Nada nuevo la desaparición de poderes
Manuel Nava
Chilpancingo.- Transcurrido poco más de un mes de la masacre de Iguala, y luego de que diversos liderazgos del PRD exigieran a su cúpula un cambio de postura y la solicitud de licencia de Aguirre Rivero como gobernador de Guerrero, para evitar la generación de ingobernabilidad plena y anarquía en la entidad, así como la realización de una investigación exhaustiva sobre los responsables materiales e intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, se percibe una salida, aunque lateral, al conflicto que aqueja a esa entidad suriana.
Se propuso a Beatriz Mujica Morga, como gobernadora interina, no obstante las presiones del ahora exmandatario para que su delfín, Sofío Ramírez Hernández se quede con dicha investidura.
Tampoco habría podido lograr una curul para su esposa Laura del Rocío Herrara y ni la candidatura a la alcaldía de Acapulco para su retoño, Ángel Aguirre Herrera.
Seguramente, la defensa a ultranza de Ramírez Hernández a su jefe político lo marcó. Horas antes de que se decidiera la suerte del mandatario, el senador perredista dijo a los medios: “Somos miles de guerrerenses quienes apoyamos a Ángel Aguirre (…) Incluso el presidente de la república dijo que la salida se decidiera aquí con los guerrerenses…. quienes piden la dimisión del gobernador, hablan “como si vivieran” en el estado, son voces irresponsables del centro del país, que están más allá de sus intereses políticos”.
La noche del 22 de octubre, el presidente del PRD, Carlos Navarrete, sostuvo una reunión privada con Ángel Aguirre para abordar la problemática que se vive en la entidad, y en las últimas horas la dirigencia del partido ha sostenido encuentros con otros gobernadores pertenecientes al sol azteca.
El conflicto dejó la imagen y la credibilidad del PRD hecha añicos, sumamente debilitado ante el proceso electoral 2015 y con el estigma de haberse convertido en un vehículo para la instauración de narcogobiernos.
Si bien es verdad que se trata de un mal que ha impregnado el sistema político electoral mexicano, los hechos inmediatos se lo adjudican al partido que debió haberse convertido en un instrumento de poder para la sociedad y no lo hizo.
A lo largo de su historia, mantener la gobernabilidad en Guerrero ha sido una tarea titánica. En el periodo reciente Guerrero ha tenido dos periodos de continuidad gubernamental. El primero comenzó con Rubén Figueroa Figueroa y concluyó cuando Rubén Figueroa Alcocer tuvo que ser relevado en el cargo. El segundo empezó con René Juárez Cisneros y concluyó con el propio Aguirre Rivero.
En la ciencia política aún tiene vigencia el axioma de que hay momentos en que la historia parece repetirse dos veces; la primera como tragedia y la segunda como comedia. En el caso de Guerrero ésta ha sido una constante que sintetiza la raíz de la violencia en estas tierras. La ley que vale es la del poderoso que la puede aplicar a su antojo y conveniencia. Ante la inconformidad social, primero se percibe el olor de la pólvora y después el impacto de las balas.
El territorio guerrerense, convulsionado por el rezago social y político, ahora tiene un tejido social desgarrado para la actividad del crimen organizado que viene a fortalecer las cadenas del hambre y la desigualdad social.
Implicaciones
La separación de Ángel Aguirre Rivero del gobierno de Guerrero tiene fuertes implicaciones electorales y políticas.
Un diagnóstico del tricolor consideró Guerrero como un foco rojo y de hecho lo daba por perdido casi en su totalidad, por lo que la mayor parte de las 81 alcaldías, las 28 diputaciones locales de mayoría relativa y las 9 diputaciones federales podrían haber sido ganadas por el partido del sol azteca.
Hoy el PRD se encuentra desacreditado y su potencial abanderado Armando Ríos Piter también podría quedar en una franca desventaja. El PRI aún no tenía una definición clara de quién podría ser su candidato y se mencionaron entre los posibles a Héctor Astudillo, Cuauhtémoc Salgado, Manuel Añorve Baños e incluso a Claudia Ruiz Massieu, hija del exmandatario José Francisco de los mismos apellidos.
Ante la debilidad que acusa ahora el PRD, en los círculos centrales se le ubica como quien podría recuperar la entidad para el tricolor.
La implicaciones políticas del relevo de Ángel Aguirre llevarían al PRD a presionar para que se proceda igual con la mayoría de la entidades en donde se presenta este tipo de violencia y más exactamente en el Estado de México, donde el caso Tlatlaya se desarrolla en paralelo.
Con ello se estaría enrareciendo todo el proceso electoral y se estaría deteriorando la imagen de la actual administración pública.
Los otros factores incluyen la reactivación del movimiento de resistencia normalista para evitar la desaparición de dichos centros de educación y con ello se estaría ejerciendo un contrapeso a la reforma educativa.
El magisterio disidente también puede sumarse a la movilización en contra de la reforma educativa y reactivarse en Michoacán, Oaxaca y Chiapas, tomando como punto de partida el conflicto de Guerrero.
Desaparición de poderes
En 1978 se promulgó la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 Constitucional para normar la aplicación de la desaparición de poderes en las entidades federativas del país, y se establecieron las siguientes causales:
Cuando los titulares de los poderes constitucionales:
Quebranten los principios del régimen federal.
Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.
Estén imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.
Se prorroguen en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los sustitutos.
Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República
Una historia largamente conocida
La desaparición de poderes es una situación que la entidad ha vivido en diversas ocasiones a lo largo de su historia. Unas veces por vendettas políticas y otras el abuso de poder.
- El presidente Venustiano Carranza nombró gobernador provisional del estado a Silvestre G. Mariscal, en sustitución de Simón Díaz Estrada.
- Una supuesta sublevación de los poderes Legislativo y Ejecutivo locales en contra de los poderes federales hizo que arrestaran a Julio Adams Adame sin respetar su fuero.
- El rompimiento entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles propició que el Senado desplegara una investigación por imputaciones al gobierno de Gabriel R. Guevara.
- Supuestas violaciones al voto público cometidas por el gobernador Alberto F. Berber motivaron la desaparición de poderes.
- Alejandro Gómez Maganda, quien fuera secretario de Juan R Escudero, fundador del Partido Obrero de Acapulco, fue acusado por el gobierno federal por violaciones a las garantías individuales.
- Durante la gestión de Raúl Caballero Aburto estalló la huelga en la Universidad de Guerrero, que culminó con el asesinato de varios alumnos en la plaza principal de Chilpancingo. Se declaró la desaparición de poderes.
- Al gobernador Raymundo Abarca Alarcón se le relacionó con actos represivos en contra del activismo de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Posteriormente fue involucrado en una matanza de copreros, razones por las que se desparecieron los poderes en el estado.
- El gobernador Israel Nogueda Otero fue denunciado ante la Comisión Permanente por un grupo de campesinos debido a un fraude en la supuesta venta de terrenos y ejidos en la zona de Acapulco. Los denunciantes agregaron que una vez consumada la venta, el gobernador y el doctor Mendoza obtuvieron una fuerte comisión, lo que constituía un fraude. La PGR se declaró incompetente y se turnó el asunto a la Procuraduría del Distrito Federal, donde se inició una averiguación y, una vez perfeccionada, se consignó al juez quinto penal quien dictó la correspondiente orden de aprehensión en contra de Nogueda Otero.
El Congreso, presidido en la comisión permanente por Enrique Olivares Santana, decretó una nueva desaparición de poderes en la entidad.