Entrevista a Marco Fernández/Profesor del Tecnológico de Monterrey
Moisés Castillo
Con la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario (después Partido de la Revolución Mexicana y Partido Revolucionario Institucional) nació un sistema político donde el presidente de la república personalizó el poder político en México. Gobiernos de amigos, parientes y caudillos, corrupción y patrimonialismo como forma de hacer política. Sólo hay que recordar el sexenio de José López Portillo (1976-1982): ocurrencias, caprichos y abusos. Desde tiempos revolucionarios, la frase del general Álvaro Obregón sigue vigente: “nadie resiste un cañonazo de 50 mil pesos”.
El país en las últimas décadas ha experimentado cambios históricos como la democracia electoral, la alternancia en el poder, la salida del PRI de Los Pinos en 2000, el equilibrio de poderes… sin embargo, no han sido suficientes para combatir el gran mal: la corrupción. México se ubica como la nación más corrupta de las que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y de una lista de 177 naciones ocupa el lugar 106, según el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Ese índice detalla que cada año se cometen en México 200 millones de actos de corrupción con un costo de 400 mil millones de pesos. Hay que recordar que se han realizado cambios normativos y legales tendientes a fortalecer la rendición de cuentas, pero no existen las prácticas ni capacidades institucionales necesarias para que estos sean efectivos.
A finales de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para crear la Fiscalía General de la República que integrará la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
Asimismo, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (Fiscalía Anticorrupción). Esta fiscalía comenzará a operar cuando el Senado de la República designe a su titular, y deberá investigar y perseguir los hechos de corrupción de competencia federal, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión.
“Tendríamos un órgano mucho más completo. La corrupción se ha generalizado y tenemos que resolverla desde sus raíces. Una fiscalía fuerte sería mucho más eficaz que una comisión”, señaló el procurador Jesús Murillo Karam.
Mala integración de expedientes
Para Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, combatir la corrupción implica realizar una gran reingeniería institucional y no un mero cambio de nombres de los órganos anticorrupción.
“La idea es que el órgano anticorrupción logre integrar toda la información para armar los expedientes y activar la máquina del derecho contra los funcionarios corruptos. Cambiarle de nombre a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos por una fiscalía realmente sería una acción mínima, insuficiente e inocua. El problema es un problema mucho más complejo que parte de una adecuada articulación institucional para aspirar a un verdadero sistema de rendición de cuentas que lamentablemente no cuenta el país”.
¿La Fiscalía Anticorrupción que impulsa el gobierno federal es suficiente para combatir este mal crónico?
La Fiscalía Anticorrupción está dentro de la Fiscalía General de la República que a partir del 2018 tendrá autonomía. Pero independientemente de esta fiscalía, se discute en la Cámara de Diputados una minuta para crear un órgano anticorrupción que sea el que llegue a sustituir a la hoy moribunda Secretaría de la Función Pública. El problema es que no hemos logrado desarrollar como país un verdadero sistema de rendición de cuentas y combate efectivo contra la corrupción. Parte del problema ha sido que el andamiaje jurídico no permite una efectiva coordinación entre las distintas instancias que tienen que estar coadyuvando en el combate de este problema. Antes de la fiscalía estaba la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que realmente su trabajo está en duda. Hay un problema de atribuciones suficientes para poder integrar los expedientes de manera sólida y llevar a cuentas a funcionarios públicos y privados que comenten actos de corrupción. Pero tiene que ver también la falta de equipos multidisciplinarios que permitan realmente hacer investigaciones de calidad.
¿En qué medida ayudaría la desaparición de la Secretaría de la Función Pública?
No existe una adecuada integración de los expedientes que arma esa secretaría y que transfiere a la PGR. En la fiscalización del gasto federal, la Auditoría Superior de la Federación tiene que notificar los hallazgos a la Unidad de la PGR y no termina de pasar nada. No hay una buena comunicación jurídica entre las distintas instancias para crear un eficaz sistema de rendición de cuentas. Hasta ahora lo que está aprobado es insuficiente para poder combatir la corrupción. Que la Fiscalía Anticorrupción sustituya a la Unidad de la PGR, cambiarle sólo el nombre y darle eventualmente autonomía, no es suficiente.
La lucha debe ser multifacética
El gran mal es la corrupción y la impunidad. ¿Cuál sería el antídoto anticorrupción?
Tendría que ser un antídoto multifacético. Necesitamos aumentar los mecanismos de prevención y de posibilidad de denuncia efectiva contra actos de corrupción. Además, endurecer ciertas penas, no es suficiente pero es necesario. Observamos casos en los que se comenten fraudes contra el Estado y quienes los comenten reciben después, por no considerarse delito grave, multas por montos menores al desfalco que hicieron. Por lo tanto, estas personas tienen incentivos para seguir cometiendo ilícitos: está la baja probabilidad de que te descubran y cuando lo hacen los castigos son menores. Esta combinación enfermiza incentiva la impunidad y los actos de corrupción. Pienso que muchas veces cometemos el error de pensar que la corrupción es sólo del funcionario público, el combate a la corrupción tiene que implicar también al agente privado que muchas veces propicia los actos de corrupción para beneficiarse económicamente en detrimento del Estado.
