Oguer Reyes Guido
El gobierno abierto es una iniciativa multilateral encaminada al establecimiento de compromisos por parte de los gobiernos nacionales para promover la transparencia.
Según la definición del concepto que hace la Alianza para el Gobierno Abierto se trata de un conjunto de técnicas tendientes a optimizar la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos para lograr un diálogo dinámico colaborativo y efectivo en donde las tecnologías de la información juegan un papel fundamental.
En principio, vale destacar que los inicios de la Alianza para el Gobierno Abierto se remontan hasta el año 2011, cuando los países fundadores suscribieron la Declaración para el Gobierno Abierto y cada uno de ellos anunció su plan de acción. Algún tiempo después, La iniciativa llamó la atención de la administración Obama que contribuyó a que se sumasen otros grupos de diversos países que contaban con experiencias exitosas en temas de transparencia.
Posteriormente, el 12 de julio del 2011, los presidentes Barack Obama, de los Estados Unidos, y Dilma Roussef, de Brasil, presentaron ante la Asamblea General de Naciones Unidas las bases de la iniciativa multilateral Open Government Partnership que se basaba en tres ejes centrales: confianza pública, sistema de transparencia y participación de la sociedad en el gobierno.
La iniciativa propone elementos muy interesantes y enriquecedores para la gestión pública con el objetivo de aumentar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, no ha tenido la acogida que se podría desear en la región latinoamericana.
En Bolivia, por ejemplo, el presidente Evo Morales se ha visto, y se verá envuelto en diferentes escándalos de corrupción en su gobierno que tienen una fuerte conexión con su partido político. Las denuncias van desde sobreprecios en la construcción de carreteras hasta desvío de recursos públicos a través de la imagen del grupo G77, como lo refieren los periodistas bolivianos Humberto Vacaflor y Marianela Montenegro. Ambos periodistas, con documentación en mano, denuncian los negocios que los familiares del vicepresidente, Álvaro García Linera, realizan con el Estado. Además, Bolivia forma parte de la iniciativa de integración regional conocida como Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que fundara el fallecido presidente Hugo Chávez. En el marco de esta iniciativa de cooperación el Estado boliviano ha recibido una importante cantidad de recursos económicos que no han sido transparentados ante la sociedad. Por esta opacidad en el manejo de los fondos de cooperación venezolanos se le llegó a criticar insistentemente al presidente Chávez dado que este flujo de recursos podría llegar a alentar la corrupción en los países receptores de la ayuda.
Del mismo modo, Ecuador, dentro de la iniciativa del ALBA ha recibido una importante cantidad de recursos provenientes de Venezuela sin que sean transparentados. El presidente Rafael Correa y sus funcionarios se han visto involucrados en diversos escándalos de corrupción que van desde denuncias de peculado en la compra de material para la policía, en donde se señala a Ricardo Antón, ex director de la Agencia Nacional de Tránsito; hasta las denuncias de los contratos millonarios que el hermano del presidente, Fabricio Correa, tenía con el Estado ecuatoriano.
En medio de las diferentes críticas que los periodistas y la oposición han hecho al gobierno, el presidente Rafael Correa ha recurrido reiteradamente a la descalificación de los medios de comunicación acusándolos de estar sesgados y con un claro interés en favorecer a la oligarquía local.
El presidente Correa ha declarado en diversas entrevistas tanto en España como el Latinoamérica que la prensa de su país es poco profesional; que se sienten dueños de la opinión pública cuando en realidad solo son dueños de la opinión publicada. Según la tesis del presidente Correa, los ciudadanos no están representados por los medios de comunicación del país.
Paralelamente, otros países como Argentina, Venezuela y Nicaragua han conocido situaciones similares. El caso más llamativo de éstos sería el de Nicaragua en donde los medios de comunicación han realizado extensas investigaciones sobre el destino de la multimillonaria cooperación venezolana llegando a publicar algunos datos que apuntan a que este dinero ha servido para fundar un corporativo muy poderoso, ALBANISA, que es propiedad del presidente Daniel Ortega y su familia.
En vista de lo anterior, y para ilustrar más el tema de la corrupción gubernamental, resulta de gran interés echar un vistazo al informe titulado Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional 2013. Países como Sierra Leona están también fuertemente afectados por la corrupción. En este país el 75% de los ciudadanos encuestados reconoció haber pagado sobornos a lo largo del último año para realizar trámites o agilizar servicios públicos. Colombia, Paraguay, Venezuela y Perú están en el rango del 20% al 29% de ciudadanos que han pagado soborno. Argentina, Chile y El Salvador están el rango 10% al 14%, México está en el rango del 30% al 39%. Los países en los que menos se pagan sobornos están Canadá, Japón, Australia, Finlandia, Uruguay, entre otros que se ubican en el rango del 0% al 5%.
En este contexto resulta, evidentemente, necesario que los gobiernos tomen acciones concretas en el sentido de comprometerse con el Gobierno Abierto para poder combatir de manera más eficiente el problema de la corrupción, lo cual implicacría algunos desafíos como el de mejorar los servicios públicos, aumentar la integridad pública, el manejo de recursos públicos con mayor eficacia y eficiencia, la construcción de comunidades más seguras y el aumento de la rendición de cuentas por parte de las empresas.
Para lograr superar estos desafíos el Gobierno Abierto establecería un subsistema de políticas públicas que se basan en tres ideas: la transparencia que promueve la rendición de cuentas, la participación que mejora la eficacia gubernamental, la calidad de la toma de decisiones y la colaboración que incorpora a los ciudadanos a la acción del gobierno.
Para llevar a buen puerto las estrategias conducentes al establecimiento del Gobierno Abierto es necesario clarificar las teorías subyacentes a este concepto. Primeramente, la mejora regulatoria a través de la cual el Estado puede implementar una serie de acciones que mejoren el bienestar de la sociedad en general y desincentiven la corrupción. Otra teoría es la de la buena gobernanza que refuerza el tema de transparencia en la rendición de cuentas y protege las libertades individuales. Además, la participación ciudadana que busca la implicación cívica en el ejercicio pleno de la ciudadanía y la soberanía popular más allá de la simple participación en las elecciones cada determinado tiempo. Por último, la eficacia de la gestión pública cooperativa en la que el Estado asume su rol en la generación de conocimiento a través de la apertura de información y diálogo entre actores políticos.
Para concluir, podemos constatar que el establecimiento del Gobierno Abierto trae muchas ventajas a la administración pública. Sin embargo, se requiere del decidido compromiso de los gobiernos, en sus distintos niveles, para poder implementarlo con éxito. La historia latinoamericana nos da algunas muestras de que algunos gobiernos de nuestra región no son muy proclives a la transparencia de la gestión pública. Esta es una situación que debe cambiar con la participación de la sociedad que ahora cuenta con los múltiples recursos que ofrecen las tecnologías de la información. El reto está planteado.
Especialista en Economía Gubernamental y en Administración Financiera Pública.