convertir esta pregunta en una expresión de democracia directa”.
De prosperar la consulta priista, la pregunta que formularía para el 7 de junio del 2015 sería: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución, para que se eliminen 100 de los 200 diputados federales plurinominales y los 32 senadores de representación proporcional?”.
Por su parte, el PAN defiende su tema a consultar al explicar que el salario mínimo es un asunto de la doctrina panista.
“Con esta consulta popular proponemos mejorar sustancialmente el ingreso de los trabajadores, garantizar un salario digno para alcanzar un bienestar mayor de sus familias y ayudar a mejorar la distribución de la riqueza, reducir la pobreza y la desigualdad en México”, indicó Gustavo Madero, líder nacional del PAN.
La pregunta que se sometería a consulta es: “¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval?”
Para Francisco Paoli Bolio, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las consultas del PRI y PAN desvirtúan el espíritu ciudadano de la consulta popular.
“Creo que hay una intención muy clara del PRI y PAN, que están proponiendo consultas sobre los plurinominales y los salarios mínimos, para nublar y distraer sobre la consulta energética, porque estos dos partidos aprobaron la reforma constitucional. De tal manera que al tomar la atención de la gente para sus consultas se pierde atención de los que impulsan la energética. Hay una intención política clara”.
Rumbo al 2015
¿Hasta qué punto se puede desvirtuar la consulta popular como derecho ciudadano?
Una cuestión muy notoria de los tres partidos es obtener votos y voluntad favorable del electorado rumbo a las elecciones del 2015, todos los partidos que han presentado consultas populares están confiando en que salga adelante su consulta. El hecho de promover la consulta en relación con la reforma energética, plurinominales o salarios mínimos les va a traer votos de gente que simpatiza con estos temas. El tema de la reducción de legisladores es un tema que planteó Felipe Calderón y el PAN hace tiempo, el PRI nunca había propuesto esto. Pero encontraron una fórmula atractiva para muchos electores y que les puede traer simpatías de reducir el número de “pillos que se están quedando con nuestros recursos, que se están quedando con nuestros impuestos”. Hay que recordar que los plurinominales son personas que ponen los partidos, los ciudadanos no votan por ellos, pero la representación proporcional es una especie de concesión en alguna medida a los partidos, y específicamente a las dirigencias partidistas.
¿Cuál es su postura sobre cada una de las consultas populares que están impulsando PRI, PAN y PRD? Ya que es un instrumento novedoso en nuestra democracia.
La consulta popular es una institución relativamente nueva equivalente a lo que se llama en otros países “el referéndum”, un mecanismo que pone a prueba una serie de decisiones para que sea la ciudadanía la que resuelva cuando se trata de asuntos que afectan gravemente al país o a una parte importante de la población. Es un derecho de los ciudadanos que está ubicado en el artículo 35 de la Constitución, es un artículo que le otorga derechos a los ciudadanos mexicanos. Este derecho ciudadano lo han estado asumiendo los partidos, no es un derecho de los partidos, éstos tienen sus propios derechos que están planteados en el artículo 41 y en las leyes respectivas Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la Ley General de Partidos. La consulta popular no es un derecho en primer término de los partidos, aunque ciertamente los partidos son organizaciones de ciudadanos. Los partidos tienen muchos más recursos, estructura, financiamiento, fuerza, acceso a los medios informativos que los ciudadanos. Están entonces tomando la delantera y planteando una serie de consultas.
La revista Siempre! ha entrevistado a especialistas y expertos en derecho constitucional, y coinciden en que la consulta popular sobre la reforma energética es imposible. ¿Cuál es su opinión?
Es una consulta que se da sobre una reforma constitucional recientemente aprobada. Ahí empiezan las dudas, porque en la mayor parte de las legislaciones del mundo todos los referéndums son sometidos a la aprobación del congreso, pero son limitados a que no puedan plantear ni la aprobación ni la derogación de reformas constitucionales. Hay referéndums que se hacen antes de que entre en vigor una reforma constitucional, y no entran en vigor si no hay una aprobación ciudadana. No es el caso de la nuestra. Tengo mis dudas y la Suprema Corte las va a expresar en algún momento si una reforma ya aprobada, como la energética a nivel constitucional y legal, puede ser derogada por una consulta popular. Yo creo que no. Para que una reforma sea derogada por una consulta popular en nuestro país tiene que ser una reforma a una ley secundaria, no a una ley constitucional, ese es mí criterio. Hay que esperar lo que emita la Corte, no ha emitido su postura porque ha de tener varias dudas, en los integrantes del pleno de la Corte. Creo que será improcedente la consulta para la reforma energética, porque la Corte no va aceptar que esta consulta pueda derogar una reforma constitucional.
