Al asumir su cargo ayer el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, instó a la LX Legislatura local y los actores políticos de la entidad a que nunca más haya un gobernante como el ex alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y por ello demandó que sean escogidos “con lupa” los próximos candidatos a cargos de elección popular.

En su primer discurso como gobernador, al rendir protesta tras ser designado por los diputados locales con 39 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, el ex secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) aseguró que su principal prioridad es coadyuvar a la localización de los normalistas desaparecidos.

Desde la tribuna del Congreso, manifestó que tiene fe en que los jóvenes desaparecidos estén bien, y por lo mismo hizo un llamado a las personas que posiblemente los tengan retenidos para que atiendan el clamor del pueblo de Guerrero y los regresen con vida.

“Le tomo la palabra al doctor Javier Saldaña Almazán (rector de la UAG) y a los ministros de culto religioso en su interés para constituir una comisión con alta calidad moral de estas instituciones para que nos ayuden como coadyuvantes”.

Han hecho oración y un llamado humanitario para que las personas que mantienen retenidos a los 43 normalistas se sensibilicen y atiendan el clamor del pueblo de Guerrero que les piden que vuelvan con vida a los 43 jóvenes, expresó.

Señaló que en México se vive una profunda crisis, pues el Estado mexicano ha sido penetrado en sus estructuras más frágiles por el crimen organizado, en la célula del sistema político como lo son los ayuntamientos.

Sostuvo que cuando se descomponen las estructuras del estado se descompone también el tejido social, por lo que aseguró que hoy se tiene una gran oportunidad desde Guerrero para ayudarle al presidente Enrique Peña Nieto en este campo.

Después anunció cambios inmediatos en el gabinete estatal y pidió la ayuda de los diputados que integran la actual legislatura para “buscar a hombres y mujeres dispuestos a trabajar con vocación de servicio y entrega.

De reconocida probidad y honradez, Ortega Martínez hizo el compromiso de no criminalizar la protesta social, sino atender sus demandas con prontitud, concordia y diálogo permanente, para que la resolución pacífica de los conflictos sea la divisa preponderante.

A la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) les expresó su disposición al diálogo para allanar diferencias.

También hizo el compromiso de poner todos sus esfuerzos y la coadyuvancia de su gobierno para lograr la libertad de luchadores sociales guerrerenses recluidos en diversos penales del país, con apego a la ley, el derecho y la justicia.

Más adelante, pidió a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa que confíen en su palabra, pues “trabajaré con ellos en un diálogo franco, abierto, de cara a la sociedad para que sus demandas sean atendidas”.

Tras escuchar los posicionamientos de las distintas bancadas frente a la situación política del estado, el nuevo mandatario dijo que está con los familiares de los desaparecidos, e hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que ayude a Guerrero, que requiere en este momento de los recursos de las instituciones del Estado mexicano.

“Quiero manifestarles a las señoras, a las madres, a los padres, a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos que estoy con ellos, hermanado en la fe que mueve montañas. En la esperanza que nunca muere para que con estos dos principios y lo que nos corresponde como autoridades no empeñemos en la búsqueda de los muchachos y le pediremos al Presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto, que nos ayude, que Guerrero necesita en este momento de todos los recursos de las instituciones del Estado mexicano”.

Rogelio Ortega Martínez se comprometió a ejercer un gobierno ciudadano, pues dijo que son muchos los asuntos pendientes en la agenda del gobierno de Guerrero, pero el fundamental consideró que es la garantía de la vigencia de la ley.


“Nada ni nadie debe estar por encima de ella. La vigencia plena del principio de la división de poderes, legalidad y transparencia en la administración pública implica que en cada institución solo puede llevar a cabo los actos permitidos por la ley”, expuso.