Durante septiembre pasado se vendieron 89 mil 116 vehículos nuevos en nuestro país, lo que representó un aumento del 13.7% comparado con el mismo mes de 2013; esto no refleja el potencial ni la realidad que el mercado interno mexicano tiene, por lo que si bien, no deja de ser un crecimiento de dos dígitos, este aún no es un motivo para echar las campanas al vuelo.
Así lo manifestó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís Sánchez, quien detalló que aún con esas cifras positivas, se continúa por debajo de lo que se tenía en el 2009, mientras que en ese mismo lapso en términos de exportación y producción casi se ha duplicado lo que se estaba vendiendo.
En conferencia de prensa el dirigente de la AMIA dijo que muestra de que el mercado interno aún está deprimido, es el hecho de que el potencial del mismo es de, entre 1 millón 800 mil y 2 millones de unidades vendidas anualmente, pero la estimación para el cierre de este año, es de tan solo un millón 200 mil vehículos.
Agregó que si nos comparamos con otros países con ingresos per cápita similares, también se puede observar un rezago, pues mientras en México se venden nueve autos nuevos por cada mil habitantes, en Brasil se venden 19 y en Argentina 23, este último con una población de 40 millones de habitantes.
Por otra parte, informó que hace unos días se generó la jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que otorgó la constitucionalidad al decreto vigente que regula la importación de autos usados, y que impide la entrega de amparos nuevos para la importación de vehículos bajo el argumento de que dicho decreto no es constitucional.
En ese sentido, recordó que el 95% de los autos “basura” que entran al país lo hacen a través de amparos, de los cuales, el 90% fueron otorgados por dos jueces, uno de ellos, quien tiene el 40% de los amparos que se han otorgado ya está suspendido y siendo investigado.
Dijo que ello genera una especie de blindaje al decreto cuando este se declara constitucional, así como nuevas restricciones que la propia autoridad ha ido instrumentando para asegurar que los importadores cumplan con la ley, y los que no, que se actúe en contra de ellos.