¿Volvemos al siniestro diazordazato?
Humberto Musacchio
México, país donde nunca han faltado los prisioneros de conciencia, atraviesa una etapa de pobreza, insatisfacción social y desgobierno que despierta protestas o produce respuestas espontáneas de la ciudadanía ante problemas y amenazas que el Estado no previene ni resuelve.
El caso de Michoacán es el más alarmante porque amplias áreas de la entidad están en manos de la delincuencia. Numerosos ciudadanos se organizaron para enfrentar a los criminales y lo hicieron exitosamente, tanto, que pusieron en evidencia la incapacidad de las autoridades. Éstas, como respuesta, detuvieron a varios autodefensas y a su líder, José Manuel Mireles, y lo enviaron a una cárcel de Sonora, a más de mil kilómetros de Michoacán.
Mireles es médico, es también un hombre serio y decidido, carismático y buen organizador. Sabe, y lo dice, que los gobiernos municipales están infiltrados por la delincuencia y que el gobierno estatal y el virrey nombrado por la Federación, Alfredo Castillo, obran con disimulo ante una de las bandas, la encabezada por La Tuta, que se mantiene con las armas en la mano.
En Guerrero, donde 60 localidades han sido abandonadas por sus habitantes ante las amenazas de los narcotraficantes, al gobierno lo único que se le ocurre es encarcelar a los líderes populares, destacadamente a Néstora Salgado, coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, a quien desde hace un año mantiene presa en el penal de Tepic, Nayarit, pese a que desde marzo un tribunal unitario ordenó su liberación y la de sus compañeros.
Un caso similar es el de Arturo Campos Herrera, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña de Guerrero, detenido hace ocho meses y recluido en el penal de Almoloya de Juárez, en el estado de México. Su pecado: organizar la policía comunitaria que logró reducir a cero los homicidios en la región.
Otro caso de escándalo, entre muchos más, es el de Mario Luna, vocero yaqui, encarcelado por luchar contra el acueducto Independencia que le quita agua al río y al valle que llevan el nombre de su etnia. Y mientras él se halla en prisión, el sinvergüenza que se dice gobernador de Sonora se construye una presa particular para regar sus tierras.
Acusado sin prueba alguna de secuestro y sin orden de aprehensión, el perredista Jerónimo Jacobo Femat y Tadu Roberto Torres Escobar fueron encarcelados pese a que la acusadora declaró haberlo señalado bajo presión de la policía ministerial.
La lista de víctimas de estos abusos es interminable y las cárceles se han llenado de presos de conciencia. ¿Volvemos a los tiempos del siniestro diazordazato? Las autoridades deben saber que están jugando con fuego.