¿Qué futuro le ve a la consulta sobre los salarios mínimos que impulsa el PAN?
Esta es una consulta que no está impugnando una reforma sino está planteando que se establezca un nuevo procedimiento más adecuado y justo para aumentar los salarios mínimos. Ahí veo menos dificultad de que sea aprobada, porque no se trata de una reforma constitucional. Lo que dice el artículo 123 sobre el salario mínimo sigue vigente y no está siendo impugnado. Más bien lo que quieren es actualizar su sentido.
Es difícil que ciudadanos hagan consultas
El PRI también promueve su consulta sobre los plurinominales, ¿cuál es el escenario más viable?
Aquí hay una limitante. Esta consulta para ser vinculatoria tendría que tener el 40 por ciento de la participación del electorado, todas ellas. Pero este es un asunto de materia electoral, y está expresamente prohibido que pueda estar incluida en la consulta popular. Hay varias cosas que están excluidas: no pueden someterse a consulta ni los impuestos, cualquier cosa que se refiera a gastos, ingresos y egresos del Estado, la disciplina de las fuerzas armadas, nada sobre materia electoral, y sobre la forma de gobierno. Creo que hay dos consultas que pueden no ser aprobadas que son la energética y esta de los plurinominales, ya que toca, dicen algunos, la forma de gobierno. Si se considera que el Congreso es uno de los elementos del Estado y de gobierno puede considerarse que al modificarse la integración de las cámaras se está entrando en materia electoral y de forma de gobierno que es la que señala el artículo 40 constitucional.
¿Qué obstáculos reales tienen los ciudadanos para ejercer plenamente este derecho constitucional?
Es muy difícil que organicen una consulta, tiene que haber un interés muy fuerte para que un grupo de ciudadanos obtenga recursos que les haga capaces de ser convocantes, solicitantes de una consulta. Reunir un millón 700 mil firmas lo pueden hacer con cierta facilidad los partidos que tienen muchos recursos, militantes, estructura, pero es mucho más difícil hacerlo para una organización independiente, si hay un interés muy fuerte con un poder fáctico detrás, por ejemplo, Televisa, Telmex, esos sí pueden porque tienen los recursos. Ahí los ciudadanos quedarían suplantados de alguna forma por los poderes fácticos. Es muy difícil pensar, excepto por algunos temas, que un referéndum puede ser convocado por ciudadanos reuniendo el 2 por ciento de las firmas del total del electorado. No es imposible, es muy difícil.
¿Qué nos dice la experiencia internacional? ¿Qué elementos podríamos retomar para la realidad mexicana?
Depende cada país. Hace no mucho tiempo se hizo un referéndum para poner en vigor el Tratado de Maastricht en Europa. Los países tenían que votar si su integración política se daba, porque lo que estaba planteando la Unión Europea es, en alguna medida, una integración económica, monetaria (no totalmente porque el euro es una moneda que no está en vigor en los 27 países), pero el Tratado nos hablaba de la voluntad de la ciudadanía europea si deseaba integrarse políticamente o no. Pues no estuvo de acuerdo. También estuvo planteada una Constitución Europea, pero estamos hablando de cosas mayores, no estamos hablando de intereses particulares sobre la reforma X o Z, sino la condición de un país. Por ejemplo, Inglaterra no decidió entrar a la economía del euro, mantiene su libra esterlina como moneda. En estos países antes del referéndum se hacen una serie de eventos, se publican libros sobre el tema que se va a votar, se hacen programas de discusión en las universidades, se hacen programas en los medios informativos sobre las ventajas o desventajas, y normalmente se plantean en un sola pregunta que es “sí o no”. Hay otro matiz en el caso mexicano: se está pensando que se planteen preguntas, y dependiendo de la naturaleza de las preguntas es que la Suprema Corte se va a pronunciar si procede o no la consulta.