Con la aprobación de las reformas estructurales como la energética, habrá cientos de licitaciones en juego. ¿El gobierno federal cuenta con los candados suficientes para evitar actos de ilícitos?
Pienso en los problemas de obra pública, en donde no es solamente el funcionario pidiendo el moche sino muchas veces el privado para que las licitaciones sean favorables, influir en sus especificaciones para que cuando se hagan públicas tener ventaja; o aceptar participar en el sobreprecio de material de obra pública o construcciones de mala calidad que después requiere su reparación. Necesitamos aplicar remedios que vayan en muchas direcciones: prevención, facilitar la denuncia con protección del Estado, sanciones más fuertes contra funcionarios públicos y privados. Además, eliminar instrumentos jurídicos que cobijan actos de corrupción: el secreto bancario, fiscal y fiduciario han sido manipulados para imposibilitar investigaciones adecuadas que cometen actos ilícitos, por lo que es muy difícil integrar correctamente los expedientes, llevarlos a jueces especializados en materia de corrupción. Esto lleva a un grave problema de impunidad, merma la posible eficacia de las reformas estructurales.
Entonces, están en juego los beneficios de las reformas…
Es fundamental tener mecanismos de transparencia en esta etapa de implementación. En todas las áreas que se reformaron como educación, telecomunicaciones, gasto público, sector energético, en todas hay actos de corrupción importantes y lamentablemente las reformas no han sido acompañadas de medidas suficientes para atajar el problema de la corrupción. Cuando no existen medidas que imposibiliten actos de corrupción, los beneficios económicos de las reformas estructurales son muy bajos. El país tiene que aprender de la primera ola de reformas estructurales de los 90, de cómo muchas de ellas no produjeron los resultados esperados o, incluso, se desbarrancaron problemas de corrupción. No podemos ser el país que caiga en el mismo hoyo por segunda ocasión.
Integridad y experiencia, en el fiscal anticorrupción
¿Qué perfil debe tener el fiscal anticorrupción?
Debe ser una persona con probada integridad, con amplia experiencia en el sector público para que entienda las rendijas por las que ocurren los actos de corrupción, tanto del lado del funcionario público como del lado privado. Que tenga la capacidad de contar con equipos multidisciplinarios que le ayuden técnicamente haciendo sus investigaciones y que tenga el peso político-moral para poder llevar adelante las pesquisas. De lo contrario, si es una persona considerada cercana al poder, de dudosa reputación, poca experiencia o falta de credenciales técnicas en la materia, que sólo contrata a sus amigos y no tiene un servicio civil de carrera que lo acompañe para poder realizar adecuadamente su trabajo, pues la posibilidad de que fracase la fiscalía es muy alta.
¿Hay riesgos de un uso político de la fiscalía, combatir a enemigos políticos y proteger a un círculo político-económico?
El riesgo existe en tanto no esté acompañada la creación de la fiscalía con las modificaciones jurídicas complementarias, para que las otras instancias independientes que están coadyuvando en el combate a la corrupción lo hagan de manera eficaz. Si no se modifica el resto del andamiaje jurídico, si no se cuida con transparencia el proceso de nombramiento del nuevo fiscal, pues sí puede haber esa tentación de aplicar selectivamente la ley. ¿Dónde están las investigaciones efectivas de corrupción en el sindicato petrolero? ¿Cómo puede explicar el senador Carlos Romos Deschamps la riqueza que no corresponde a sus ingresos de su historial laboral? ¿Por qué sí está en la cárcel Elba Esther Gordillo y dónde estás las pesquisas de los otros líderes magisteriales? ¿En verdad sólo una persona manipuló los recursos públicos del sector educativo? ¿Por qué no se investiga al exgobernador de Puebla, pero sí está en la cárcel el exmandatario de Tabasco? ¿Por qué no hubo investigaciones serias contra Arturo Montiel, pero sí las hay contra el exsecretario de Finanzas de Coahuila y su jefe el exgobernador Humberto Moreira está cómodamente viviendo en Barcelona con una beca del SNTE? Cuando observamos todos estos casos es inevitable pensar que hay un uso político de la justicia.
¿Qué nos dice la experiencia internacional? ¿Han funcionado este tipo de fiscalías en otros países? ¿Qué medidas podemos rescatar para el caso mexicano?
Hay distintos instrumentos que han servido en otros países para poder combatir la corrupción. En varios países, la prescripción del delito de corrupción es mayor, no está limitada como en el caso mexicano. Hay países como Inglaterra donde el delito de corrupción no prescribe. Hay casos como el chileno donde se ha demostrado la eficacia del aparato del Estado para poder combatir de manera frontal la corrupción en el ámbito de las compras públicas. Son cosas que tendremos que estar viendo cómo adaptarlas al caso mexicano.