Anticorrupción: atole por medios digitales
Humberto Musacchio
Los parlamentarios de Acción Nacional proponen una estrategia contra la corrupción, lo que aplauden priistas y perredistas, hecho que resulta altamente sospechoso después de la docena trágica del panismo y su maloliente cauda de cochupos, moches y transas en gran escala.
Es explicable que los panistas se hagan los amnésicos para ver si alguien les cree. Pero el apoyo del PRI y el PRD a la iniciativa sugiere que todos se quieren lavar el plumaje, especialmente ahora, cuando México ha entrado en un periodo de profunda crisis en la que autoridades y partidos han perdido toda consideración ciudadana.
La propuesta del PAN pretende retirar a las contralorías y órganos similares la “facultad de sanción” contra los gobiernos que las prohijaron, pues es precisamente esa dependencia la que impide que los órganos fiscalizadores cumplan con su función, que es tanto como pedir a los hijos que golpeen a su padre.
La propuesta de los azules, de aprobarse, transferiría a los jueces penales y al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la facultad de castigar y de esta manera el segundo de esos órganos se convertiría en un tribunal de cuentas, tal como existe en otros países.
La iniciativa comprende la constitución de un consejo nacional y un comité ciudadano para ética pública que integrarían ciudadanos de “reconocido prestigio en materia de combate a la corrupción”. Su función sería formular denuncias y proponer políticas públicas para el combate a la corrupción.
Ambos órganos, suponemos, se integrarían como ahora se hace con el INE y otros cuerpos colegiados en los cuales son los partidos, no los ciudadanos, quienes tienen ahí a sus representantes, lo que les garantiza inmunidad e impunidad o por lo menos un disimulo que no repara en que la percepción pública es muy diferente a la de esos órganos.
Por supuesto, en cada estado y municipio se crearían los órganos correspondientes, lo que garantiza chambas, muchísimas chambas para nuestra clase política y sus entenados. En suma, se gesta otro pálido elefante al que se asignarían funciones que ya tiene y lamentablemente no desempeña el ministerio público.
Desde luego, de aprobarse la creación de nuevos aparatos de Estado la pagaremos los contribuyentes o, lo que es peor, se pagará con más deuda pública, porque nuestros parlamentarios legislan como si sus ocurrencias no tuvieran un costo, como si no fuera estimular el crecimiento malsano y muy oneroso de la burocracia. No buscan acabar con la corrupción, sino suministrar atole por medios digitales.