Urge dejar atrás
Raúl Jiménez Vázquez
La magnitud de la tragedia que envuelve a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa fue puesta de manifiesto a través de los severos pronunciamientos internacionales provenientes de distintas latitudes. Por un lado, diversos congresos latinoamericanos hicieron pública su condena a este horrendo ataque a la dignidad humana. Lo mismo sucedió con 16 eurodiputados que, además, exigieron que la renovación del tratado de libre comercio suscrito con México sea puesta en pausa mientras se esclarece la verdad en torno a este nefando acontecimiento.
Más aún, el parlamento europeo decidió discutir el caso con el carácter de urgente a fin de marcar una posición al respecto que será dada a conocer en el curso de los días venideros. Ello coincidirá con la comparecencia del jefe de la misión mexicana ante la Unión Europea, convocada ex profeso para analizar la escalada de violencia que impera en el país.
El Bundestag, el poder legislativo alemán, no se ha quedado atrás. Sus miembros están exigiendo justicia para los normalistas y asimismo han hecho saber que la falta de transparencia sobre la masacre de Iguala habrá de repercutir en la firma del convenio de colaboración en materia de seguridad en proceso de negociación con México.
De acuerdo a las notas de prensa originadas en el exterior, tal preocupación abarca también el infame fusilamiento de 22 personas perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas en Tlatlaya. El interés de la comunidad internacional tiene que ver con el hecho de que en ambos casos se trata de crímenes de lesa humanidad según el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, la resolución 5 de la asamblea general de la ONU, los emblemáticos siete principios de Nuremberg aprobados en 1950 por dicho organismo supranacional y la jurisprudencia de la materia establecida, entre otras instancias, por los tribunales penales internacionales de Ruanda y de la ex Yugoslavia.
Esta calificación jurídica está igualmente sustentada en la normatividad dimanada del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, en cuyo artículo 7º se consignan las conductas constitutivas de los crímenes de lesa humanidad. El Estado mexicano es parte formal de esta convención diplomática con efectos al 1º de enero del 2006; por consiguiente, a partir de esa fecha sobre él recae la obligación primigenia de prevenir, investigar y castigar las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias o extrajudiciales.
Si las autoridades no quieren o no pueden hacerlo, o bien llevan a cabo actos de gesticulación o simulación de la justicia, la Corte Penal Internacional está facultada para enjuiciar a los autores intelectuales y materiales, observando el principio de la responsabilidad por cadena de mando, e imponerles las penas correspondientes, incluyendo la prisión vitalicia.
Urge dejar atrás el nefasto designio de la impunidad, pues esta grave e inadmisible patología está moviendo a México hacia el abismo de la ingobernabilidad.